Alcanzaría para pagar hasta 2032 y luego costaría US$ 43 millones al año.

El presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Heber Galli, dijo a El País que conoce las alternativas planteadas para solucionar la situación de los "cincuentones" perjudicados por el régimen mixto de seguridad social. Evitó opinar cuál es más conveniente y ni siquiera aseguró que el gobierno opte por alguna, pero sostuvo que hay soluciones que "favorecerían la situación financiera" del instituto por varios años.

Según un reciente cálculo hecho por la representación de los trabajadores en el BPS, de habilitarse la desafiliación de las AFAP de los trabajadores entre 51 y 59 años perjudicados entraría dinero suficiente al Estado para pagarles su jubilación por el régimen de transición —solo por BPS— sin ningún costo extra hasta 2032.

"Puedo decir que son conocidas las alternativas porque son públicas", manifestó Galli. Se trata de diversos proyectos presentados para atender la situación de este grupo de cincuentones que eran menores de 40 años en 1996 —cuando se creó el régimen mixto— y fueron obligadas a afiliarse a las AFAP por su nivel salarial.

Por estos años esos trabajadores empezaron a jubilarse y se encuentran con que en algunos casos el sistema les brinda una pasividad entre 3% y 32% menor en comparación al régimen anterior.

Galli sostuvo que al debatir el tema "se dice que esto tiene mucho costo" para el Estado, lo cual reconoció pero aclaró que "es así en el largo plazo" porque las alternativas que prevén pasar a los cincuentones al régimen de transición "tienen costos a partir de los cinco o 10 años, entonces en los primeros años se favorecería la situación financiera" del BPS.

Entre quienes advirtieron por el costo de atender el reclamo de los cincuentones está el ministro de Economía, Danilo Astori, que consultado tras una protesta de los afectados en el último Consejo de Ministros en Fray Bentos respondió que una solución "supondría una importantísima erogación para el país que en este momento no está en condiciones de realizar".

Un estudio hecho por el BPS y presentado al Parlamento en mayo, tomó la base de datos de los trabajadores asesorados por la Ley 19.162 (que habilitó la desafiliación de las AFAP de los trabajadores que tenían más de 40 años en 1996) y estimó que de brindarles la opción saldrían de las AFAP un mínimo de 22.860 trabajadores y un máximo de 41.163.

En base a esto, proyectó que la solución para los cincuentones tendría un costo anual de US$ 121 millones en un cálculo "mínimo" y US$ 186 millones en el escenario de "máxima".

Dicho documento detalla que de habilitarse la opción de desafiliación, las AFAP transferirían al BPS entre US$ 895 millones y US$ 1.140 millones correspondientes a los aportes de los trabajadores, que serían utilizados para abonar parte de la jubilación y el Estado debiera asumir lo restante.

Pero un estudio de la representación de los trabajadores en el BPS —al que accedió El País— incorporó nuevas variables al cálculo que reducen el dinero que deberá poner el Estado. Según este trabajo, la proyección inicial "no incluye los aportes que seguirán viniendo a BPS ni tampoco que los egresos no son fijos por año sino van cambiando (dependiendo el año de retiro de cada jubilado)". Tomando como edad de retiro global los 63 años —edad promedio actual— e incluyendo una tasa de interés real en términos de salario de 1%, se estima que el costo total de la solución sería de US$ 1.500 millones. Esto dividido entre 35 años da un gasto extra anual de US$ 43 millones para atender el reclamo de los cincuentones.

"Sin considerar la posible rentabilidad de activos en el BPS, los ingresos alcanzan para pagar hasta 2032-2033, lo que requeriría que una nueva fuente de financiamiento que garantice la sostenibilidad recién debería comenzar a operar dentro de 15 años", sostiene el documento elaborado por los trabajadores.

Galli señaló que las alternativas que tienen "costos inmediatos son las que modifican el pilar de solidaridad que administra el BPS".

Entre ellas se encuentra la propuesta del diputado colorado, Conrado Rodríguez, que soluciona parte del perjuicio de los cincuentones al modificar el cálculo jubilatorio mediante un prorrateo de los aportes anteriores a 1996.

Las proyecciones oficiales del BPS marcan que este proyecto beneficiaría a unas 33.000 personas y significaría en el largo plazo un gasto extra total para el Estado de US$ 968,4 millones.

El tema de los "cincuentones" cobró notoriedad luego que hace unas semanas en el Consejo de Ministros en Fray Bentos, el presidente de la República Tabaré Vázquez fijará su posición ante el reclamo de un grupo: "Cuando se planteó pasar del sistema de solidaridad intergeneracional a un sistema mixto de capitalización y solidaridad, recorrimos el país advirtiendo de los problemas que podría traer ese sistema".

Consultado al respecto, el presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Heber Galli, dijo a El País que el tema de los cincuentones "es una situación que algunos ya preveíamos y me cuento entre ellos".

A su vez, Vázquez manifestó que "no es de extrañar que los cuarentones y los treintones también presenten sus quejas" dentro de algunos años contra el sistema mixto.

"Hay quienes dicen que la situación de los cincuentones es solo de ellos porque es la generación que quedó con una pata en cada época, una en la anterior y otra en la posterior a la ley (de AFAP de 1996). Lo dirá el tiempo pero hay otros elementos de manifiesto que también complejizan el estado del sistema (de seguridad social)", indicó Galli.

Uno de ellos es el perjuicio financiero que proyecta el Banco de Seguros del Estado (BSE) —único actor en el mercado de rentas vitalicias—, que hace algunas semanas pidió eliminar la tasa de interés técnico y modificar la tabla de mortalidad utilizada para el cálculo jubilatorio. "Ahí pagan los trabajadores de hoy, que serán los jubilados del mañana", indicó Galli.

RÉGIMEN MIXTO DE SEGURIDAD SOCIAL