GOBIERNO

China mantiene su mano dura con Alibaba con otra investigación antimonopolio

La empresa de comercio electrónico había sido uno de los ejemplos más notorios a nivel internacional del auge de la economía digital en el país asiático. 

Alibaba
Alibaba es una empresa de comercio electrónico. Foto: Reuters

El aparente deterioro de la sintonía entre el Gobierno chino y la compañía del comercio electrónico Alibaba sumó ayer un nuevo capítulo con la apertura de una investigación por parte del regulador del mercado de China ante supuestas prácticas monopolísticas del conglomerado.

Ayer de mañana, la Administración Estatal para la Regulación del Mercado (SAMR) anunciaba las pesquisas en un escueto comunicado en el que tan solo detalla que se centra en "supuestas conductas monopolísticas" como intentar forzar a las compañías que trabajan con Alibaba a aceptar acuerdos de exclusividad para elegir una sola plataforma entre dos competidores.

En los últimos años, Alibaba había sido uno de los ejemplos más notorios a nivel internacional del auge de la economía digital en China, y su fundador -y hasta el año pasado, máximo dirigente-, Jack Ma, cara visible de una nueva generación de emprendedores que acumularon fortunas de miles de millones de dólares gracias a este sector.

Sin embargo, las relaciones de Ma, que sigue siendo el hombre más rico de China, con las altas esferas del poder en Pekín parecen no vivir sus mejores días, especialmente después de un discurso muy crítico con la estrategia del Gobierno de limitar al máximo los riesgos en el sector financiero.

Los analistas vincularon directamente aquel discurso -en el que Ma aseguró que "el mayor riesgo es cuando intentas minimizar el riesgo a cero" y apuntó que los grandes bancos tradicionales se dirigen como "casas de empeño"- con la suspensión, pocos días después, de la que iba a ser la mayor salida a bolsa de la historia, la de la subsidiaria tecnofinanciera ('fintech') de Alibaba, Ant Group.

Normalidad, cooperación... y desplome en bolsa

Mientras tanto, desde Hangzhou (este), sede de la compañía, se asegura que las operaciones de la compañía mantienen su normalidad ante la investigación de la SAMR, y prometen que "Alibaba cooperará de forma activa con los reguladores" en sus pesquisas, según el portal de noticias económicas Yicai.

Ese mensaje de normalidad, como era de esperar, no caló entre los inversores de Alibaba: en la jornada de ayer sus títulos caían un 8,13% en la Bolsa de Hong Kong -uno de los dos parqués en los que cotiza junto al de Nueva York-, contagiando también a otros líderes digitales que también podrían estar en el punto de mira de Pekín como Tencent o Meituan.

El precio de 228,2 dólares hongkoneses (US$ 29,4) por acción con el que finalizó el conglomerado es su mínimo desde principios de julio de este año, y habrá que esperar al próximo lunes, 28 de diciembre, para ver la próxima evolución de su precio, ya que el mercado hongkonés cierra en Navidad y en fines de semana.

Los problemas para las grandes tecnológicas (conocidas en inglés como 'big tech') chinas comenzaron a principios de noviembre, cuando los reguladores chinos mantuvieron un encuentro con 27 de estas empresas de Internet para reclamarles que pusieran "orden" a la economía virtual y que cesaran sus prácticas monopolísticas y de "competencia desleal".

Preocupados por el auge de los servicios virtuales durante la pandemia de COVID-19 en contraste a la denominada "economía real", las instituciones chinas están centradas en promover lo que consideran una economía virtual "sana".

Esto se une a un nuevo borrador para una regulación antimonopolio y a normativas que exigen una mayor protección de los datos de los usuarios, iniciativas que los analistas ven encaminadas a regular a las 'big tech' de la misma forma que otras empresas tradicionales, después de años de poca intervención gubernamental ante su éxito.

La SAMR ya había impuesto multas por importe de 500.000 yuanes (US$ 76.540) a Alibaba y Tencent por esquivar los procedimientos antimonopolísticos en la adquisición de otras compañías, una cantidad reducida en comparación con el tamaño de esas empresas -ambas están valoradas en más de 700.000 millones de dólares- pero que es el máximo que contempla la actual ley y, sobre todo, envía un mensaje de mayor escrutinio al sector por parte de las autoridades.

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