INVERSIÓN

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Entre los profesionales enfocados en el asesoramiento jurídico y tributario, así como entre los empresarios del rubro inmobiliario y agropecuario, parece haber casi que un único tema de charla en los últimos días: el creciente interés de los argentinos por invertir, instalar negocios o radicarse en Uruguay. Los consultados coinciden en que este es un proceso que comenzó el año pasado en virtud del cambio de gobierno en el país vecino, pero se intensificó en las últimas semanas.

Los motivos que escuchan desde el otro lado del Río de la Plata son variados: aparte de los políticos e ideológicos, los argentinos mencionan el derrumbe económico de su país, las restricciones cambiarias, los cambios impositivos, el default de la deuda, y la incertidumbre sobre cómo se saldrá de la cuarentena y cómo se recuperará la economía pos pandemia, entre otros.

¿Por qué Uruguay? La proximidad geográfica y la similitud cultural surgen como algo obvio, pero también las certezas jurídicas que brinda el país, la institucionalidad y el otorgamiento de beneficios fiscales para quienes deciden radicarse.

Sobre esto último, El País confirmó que el gobierno prepara una “flexibilización” para obtener la residencia fiscal, al menos en uno de los requisitos que es tener en el país un patrimonio de cierto monto y también planea agilizar los plazos para conseguirla. El patrimonio mínimo en Uruguay para obtener la residencia fiscal está en US$ 1,7 millones y se estudia bajarlo a US$ 500.000, informó la semana pasada El Observador.

“El mayor beneficio de Uruguay es su estabilidad. Al final del día todos los países compiten por las inversiones, por ejemplo un inversor del agro (de Argentina) puede elegir venir a Uruguay o ir a Paraguay. Acá no hay un montón de trabas que pueden tener en Argentina y eso lo ven con buenos ojos, y un tema no menor es el beneficio que hay para que vengan los extranjeros”, dijo a El País el tributarista Fabián Birnbaum de la consultora FBM Advisory.

La referencia al esquema fiscal de Uruguay es recurrente entre los argentinos, porque hay consenso que es más benevolente que el vigente en su país. La última reforma que impulsó Alberto Fernández tras asumir, incluyó una alícuota adicional del Impuesto a los Bienes Personales de hasta 2,25% para los activos que tienen los argentinos en el exterior. En Uruguay no hay gravámenes de ese tipo, sumado a que hay una exoneración por cinco años -vigente desde 2011- para quienes llegan como residentes del pago de tributos sobre los intereses y dividendos que obtengan en el exterior (luego la tasa aplicada es del 12%, cuando en Argentina puede llegar al 35%).

El socio de Guyer e integrante del Departamento de Impuestos, Federico Camy, señaló que “Uruguay tiene una lógica histórica de un sistema de tributación basado en las ganancias generadas” en el país, mientras que en Argentina “se grava la renta mundial”. Agregó que las potencialidades de Uruguay no se limitan a lo tributario, sino que la “seguridad jurídica es un diferencial que siempre estuvo pero que en épocas de mayores turbulencias destaca más”.

En esto último también hizo foco el director de Andersen Tax & Legal, Federico Fischer, quien mencionó en diálogo con El País que desde el exterior “se ven las señales positivas de la nueva administración hacia el inversor y ha trascendido también el buen manejo de la situación (sanitaria) que hizo Uruguay”. Señaló que los argentinos son quienes más consultan para radicarse o instalar negocios, pero también hay llamadas de otros países de la región, de Estados Unidos y de Europa.

Por su parte, la abogada argentina Patricia López Aufranc -radicada en Uruguay y especializada en derecho empresarial- dijo a El País que “el interés creciente” desde la vecina orilla se centra en dos grupos: “gente ya retirada y que podría moverse hasta aquí con cierta facilidad”, y “personas más jóvenes, de entre 30 y 50 años, en muchos casos con hijos, que empiezan a ver opciones (para emigrar) porque no ven un futuro tranquilo o previsible”.

Dijo que en ambos casos son “decisiones asociadas a la calidad de vida y la estabilidad” que brinda Uruguay. Tal como advirtió en enero al disertar en Punta del Este en un evento sobre residencia fiscal, López Aufranc subrayó que la cuestión principal para los argentinos pasa por la decisión de dejar su país. La legislación vecina dice que la persona debe tener “su centro de intereses vitales, tanto económicos como familiares” en el nuevo lugar de residencia, y la AFIP -entidad fiscal- investiga que así ocurra.

Es decir, que la mudanza debe ser real y no simplemente parte de una planificación fiscal para pagar menos impuestos. De hecho, si la AFIP encuentra inconsistencias podría denegar el trámite para dar de baja la residencia fiscal y el contribuyente debe abonar impuestos en ambos países. Es por esto que López Aufranc analizó que más allá de los cambios legales que pueda hacer Uruguay, el partido se juega en el trámite del lado argentino, que “sigue siendo restrictivo” y “un freno”. 

Fischer comentó que se pueden hacer “pequeños cambios en la normativa” local para “facilitar la llegada” de extranjeros. Aparte de bajar el monto de inversión requerido para acceder a la residencia fiscal -“era elevado” en comparación a otros países, indicó-, destacó que el gobierno tiene “la intención de agilizar los procesos” para la residencia legal, un trámite que dijo en promedio dura ocho meses para los sudamericanos y entre 12 y 18 meses para el resto de los extranjeros.

La búsqueda de “parroquianos” y una oportunidad como hub

El interés de los argentinos por invertir en inmuebles viene “totalmente en aumento, recibimos diariamente varios llamados”, dijo a El País el secretario ejecutivo de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu), Aníbal Durán. Hay consultas tanto de personas que quieren “comprar alguna unidad como inversión y eventualmente venir a vivir acá”, como de empresarios para inversiones de mayor porte como edificios. En un editorial de la gremial, Durán definió así estas dos modalidades: “estamos precisando más que promotores -les decimos ‘cantineros’- ‘parroquianos’, es decir compradores”. Consultado al respecto, señaló que “se está construyendo mucho” e incluso aparecerán “megaproyectos”, por lo que hay oferta de inmuebles para la demanda de los argentinos, que comentó se concentra en Montevideo y Punta del Este.

Camy de Guyer señaló que también observa interés de argentinos por los negocios agropecuarios, que son una inversión “más lenta que la construcción o la inmobiliaria”, y vinculada no a personas sino a empresas “que invierten en ambos países”. Mientras que Fischer -también gerente de Aguada Park, zona franca de servicios- dijo que los argentinos buscan “activos que sean refugios de valor e inversiones que brinden una rentabilidad constante”. Así es que buscan campos -“que hoy están en precios por debajo de su pico que fue a finales de 2014”, analizó-, “inversiones inmobiliarias en ciudades costeras y también hay un interés en la instalación de empresas en zonas francas”.

López Aufranc apuntó que empresas argentinas podrían instalar aquí “una oficina regional” o mudar “a parte de su personal jerárquico”. Indicó que “para Uruguay hay una oportunidad interesante por sus condiciones estables de atraer inversiones y convertirse en un hub (centro logístico) para la expansión de compañías en América del Sur”. Enfocado en “empresas del conocimiento, que migran fácilmente”, como las de “servicios tecnológicos o software”.