Empresas que compiten entre sí, pero acuerdan precios de venta o se asignan clientes o se reparten zonas de comercialización o acuerdan cuotas de mercado o concertan quién gana una licitación. Y a veces varias de esas prácticas a la vez. Todas tienen un nombre común: colusión.

Esta práctica genera perjudicados: el consumidor que pagará precios más caros que los que abonaría en caso de que hubiera competencia y/o tendrá menos opciones para elegir y en algunos casos otras empresas que quedan fuera del acuerdo y sufren las consecuencias de ello. Es una realidad ilegal que en Uruguay pasa más de lo que se detecta, coinciden el gobierno y la academia.

El principal problema es la dificultad que conlleva conseguir las pruebas para establecer que dos o más empresas que deberían competir en un mercado acordaron no hacerlo mediante alguna de las prácticas mencionadas y establecieron lo que se denomina un cártel.

Esos aspectos y el reciente caso en Chile de un pacto entre dos empresas papeleras —que es seguido de cerca en Uruguay— fueron los ejes de dos paneles por el Día de la Competencia, organizado ayer por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

"Mi impresión es que hay muchos más cárteles", dijo ayer el profesor de Regulación Económica y Defensa de la Competencia de la Facultad de Ciencias Sociales, Leandro Zipitria.

En ocho años de aplicación de la ley, la comisión detectó y probó la existencia de un sólo cartel: en el mercado de pulpa de tomate tamizada.

El comisionado de Promoción y Defensa de la Competencia, Javier Gomensoro dijo a título personal que "poder tener mayor cantidad de presentaciones de este tipo, que sin duda debe haber, requiere de una reforma legislativa".

Además de ese factor, hay otros culturales o históricos que favorecen este tipo de prácticas no permitidas por la ley.

Zipitria recordó cuando era funcionario de la Dirección General de Comercio del MEF (estuvo entre 2003 y 2010) y fue "a dar una charla a la Cámara de Industrias" y al final, alguien —que prefirió no identificar— le preguntó durante años nos dijeron que teníamos que explicar todos los precios (...) y ahora nos dicen que no lo podemos hacer más y tenemos que competir. Pongansé de acuerdo, ¿tenemos que competir o no tenemos que competir?".

Eso, "lo que estaba reflejando es que el Estado uruguayo fomentaba los acuerdos. Cuando esa tradición se rompe, romper esa inercia es difícil", señaló. "Ni hablar de las asociaciones profesionales. Puedo hablar con cierta comodidad porque mi asociación profesional (es economista) no busca la cartelización ni fija honorarios. En otros está establecido que no pueden modificar los aranceles (que se fijan en el Colegio) y es la única razón de existir", dijo.

"Todos esos elementos culturales son bastante complejos de cambiar", agregó.

Salvo que algún participante del acuerdo entre competidores delate al resto e ingrese en lo que la ley prevé como programa de clemencia (donde a cambio se lo puede exonerar de la sanción), es muy difícil probar la existencia de un cártel o pacto colusorio.

La jefa de División Litigios de la Fiscalía Nacional Económica de Chile, Vanessa Facuse dijo en su exposición que "los casos se complejizan" y relató el cártel que formaron CMPC Tissue y SCA Chile donde se asignaron cuotas de mercado y fijaron precios de venta de productos de la categoría de papeles tissue (higiénico, pañuelos descartables, etc.). Ese caso es seguido de cerca por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia en Uruguay (ver aparte).

Esas dos empresas "que reúnen el 90% del mercado, se delataron. De la delación se obtuvo que no usaban los correos institucionales con las listas de precios (sino que) creaban cuentas de Gmail, de Hotmail, con nombres que tampoco eran sus nombres reales", relató Facuse. "Les pedimos los computadores, y nos dijeron que a raíz de otros casos que habíamos detectado (como un cártel en el mercado de avícolas), los computadores ya no existen", prosiguió.

También esas dos empresas, hicieron mención a que como la Fiscalía Nacional Económica tiene la "facultad de interceptar llamadas, usaban móviles prepago, es muy difícil de rastrear quién lo contrató, quién es el titular. Cambiaban los números", dijo Facuse.

A su vez, las listas con nuevos precios, se las "dejaban" empresarios de una y otra firma "en sus casas, porque es muy difícil de incautar".

Por eso, concluyó que "cada vez más vemos que si bien la institucionalidad se fortalece y hay más herramientas de investigación, se están sofisticando los cárteles".

A juicio de Zipitria "va a ser cada vez más necesario" el instrumento de la "clemencia" para aquella empresa que delate el acuerdo. "En Uruguay, en ocho años de la ley, hay un solo caso de aplicación del programa de clemencia" y eso es porque las empresas que delatan "tienen costos (por ello) más allá de la sanción que pueden evitarse", añadió.

Zipitria cree que "hay que reforzar las políticas de clemencia, destacar los casos, mostrar los resultados que ha tenido en los mercados, mostrar a la sociedad los beneficios de menores precios".

Para Gomensoro, de la comisión que aplica estos programas, hay que "sumar incentivos y realizarlos de otra forma".

"El alcanzar la prueba en casos de este tipo se torna tan complejo y el incentivo a la delación compensada es tan leve, que me animaría a decir que con este marco jurídico el de las salsas de tomates sea el único caso en la historia", dijo Gomensoro a El País.

En ese caso, cuya investigación comenzó a fin de 2010 y terminó el año pasado, la comisión multó a cinco empresas que se repartían cuotas de mercado y fijaban precios de venta además de disponer el cese inmediato de esa conducta. Una sexta empresa que participó del acuerdo, se salió y cuando las otras cinco encararon una "guerra de precios" para dejarla fuera de mercado decidió denunciar el cártel y acogerse al programa de clemencia con lo que logró no ser sancionada.

Gomensoro recordó que si bien fue importante esa "delación" para conocer el caso, "las pruebas que presentó el denunciante no fueron concluyentes: presentó 14 testigos que ninguno respaldó el cártel. Nos basamos en los resultados de una inspección judicial, en una imprenta (en la que todas debían confeccionar las cajas para controlar que ninguno estuviera fuera de su cuota) en estudios económicos que tornaban consistente la denuncia".

El cártel en el mercado del papel en Chile, que es investigado en Colombia y Perú, es seguido en Uruguay por la Comisión de Defensa de la Competencia. "Todavía no hemos iniciado una investigación. Estamos en una etapa de interiorizarnos, reunir elementos para analizar o investigar los mercados", dijo la presidenta de la comisión, Adriana Riccardi. En tanto, el comisionado Javier Gomensoro dijo a El País que "sabemos que hay un grupo importante en Uruguay (filial de una de las dos empresas) en el mismo mercado. A partir de la expositora chilena (de la Fiscalía Nacional Económica) entendimos cómo era el acuerdo. Eso nos va a llevar a explorar si nuestro mercado presenta indicios y en base a eso poder dictar una primera medida preparatoria de forma de entender mejor la situación y eventualmente si hay conductas que se vislumbran como posiblemente ilegales y presuntos infractores, transformarlo en una actuación de oficio".

Hay más casos que los detectados y cada vez es más difícil poder probarlo