RELACIONES LABORALES

Consejos de Salarios: expertos cuestionan el rol del gobierno en la negociación

En línea con la reciente recomendación de la OIT, tres abogados especializados en Derecho Laboral aconsejaron privilegiar la negociación bipartita y modificar la ley vigente.

Reunión por el Consejo de Salarios en el Ministerio de Trabajo. Foto: Archivo El País
El abogado Nelson Larrañaga dijo que aunque en los hechos el diálogo es tripartito, “hay un arbitraje obligatorio” del gobierno. Foto: Archivo El País.

A mediados de junio la Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) analizó la negociación colectiva en Uruguay, tras una denuncia de los empresarios, e instó al gobierno a promover cambios en acuerdo con las partes. Lo esencial es que el convenio 98 de OIT suscrito por Uruguay privilegia la negociación bipartita (empresas y trabajadores) sobre aumentos de salarios y condiciones laborales, y no instancias tripartitas (con la participación del Estado) como ocurre hoy.

Mientras el diálogo para cumplir la recomendación de la OIT no muestra avances, ayer tres abogados especializados en Derecho Laboral cuestionaron el rol del gobierno en la negociación colectiva, plantearon que es necesario cambiar algunos aspectos de la ley y coincidieron que se debe retornar a la antigua interpretación del derecho a huelga.

En un evento organizado por la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu), Santiago Pérez del Castillo -exministro de Trabajo entre 2002 y 2005- afirmó que “lo ideal es ponerse de acuerdo entre las partes para negociar”, sin la participación del gobierno. Subrayó que la instancia se debe encarar “no con una visión de contraparte (entre trabajadores y empleadores) sino de socios”.

Este sistema de negociación salarial dijo que permite crear “un traje a medida”, aunque señaló otra falencia que cree tiene la ley: “entre un convenio colectivo de empresa y uno de rama” prima este último. “Lo mejor es tomarle las medidas a la persona que va a usar el traje y no imponerle un traje hecho por alguien que está por encima, que puede ser de confección pero no se hizo pensando que lo va a usar mengano o zutano”, expresó Pérez del Castillo.

En esa línea, el abogado indicó que tampoco comparte la disposición de que “cuando no hay un sindicato de empresa tiene legitimidad para negociar el sindicato de rama”, sino que debieran poder hacerlo los delegados elegidos en la interna de la compañía. Sostuvo que esto “es un tema clave” de la negociación colectiva.

“Los empleados que van a negociar deben conocer al empleador, este no es un fulano cualquiera sino una persona que en otra ocasión quizás se portó bien, fue comprensivo con los trabajadores o repartió en épocas de bonanza. Se pierde esa riqueza de relacionamiento con el empleador cuando negocia” el sindicato de rama, manifestó.

Por su parte, el abogado Leonardo Slinger dijo que “está demostrado” en los hechos que el Poder Ejecutivo interviene en la negociación no solo de salarios sino de condiciones de trabajo a través de la fijación de lineamientos. “El Poder Ejecutivo incluye (las condiciones de trabajo u otro tema) como una propuesta para la negociación, pero todos sabemos que eso ejerce presión. Es difícil escapar en el diálogo a un tema que la propia pauta propone”, explicó.

Ministerio de Trabajo. Foto: El País
Ministerio de Trabajo. Foto: El País

Además, señaló que en la negociación colectiva se deberían acordar únicamente salarios mínimos y no actualización salarial. “Los Consejos de Salarios deben hacer foco en su competencia que son los salarios mínimos. Si se negocia una actualización salarial debe ser hasta determinadas franjas, no puede ser igual para un gerente o un cadete, porque la negociación bipartita es diferente según las capacidades”, indicó.

Slinger repasó que desde la reinstauración en 2005 de la negociación colectiva creció la sindicalización y el poder de los gremios, “generando una capacidad y madurez para una negociación bipartita sin precisar del Estado como tutor”.

A su vez, el experto en relaciones laborales de Ferrere, Nelson Larrañaga, compartió la línea de sus colegas y cuestionó la injerencia en la negociación del gobierno. “Hay un arbitraje obligatorio, están las tres partes en la negociación pero quien decide los aumentos de salarios es el gobierno y eso es totalmente contrario a los convenios de OIT que estamos obligados a cumplir”, declaró.

"Motosierra".

El tema de la negociación colectiva fue uno de los focos principales de la oratoria del acto del miércoles del Pit-Cnt por el paro parcial. El dirigente Marcelo Abdala leyó las propuestas de Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi, que van en línea con habilitar acuerdos por empresas y que los trabajadores no afiliados a sindicatos puedan negociar colectivamente.

Analizó que no se “animan a decir abiertamente la motosierra, o voy a liquidar los Consejos de Salario” y plantean “la negociación por empresa”. Sostuvo que esto es “retroceder” y cuestionó a “la Cámara de Industria y de Comercio”, así como de “su representación política aspirante a la restauración neoliberal”.

“El derecho a huelga no es una topadora”

El abogado Nelson Larrañaga centró su exposición en las medidas sindicales y comenzó aclarando que el derecho a huelga es “constitucional” en Uruguay. Sin embargo, “no existe una definición de huelga” lo que permitió “que se amplíe el concepto”. “La huelga es no trabajar por una decisión colectiva, pero hoy se extendió a medidas de ocupación, piquetes y otras” resoluciones sindicales como el trabajo a reglamento o desgano, repasó. Esta ampliación ocurrió a través de distintos decretos promulgados entre 2005 y 2006.

“El concepto de huelgo no es una banda elástica que estiro. Hoy cualquier acción sindical es huelga salvo que sea un delito. Eso no debe ser así”, expuso el abogado. Detalló que pese a ser un derecho constitucional, también lo son “las libertades individuales” como el derecho al trabajo, y que el primero “no predomina” sobre los demás como “ha querido imponer” parte de la doctrina nacional. “No puede ser que el derecho de huelga sea absoluto ni que pasa por arriba de todo como una topadora”, manifestó Larrañaga.

Además, expresó que la ocupación o piquetes en lugares de trabajo “no tienen nada que ver con la huelga” y así lo reconoce la doctrina internacional. Por esto, pidió “volver al concepto antiguo de huelga, no el que se ha querido imponer” estos últimos años, y reglamentar la ley original para “dar certezas jurídicas” como ha ocurrido en Brasil o España. Sobre este punto, el Pit-Cnt reiteró ayer en el acto su consigna histórica: la ocupación y los piquetes son una extensión del derecho de huelga.

A su turno, el abogado Leonardo Slinger hizo foco en “el criterio selectivo” entre el sector público y privado a la hora de levantar una ocupación, procediéndose a hacerlo en el primer caso y no en el segundo. En tanto, Santiago Pérez del Castillo dijo que lo acordado con UPM para la instalación de la nueva planta “indica el camino a seguir”, con “mecanismos de mediación que van in crescendo”.

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