UNA LEY QUE ALGUNOS RESISTEN

Comercios y MEF debaten por la inclusión financiera

Gremiales analizan cómo ir contra una ley que, sostienen, las perjudica.

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Tarjetas siguen aumentando tanto en monto como en operaciones. Foto: AFP.

Arriba de la mesa hay varias alternativas. Todavía no decidieron qué camino van a seguir, pero un grupo de gremiales de diferentes sectores de la actividad analizan de qué manera ir contra la ley de inclusión financiera (LIF).

La norma nació en 2014 y, a impulso de una rebaja en los puntos de IVA si se utilizaban tarjetas de débito o crédito para realizar la compra, logró que los uruguayos empezaran a cambiar sus hábitos de consumo y se volcaran más por los plásticos. Así, el efectivo perdió popularidad y la "tarjeta del cajero", como mucha gente la llamaba, se convirtió en un medio de pago más para los ojos de una parte de la población que hasta el momento no la veía como tal.

La otra cara de esta moneda son un grupo de comerciantes que argumentan que la ley tal como está redactada ha impactado en sus negocios. En concreto, afirman que su rentabilidad se ha visto erosionada por el costo creciente de los aranceles que deben pagar por cada compra en la que está involucrada una tarjeta.

El arancel máximo para las tarjetas de débito e instrumentos de dinero electrónico está hoy en 2,2% y de 2% en pequeños comercios.

Las propuestas.

Al momento, hay cuatro propuestas a estudiar por las diferentes gremiales.

Por un lado, algunas empresas ya presentaron recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Fueron contra el artículo 64 de la LIF ("equiparación entre el pago con efectivo y el pago con tarjeta de débito o instrumento de dinero electrónico").

El Poder Ejecutivo modificó levemente la redacción de este artículo de manera reciente, pero Julio Facal —socio del estudio Yelpo & Facal y asesor jurídico de quienes presentaron el recurso— entiende que no cambió el asunto de fondo y ese artículo continúa siendo inconstitucional.

Además, el profesional —abogado del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu), de la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU) y de Vendedores de Combustible de Maldonado (Vecoma) por este tema— agregó que se trabaja en un nuevo proyecto de ley. Entre otros, el texto establece topes a los aranceles que los sellos pueden cobrar (para el crédito en 1,5% y para el débito se maneja entre 0,5% y 0%), regula las promociones que se pueden ofrecer, y establece que el comerciante puede fijar mínimos y trasladar el costo al cliente, siempre y cuando lo informe antes.

Otra de las alternativas que se están evaluando es presentar una denuncia contra las tarjetas de crédito por prácticas anticompetitivas ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia —un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Finalmente, otro grupo de empresarios del interior del país baraja la posibilidad de ir más allá y realizar una reforma constitucional por iniciativa popular en el marco de la próxima elección presidencial (ver aparte).

Todas estas posibilidades se discutirán el próximo sábado 18 cuando distintas gremiales tanto de Montevideo como del interior del país se reúnan en Florida para ver cómo siguen.

Poca precisión.

Por su parte, el coordinador de Inclusión Financiera del MEF, Martín Vallcorba, dijo a El Pais que es una "discusión muy entreverada, con afirmaciones que no tienen que ver con la realidad".

Las gremiales se han manejado "de manera poco precisa", indicó el jerarca.

"La derogación de la ley no modifica en nada el funcionamiento del sistema (de pagos). La ley genera beneficios a los consumidores de rebaja de cuatro puntos de IVA y a los ciudadanos y micro y pequeñas empresas que puedan acceder a cuentas gratuitas", comentó. Asimismo, añadió que la ley no obliga a usar los medios de pago electrónicos. Tampoco exige que los comercios los acepten.

Vallcorba dijo que los aranceles en el caso del débito ya descendieron, y seguirán por este camino.

"Este año el arancel va a bajar a 1,9% de acuerdo al cronograma y es posible que al terminar el año esté en 1,5%", agregó.

"Están cerrando muchos comercios".

La Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este (Crece) es la gremial que por estas horas evalúa impulsar una reforma constitucional por iniciativa popular en las próximas elecciones presidenciales para contrarrestar los efectos de la ley de inclusión financiera que, aseguran, los perjudica.

Una de las gremiales que componen la Crece es la Cámara Empresarial de Maldonado. Su presidente, José Pereyra, dijo a El País que la ley es un "gran mamarracho", fruto de "tecnócratas de escritorio que no tienen ni idea lo que están generando en el pequeño comerciante".

Hasta el momento han realizado recorridas de Minas, Treinta y Tres y Lavalleja para conocer de primera mano cuáles son las inquietudes de los comerciantes.

"El chico, una vez que se metió en el tema este, tiende a desaparecer", dijo.

Para el dirigente gremial, además, ciertos sectores miran desde afuera algunos de los beneficios que se ofrecen por el pago con plásticos.

"¿Se imaginan un almacén en un barrio con descuentos con tarjeta de crédito o de débito popular? No va a existir, porque las tarjetas nunca van a negociar con el almacenero del barrio una promoción. Y la ley lleva a que las promociones las hagan los sellos internacionales", planteó.

"Acá se está cuidando más a los bancos y a los sellos internacionales que al pequeño comerciante, que es el que da trabajo, sobre todo en el interior, pero en Montevideo también", señaló Pereyra.

"Estamos absolutamente seguros de lo que estamos planteando", afirmó, al tiempo que lamentó la "tozudez" de las autoridades.

"No se están dando cuenta que están cerrando muchos comercios", finalizó.

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