TRANSPARENCIA FISCAL

Comisión aprobó ley que perfora secreto

La Comisión de Hacienda de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley de transparencia fiscal que flexibiliza el secreto bancario, obliga a identificar a los beneficiarios finales de sociedades uruguayas y aumenta los impuestos a las sociedades en paraísos fiscales, entre otras disposiciones.

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Bóveda. Foto: archivo El País

Como adelantó El País, el texto en general fue apoyado por el Frente Amplio y los legisladores en la Comisión del Partido Independiente (Iván Posadas) y del sector nacionalista Alianza Nacional (Jorge Gandini). En contra votó el representante del Partido Colorado (Conrado Rodríguez) y los diputados del sector Todos del Partido Nacional.

El texto aprobado tiene algunas modificaciones respecto al original enviado por el gobierno en julio. El artículo inicial establece la obligación de las instituciones financieras (bancos, fideicomisos, fondos de inversión, entre otros) de informar anualmente a la Dirección General Impositiva (DGI) "el saldo o valor de la cuenta al cierre del año civil así como su promedio mensual durante el referido año" de todos aquellos clientes residentes y no residentes.

En la futura reglamentación el gobierno definirá el monto mínimo a partir del cual será obligatorio el reporte al fisco. Según adelantó tiempo atrás el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, no quedarán incluidas las denominados cuentas sueldo y otras de bajo monto.

Está previsto que el proyecto sea votado en la Cámara de Diputados el 17 de noviembre, para luego continuar el trámite parlamentario en el Senado. La aprobación final debe ser antes de finalizar el año, dado que Uruguay se comprometió a comenzar en 2018 el intercambio automático de información tributaria —una iniciativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a la que ya adhirieron otros 86 países— y para ello necesita los reportes de rentas en cuentas bancarias de no residentes del ejercicio 2017.

La información sobre los residentes locales a la que accederá la DGI tras la vigencia de la ley será utilizada para controles fiscales. Este punto provocó que diputados blancos y colorados no votaran el articulado que extiende las obligaciones para los uruguayos con cuentas bancarias, en el entendido que no están incluidos en el compromiso asumido con la OCDE.

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