Entienden que límite para las emisiones privadas afectará la actividad.

A principios de mes el Banco Central del Uruguay (BCU) organizó una reunión con agentes del mercado de valores y les comunicó que implementará un nuevo marco regulatorio, que entre otros aspectos limitará las emisiones privadas. Corredores de bolsa consultados por El País aceptaron que se busque transparentar la actividad, pero alertaron por las consecuencias que podrían traer los cambios en las empresas que se financian emitiendo deuda, en especial las que no logran cumplir los requisitos para una oferta pública.

El BCU transmitió que revisará la normativa vigente sobre oferta pública y privada en busca de "delimitar el ámbito" de cada modalidad "en función de la cantidad de inversores a los cuales va dirigida". Esa iniciativa intenta evitar los arbitrajes regulatorios, que ocurren cuando determinadas ofertas que debieran ser públicas, terminan siendo privadas por la falta de una regulación clara.

La oferta pública es aquella que cotiza en el mercado de valores mientras que la privada no cotiza, sino que los corredores de bolsa la ofrecen directamente a sus clientes.

"A efectos de aportar claridad y certeza en la normativa se establece un límite cuantitativo" de 20 inversores que "de ser superado ya sea al momento de la oferta primaria o a través de la posterior comercialización del valor, determina que se esté ante una oferta pública", resolvió la autoridad.

El director de Gastón Bengochea & Cia, Diego Rodríguez, dijo que "hizo ruido" entre los agentes del mercado de valores la imposición de un tope de inversores para la emisión privada. También el director de Merfin Sociedad de Bolsa, Federico Araújo, expresó que la nueva regulación "afectará a varios colegas" que se dedican a ese tipo de emisiones, aunque no es el caso de su empresa.

En la misma línea, el director manager de la financiera Puente, Juan José Varela, apuntó que el tope establecido "será una traba para todas las empresas que estructuran emisiones privadas".

Rodríguez señaló que los corredores no se oponen a la regulación, pero se deberían buscar otras alternativas para limitar la oferta privada, como "exigir dar mayor información al inversor sobre los riesgos o limitar a través de un porcentaje máximo del portfolio de inversiones de un cliente".

Para Varela, la nueva normativa es "una buena señal" porque actualmente "hay emisiones privadas en el mercado de capitales que tienen muy poca regulación". Pero también el ejecutivo de Puente reconoció que se podría afinar el tope de inversores y "buscar un equilibrio ideal en la cantidad".

Días atrás, el abogado senior de Ferrere, Javier Domínguez manifestó a El País que tras la vigencia de las nuevas reglas en el mercado de valores "la mayoría de las ofertas van a terminar siendo públicas".

Rodríguez ratificó esa visión y consideró "poco posible" instrumentar una oferta privada con 20 inversores, porque para una emisión normal en el mercado de US$ 5 millones cada participante debería poner US$ 250.000.

Como contrapunto a la imposición de un tope máximo de inversores para las emisiones privadas, el BCU quiere crear "un marco regulatorio que permita emisiones públicas simplificadas, con la finalidad de que empresas de mediano porte puedan acudir al mercado de valores en busca de financiamiento, sin incurrir en mayores costos y tiempos de autorización".

El director de Gastón Bengochea & Cia explicó que los plazos de autorización (de seis a nueve meses) y los requisitos exigidos son las principales razones por las que muchas empresas optan por el mercado privado en vez del público para emitir deuda.

Otro aspecto son los costos del registro, que muchas veces no tienen relación con el monto de la emisión. Según el cálculo de los corredores de bolsa, bajo el esquema actual es redituable acudir a la oferta pública en emisiones de US$ 10.000 para arriba. Entonces la iniciativa del BCU de flexibilizar las exigencias y permitir ofertas públicas simplificadas es bien vista por los agentes. "Podría ser una salida y lo veo como positivo", expresó Rodríguez.

Varela manifestó que es correcto cambiar la regulación porque "hoy las emisiones chicas o medianas deben cumplir los mismos lineamientos que una emisión grande". Agregó que esto "va a fomentar que las empresas se vuelquen más al mercado de valores".

Quien puso reparos sobre la implementación de las emisiones simplificadas fue Araújo, ya que "si la vara es por el tamaño de la emisión, hay empresas grandes que pueden hacer emisiones chicas".

Sobre el proceso de cambios regulatorios, el director de Merfin señaló que "todos tenemos claro que (la regulación) se va a ir poniendo más densa", lo que afecta al negocio de valores tradicional. "Uruguay venía un paso más atrás que la legislación internacional y ahora se quiere apurar", concluyó.

El Banco Central del Uruguay (BCU) anunció que revisará el concepto de "valores", que actualmente abarca acciones, obligaciones negociables, mercado de futuros, cuotas de fondos de inversión, títulos, valores y todo derecho de crédito o inversión. También está bajo revisión la regulación sobre la comercialización de valores emitidos en el exterior, las actividades permitidas a asesores de inversión e intermediarios de valores, el registro de operaciones OTC (fuera del mercado regulado), los modelos de supervisión por riesgos y las normas de protección al inversionista. A su vez, se evalúa la necesidad de regular a participantes del mercado como los estructuradores.

BOLSA DE VALORES