Publicidad

Coincidencias y diferencias del gobierno con el FMI

Compartir esta noticia
La misión del FMI evaluó in situ la economía uruguaya durante dos semanas en diciembre. Foto: Marcelo Bonjour

ECONOMÍA URUGUAYA

Sobre ajuste y regla fiscal, reformas y el desacople regional en documentos.

Cada vez que una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) pasa por Uruguay —corresponde anualmente al ser un país miembro— se producen reuniones con el gobierno y ese staff elabora luego un informe que es aprobado por el directorio ejecutivo. A su vez, el representante de Uruguay ante el organismo hace comentarios.

La última misión del FMI fue en las dos primeras semanas de diciembre pasado y ayer el organismo divulgó el informe y lo que dijo el gobierno uruguayo al respecto.

Uno de los puntos clave es el fiscal. El déficit en 2018 fue de 4% del Producto Interno Bruto (PIB), sin tener en cuenta el efecto "cincuentones" que ahora juega a favor, pero luego lo hará en contra de las cuentas públicas. Este fue el peor resultado para un año calendario desde 1989 (cuando marcó 6,2% del Producto y al año siguiente el gobierno debió realizar un ajuste fiscal).

El informe del staff técnico del Fondo sugirió implementar "medidas de al menos el 0,3% del PIB en 2019, lo que ayudaría a poner la deuda en una trayectoria descendente, reforzando así el compromiso fiscal" y señalaron que para "llevar la deuda a los niveles de 20122014 en un período de cinco años requeriría ajustes adicionales (de aproximadamente el 0,6% del PIB anual)".

Para los técnicos del FMI, "el ajuste fiscal debe provenir de la reducción del elevado nivel del gastos corriente. Esto permitiría contener el impacto del ajuste sobre el crecimiento (económico). Además, las tarifas de servicios públicos deben ajustarse de acuerdo con la estructura de costos y las necesidades de inversión de las empresas públicas. A mediano plazo, también se requerirán mejoras adicionales en la eficiencia del gasto social para crear espacio para el necesario aumento en el gasto en inversión".

La respuesta del gobierno fue mucho menos específica —transmitidas a través del representante ante el FMI, David Vogel— fue que "las autoridades uruguayas son plenamente conscientes de la necesidad de intensificar los esfuerzos en el área fiscal y siguen estando absolutamente comprometidos con la consolidación fiscal, una prioridad clave para el gobierno".

Los técnicos del Fondo plantearon en su informe que "el gasto en pasividades es alto según los estándares regionales, lo que refleja una sociedad que envejece, la bienvenida cobertura casi universal y la indexación a los salarios por mandato constitucional. Las reformas son necesarias para proporcionar pensiones adecuadas y mantener la cobertura para las generaciones futuras, al mismo tiempo que se asegura la sostenibilidad del sistema".

El gobierno respondió destacando que "el informe del personal (del FMI) destaca el impacto en las cuentas fiscales que tendrá el envejecimiento de la población, que es especialmente relevante en Uruguay, y señala que la acción temprana ayudará a facilitar la transición a un sistema revisado y reducirá los costos en comparación con una respuesta tardía" por lo que para realizar una reforma "el creciente consenso entre el espectro político de Uruguay y la sociedad en general será clave en este sentido".

Moody’s pone en rojo en el gasto en pensiones como porcentaje del PIB, aunque no prevé que esta relación aumente hacia 2030. Foto: Archivo
Foto: Archivo

Los técnicos del organismo, plantearon que "las mejoras continuas en la gestión y la rentabilidad de las empresas públicas, un componente importante de la economía, son esenciales para fortalecer la posición fiscal del país".

"Las autoridades estuvieron de acuerdo con la evaluación del personal sobre la necesidad de mejorar la gobernanza de las empresas estatales y señalaron que propondrían una legislación para profesionalizar los directorios de las empresas públicas y limitar la puerta giratoria entre las empresas estatales y el sector privado", indicó el informe.

El personal del organismo se refirió luego a la regla fiscal que tiene Uruguay. "Aunque la regla fiscal existente limita el aumento anual de la deuda neta, no ha sido vinculante debido al uso de cláusulas de salida". Es que el gobierno puede superar en 50% el tope de deuda por factores extraordinarios (sin especificar) o cuando UTE deba asumir costos extraordinarios para la generación de energía podrá elevarse en 1,5% del PIB.

Para el FMI, "una regla fiscal mejorada podría incluir más garantías que limiten el uso frecuente de cláusulas de salida, centrarse en el saldo del sector público no financiero para evitar la volatilidad asociada con las operaciones de gestión de liquidez del Banco Central y estar anclada en un objetivo de deuda a medio plazo".

Al respecto, enfatizó "la importancia de la flexibilidad para las reglas fiscales".

"Pero estuvieron de acuerdo en que era necesario establecer definiciones más estrictas de lo que constituye un desencadenante aceptable para una cláusula de salida (que incremente el tope)", agregó el documento.

El organismo destacó el desacople de la economía uruguaya. "En un entorno externo en deterioro, Uruguay se ha diferenciado exitosamente de sus vecinos, gracias al progreso en la diversificación de mercados de exportación, una gestión prudente y coordinada de activos y pasivos del sector público, la prefinanciación de importantes necesidades de financiamiento externo, menores vulnerabilidades del sector bancario y amplias reservas", afirmó.

Repunte. Las exportaciones de bienes -incluyendo zonas francas- aumentaron en agosto tras cuatro meses consecutivos de caídas. Foto: archivo El País
Foto: archivo El País

Allí sí hubo amplias coincidencias con el gobierno. "Uruguay logró sostener el crecimiento a pesar de las recesiones económicas en Argentina y Brasil. Esta es una clara diferenciación de episodios pasados de volatilidad regional, cuando Uruguay sufrió sistemáticamente contracciones económicas, a menudo incluso más profundas que sus vecinos", destacó el gobierno en el mensaje de Vogel.

"Por supuesto, el desacople no significa que el país no sufra el impacto de los shocks regionales; de hecho, la solidez del crecimiento de Uruguay no es la misma que hasta 2013, mientras que las cuentas fiscales y externas, así como los indicadores del mercado laboral, se han visto claramente afectados por los episodios regionales", justificó el gobierno.

El efecto cincuentón y cómo afecta lo fiscal

La ley 19.590 permite a los denominados "cincuentones" desafiliarse de las AFAP y quedarse exclusivamente en el Banco de Previsión Social (BPS). Los "cincuentones" son trabajadores que eran menores de 40 años cuando en 1996 comenzó el sistema mixto y se vieron obligados a afiliarse (por su nivel salarial) a una AFAP, pero al momento de jubilarse algunos se ven perjudicados (respecto a la situación previa). Al momento que dejan las AFAP, el dinero acumulado en ellas pasa al Fideicomiso de la Seguridad Social. Contablemente es un ingreso a las arcas del Estado. Pero, al cabo de cinco años, esta operación debilitará las finanzas públicas en la medida en que el gasto previsional adicional (generado por los cincuentones cuando se jubilen superará con creces los mayores ingresos actuales.

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad