CONSTRUCCIÓN

Luego del anuncio que realizó el miércoles el presidente Luis Lacalle Pou respecto al cambio de reglas en el régimen especial para la construcción de soluciones habitacionales -antes llamado viviendas de interés social y ahora régimen de viviendas promovidas, que brinda exoneraciones bajo ciertas condiciones-, comienzan a conocerse los detalles.

Según explicó a El País una fuente del gobierno que participó del proceso, el nuevo esquema persigue como principales objetivos la reactivación de la economía, la generación de nuevas fuentes de trabajo y la mejora en el acceso a la vivienda.

El informante detalló que el nuevo decreto establecerá tres grandes cambios. El primero responde al principal pedido que venía realizando desde hace años el sector privado: se eliminan los topes de precio para venta y arrendamiento de los apartamentos construidos bajo el régimen, tanto en Montevideo como en el interior del país.

Los límites de precios habían sido implementados desde 2014 -la ley fue aprobada por todos los partidos en 2011-, cuando el Ministerio de Vivienda (Mvotma) llevó adelante una reglamentación de la ley que topeó el precio del 25% de las unidades construidas. A inicios de 2017 se emitió un nuevo decreto que topeó el precio de arrendamiento a los empresarios que invierten en viviendas para alquilar -si supera los valores fijados, la exoneración es 40% y no 100%- y además se estableció que en determinados proyectos el 10% de las unidades deberán venderse a un precio fijado por la cartera.

El gobierno de Lacalle Pou derogará estas resoluciones y volverá a las reglas de 2011. Tal como ha reclamado la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu), ya que entendían que los límites de venta y alquiler quedaban por debajo del costo de construcción y no había interés en el negocio.

El segundo cambio legal dentro del régimen de viviendas promovidas es que se permitirá la construcción de monoambientes -antes la normativa lo habilitaba y luego se prohibió por entender que no era una solución habitacional acorde a las necesidades de las personas-.

Según la fuente del gobierno, el argumento actual para permitir la construcción de monoambientes corresponde a que “por el tipo de conformación demográfica que tiene Uruguay hoy”, lo que “más se demanda y vende” en el país son apartamentos monoambiente y de un dormitorio. “Principalmente para los jóvenes que comienzan a independizarse”, indicó.

Sobre este punto, el economista y consultor del Ministerio de Economía y Finanzas, Agustín Greif, analizó en su cuenta de Twitter que la gran mayoría de los hogares uruguayos están compuestos por una persona (61%) o dos (23%) —tomando en cuenta el total de apartamentos de una habitación en Montevideo—.

Es por esto que evaluó que “no se debería restringir” la construcción de monoambientes, dado que “tienen cierto potencial de favorecer un modelo de ciudad más compacta e integrada y de facilitar la independencia de los jóvenes”. No obstante, el economista aclaró que “la política de vivienda para familias con hijos no debería ir por ahí, pero descartarlos puede perjudicar a los jóvenes solteros o sin hijos”.

Asimismo, algunos actores del sector debatieron en Twitter acerca de cómo la normativa municipal de Montevideo -que exige una determinada cantidad de estacionamientos de acuerdo a la cantidad de unidades del edificio- podría llegar a incidir en la decisión de construir o no monoambientes. “La ley de promoción más la reglamentación del Mvotma va a estar atada a las normativas municipales”, indicaron desde el gobierno.

Retomando los cambios que se vienen en el régimen, el tercero es la posibilidad de que las plantas bajas de los edificios construidos no sean destinados a vivienda sino a locales comerciales u otras áreas de esparcimiento. Esos metros cuadrados no estarán exonerados de impuestos pero sí habilitados para otro uso que no sea el de vivienda.

“Cuesta mucho vender los pisos en planta baja, la gente no los compra, por eso se va a dar esa posibilidad para que cierre mejor el negocio y la promoción del edificio”, explicó la fuente oficial.

Aníbal Durán, gerente ejecutivo de Appcu, informó que además se eliminará el tope que limitaba en 50% las unidades de un dormitorio -las más requeridas- por lo que se podrá hacer todo el edificio con apartamento de esas características. Con estos cambios, aseguró que “está todo previsto para que se potencie la construcción privada”, tanto en Montevideo como en el interior.

La fuente del gobierno señaló que para que el renunciamiento fiscal “no termine en el bolsillo de empresarios y sí favorezca el acceso a vivienda” de las personas de ingresos más bajos, “se deben tomar otras medidas que acompañen” al régimen de vivienda promovida, tales como acceso a créditos con intereses más bajos y flexibilización en los sistemas constructivos permitidos.