Planteo de inmobiliarias, dentro del régimen de vivienda de interés social

Construir casas de madera para llegar a sectores bajos

Que la vivienda de interés social no cumplió el objetivo de llegar a los sectores medios y bajos de la población es algo ya aceptado por los usurarios del sistema, los constructores y hasta el gobierno. En ese escenario surgen diferentes opciones de construcción para poder atender a esos segmentos de la población. Una de ellas es la de promover la construcción de viviendas con un material y método no tradicional: la madera.

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Construir de una forma no tradicional: una posibilidad para atender sectores bajos.

Un informe elaborado por la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU) indicó que el costo de una vivienda de madera de 51 metros cuadrados alcanza los US$ 29.160. Y considerando los beneficios tributarios que ofrece la Ley 18.795 de vivienda de interés social (VIS), se logra un descuento por el IVA correspondiente a las adquisiciones de los materiales de US$ 4.072. Eso significa que el costo final de esa vivienda de madera es de US$ 25.082.

La gremial señaló que la mayoría de los materiales que se utilizan en la construcción de las viviendas se importan de Estados Unidos, por lo tanto, de lograrse que se reconozca este sistema para construir viviendas de interés social "no hay ninguna duda de que hay que solicitar al MEF (Ministerio de Economía y Finanzas), en forma urgente, la exoneración de los impuestos y tasas que gravan estos materiales, lo que abarataría aún más dicho costo".

Otros planteos.

En el documento, la CIU señaló que los costos de la construcción sufrieron aumentos que los ponen fuera del alcance de los sectores socioeconómicos medio y medio-bajo, que se ven obligados a tomar financiación a 25 años como única forma de acceder a una vivienda, e incluso, en muchos casos, igualmente debieron solicitar el subsidio de la cuota.

"Es claro que la financiación a 25 años implica un importante aumento del costo financiero y, en muchos casos, deja afuera de la pretendida solución a las personas mayores de 45 años", sostuvo la gremial.

Es por eso que para la gremial hay que revisar los planes de financiación, ya que no se puede seguir induciendo a esos sectores a tomar plazos que excedan los 10 o 12 años, como máximo.

El documento afirmó que la vivienda de interés social no debe tener ninguna clase de impuesto ni leyes sociales. Además, "UTE y OSE deben participar facilitando las conexiones y durante los primeros diez años de construida la vivienda, mientras se está amortizando su pago, el consumo tiene que ser al costo, sin ninguna clase de impuesto".

La CIU también planteó la participación de las intendencias. Esa participación debería ser "exonerando la Contribución a todo inmueble que esté dentro del régimen (de interés social), nuevo o refaccionado, por el mismo período de 10 años".

A su vez, las intendencias tendrían que participar "activamente del Plan Quinquenal de Vivienda, haciendo un censo sobre las necesidades de vivienda y tipos de soluciones que necesita su departamento, para así tener un mejor direccionamiento de los recursos y poder invertir según las reales necesidades de cada departamento".

Polémica.

En los últimos días, el gobierno contrapuso posiciones con los empresarios privados de la construcción sobre los costos de las viviendas de interés social.

El presidente de la Agencia Nacional de Vivienda, Francisco Beltrame, dijo a El País que algunos de los objetivos de la ley no se cumplieron, entre ellos el de atender las necesidades de los sectores medios y medios bajos.

"El grueso de la producción está llegando a los sectores de mayor poder adquisitivo de nuestra sociedad", afirmó Beltrame quien añadió que hay dos aspectos para abordar puntualmente.

"Uno es el aspecto tecnológico en aquello que permita abaratar costos, pero esto no es mágico. Lo otro es diseñar productos teniendo claro cuáles son las posibilidades efectivas de compra por parte de la demanda con los instrumentos que se han generado en el país, aquellos que permiten que con menor ahorro se pueda acceder a la vivienda", señaló.

Sobre los costos de la vivienda y por ello la imposibilidad de llegar a sectores con menor poder adquisitivo, los constructores plantean que se podría pensar en una nueva categoría de VIS que se puede implementar en barrios perimetrales de la ciudad al norte de Bulevar Artigas, que ya tienen toda la infraestructura y donde el suelo no tiene valores tan elevados como pasa hoy en zonas como el Cordón o el Centro.

A su vez, los constructores proponen como otra variante modificar algunas exigencias de terminación de obra y una leve reducción de la superficie de los inmuebles.

En ese sentido, el presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (Appcu), Ariel Cagnoli, sostuvo que "en esos lugares se puede exigir algún tipo de vivienda de menor calidad que lo que se está haciendo hoy: con un poco menos de área, todo se puede retocar para abajo, pequeños retoques. Algo menos de área, algo menos en las terminaciones, prácticamente no tener áreas comunes porque son áreas que hay construir y tienen su costo".

Fucvam y los constructores

La Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (Fucvam) la emprendió contra los constructrores por los altos costos de las viviendas de interés social. En un documento, Fucvam planteó que "el precio de venta de las unidades construidas, aún con la significativa renuncia fiscal que hace el Estado mediante exoneraciones, tiene niveles que no corresponden a vivienda de interés social y que más que duplican los que corresponden a otros sistemas de producción. Esto es quizá consecuencia de la contradicción implícita en tratar de conjugar la satisfacción de un derecho esencial como la vivienda, con la de hacer buenos negocios por parte de capitales especulativos".

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