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¿Qué cambios vienen en energía? Propuestas de tarifas y más de un asesor del gobierno y un académico

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Los académicos que presentaron el trabajo puntualizaron que UTE debe estar “enfocada en cumplir con objetivos comerciales”. Foto: Archivo

TRABAJO

Dos académicos, uno de ellos asesor del ministro de Industria, Energía y Minería, proponen revisión de la empresa pública y de la determinación de tarifas.

El panorama energético cambió y seguirá transformándose en los próximos años. En ese marco, se presentó ayer el artículo académico The Uruguayan Utility and Energy Regulator of the Future donde se analiza el rol de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) y Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).

Gonzalo Irrazabal, uno de los autores del artículo y asesor del ministro de Industria, Energía y Minería Omar Paganini, dijo que hay que “repensar las instituciones y su gobernanza en el sector eléctrico”. En el caso de UTE, debería estar “enfocada en cumplir con objetivos comerciales más que políticos”.

“Somos conscientes de que una empresa del Estado no está enfocada en la rentabilidad solamente porque hay fines sociales que atender, pero es una empresa que presta un servicio y se remunera a través de este”, agregó.

En relación a la Ursea, Irrazabal y Felipe Bastarrica, el otro autor del trabajo, entienden que se debe llevar adelante una modernización y empoderamiento del regulador. Al organismo “se le vienen desafíos”, expresó Irrazabal, y se le avecina la regulación de vehículos eléctricos, ciencia y privacidad de datos, entre otros.

Regulación y tarifas.

Por otra parte, realizaron una revisión del marco regulatorio que existe en Uruguay. Entienden que “hay algunas deficiencias en la aplicación” del existente. Más allá del diseño de uno nuevo, “el actual no se estaría cumpliendo cabalmente y eso es un problema para nosotros y la doctrina internacional”, comentó Irrazabal.

A su vez, creen que el proceso de fijación de tarifas tiene que “ser transparente”. A pesar de que “están involucradas en la política fiscal” y tienen una “consideración importante por parte del Estado”, debería haber “una conversión a una tarifa que solo tenga un sentido económico”.

Irrazabal también señaló que se necesitan incentivos regulatorios que impulsen al distribuidor, en este caso UTE, a que desarrolle mejoras de eficiencia. El autor del estudio opinó que en los monopolios “a veces es difícil perseguir la eficiencia porque tiene el precio regulado”. Por lo tanto, trata de vender a ese valor y “no hay incentivos para disminuirlos”, añadió.

Factura UTE. Foto: Archivo El País
Foto: Archivo El País

“Identificamos claramente que en el mundo se ha ido cambiando el eje de cómo el regulador fija las tarifas. En ese sentido, en un principio, en general, eran reguladas a través de una lógica de cost-plus”, explicó Irrazabal. ¿Qué significa? Al costo del servicio se le suma una “rentabilidad razonable”.

Irrazabal explicó que “esa lógica tiene dos problemas”. Una es la asimetría de información. La empresa le informa al regulador cuál es el costo, pero “muchas veces no tiene cómo controlarlo”. La segunda es que “no tiene una lógica de incentivos. Si me reconocen todos los costos y me dan un retorno sobre mi inversión, en definitiva, no tengo incentivo para mejorar”, explicó.

Otro de los puntos que se trató fue el cambio en la matriz energética de Uruguay. En los últimos años, hubo una diversificación gracias a la penetración de fuentes renovables no convencionales. Las principales fueron la eólica, solar y biomasa. Sin embargo, los beneficios que trajo el cambio no se tradujo en una reducción de las tarifas del usuario final, opinaron los autores del artículo. Bastarrica comentó que, además, el precio de las tarifas se “considera elevado en comparación a países de la región”.

Banco Mundial.

El Banco Mundial realiza un índice para medir el avance de las reformas en materia energética en diferentes países. Como Uruguay no está dentro de la muestra, Irrazabal y Bastarrica realizaron una estimación de cómo se posiciona el país en relación a otras naciones del mundo. Los autores siguieron la metodología del organismo.

En el artículo se explica que la escala va del 0 al 100 y se ponderan cuatro reformas: regulatoria, reestructura, competitividad, y la participación del sector privado. Uruguay tuvo una baja performance de reforma en el sector al obtener 39 puntos.

Asimismo, se cuenta que Uruguay hizo un abordaje de “manera selectiva al perseguir las reformas que interferían menos con el status quo, como en la mayor parte de los casos de los países en desarrollo”. Bastarrica contó que de los países en vías de desarrollo que analizó el Banco Mundial, un 33% realizó la reforma de manera selectiva.

Omar Paganini.

Uno de los que participó de la presentación en la Universidad Católica de Montevideo fue Paganini. El jerarca opinó que Uruguay tiene un “sistema eléctrico con una evolución tortuosa”.

En 1998 hubo un “intento de cambio del sistema” que después “salió diferente” a lo que se pensó, puntualizó. En relación a su gestión de la cartera en materia energética explicó que quiere un “impulso” a una “situación más dinámica en la generación y el intercambio para lograr competitividad a largo plazo y el fomento de inversiones cuando sea necesario”.

Los ejes estratégicos que guiarán la gestión de UTE
ute

Entre los asistentes a la presentación estaba la presidenta de UTE, Silvia Emaldi. La jerarca dijo a El País que el ente tiene “el desafío de seguir trabajando en la construcción de un nuevo modelo de negocios” y “una visión estratégica que lleve a que se genere más bienestar en los consumidores y el país”.

En el trabajo que se presentó ayer se describe el caso de la empresa de servicios públicos en Italia ENEL que pasó de ser un monopolio a un proveedor de servicios energéticos. “La transformación se inició con un cambio en la mentalidad ejecutiva de Enel”. La empresa analizó el panorama energético del futuro y se enfocaron hacia la innovación.

Irrazabal y Bastarrica afirman que “está claro que las empresas de servicios públicos tal como las conocemos están destinadas a desaparecer. Transformar el modelo de negocio implica planificar, elegir las funciones centrales que se ajusten a la misión y visión de la organización, el rol de la empresa en el sector energético, incentivos regulatorios, entre otros elementos aplicables a las realidades de cada país”.

Emaldi contó que la semana pasada hubo una reunión del directorio de la empresa estatal donde se trabajó en el diseño del nuevo modelo de gestión. La presidenta contó cuáles serán los ejes estratégicos que guiarán su administración. El primero se enfoca en el cliente. Se buscará “brindar servicios energéticos que aporten a mejor calidad de vida y producción en el país”.

El segundo es la descarbonización y el tercero está relacionado a la movilidad eléctrica. El cuarto es la “gobernanza corporativa apuntando a la eficiencia y agilidad de los procesos y roles que desde UTE que se vienen desarrollando”. El último hace foco en las “personas de la organización”.

En la actividad que realizó el Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica del Uruguay también estuvo presente Silvana Romero, presidenta de la Ursea. La titular del organismo regulador expresó que recogió “unos cuantos comentarios” que le “suman nuevos desafíos” que ha asumido.

Por otra parte, dijo que la ley de urgente consideración, que se sancionó en julio de este año, le otorgó a la Ursea “algo que era anhelado” por el organismo. “Estamos dispuestos a aceptar ese desafío” y el “crecimiento de la energía es el crecimiento de nuestro país”, concluyó.

Más personas van a producir su energía

La cantidad de prosumidores va a aumentar en los próximos años. ¿Quiénes son? Es la parte de la población que produce su propia energía eléctrica para alimentar, por ejemplo, su vivienda. Sin embargo, Irrazabal y Bastarrica entienden que los “clientes residenciales no tienen incentivo a convertirse en prosumidores, principalmente desde el punto de vista financiero”. Además, puntualizan que, “a diferencia de los clientes comerciales e industriales, no pueden acceder a beneficios y créditos fiscales”.

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