ANÁLISIS

¿Por qué crecen tanto los reportes de operaciones de lavado, pero no los que terminan en la Justicia?

En Uruguay en los últimos años ha habido un importante crecimiento de los reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos. Sin embargo, la cantidad de reportes que terminan siendo investigados por la Justicia incluso baja.

Dólares estadounidenses. Foto: Archivo El País
Dólares estadounidenses. Foto: Archivo El País

Hace unos años, el desvelo de las autoridades encargadas de controlar el lavado de activos era que crecieran los reportes de operaciones sospechosas (ROS) que deben realizar los sujetos obligados, en especial los del sector no financiero. Ese objetivo se fue cumpliendo en línea con los avances normativos, que incorporaron nuevos colectivos dentro de los obligados a realizar los ROS.

Hoy día tienen el deber aparte de todas las entidades financieras, las inmobiliarias, casinos, rematadores, usuarios de zonas francas y los profesionales (abogados, escribanos y contadores) cuando actúen en determinadas circunstancias.

Además, la ley integral contra el lavado de activos aprobada en 2017 y reglamentada el año pasado, incluyó dentro de los obligados a vigilar el origen de los fondos a las organizaciones sin fines de lucro -como iglesias, clubes deportivos, partidos políticos y sindicatos, entre otros-.

Los ROS pasaron de ser 480 en 2016 a 790 el último año, es decir crecieron 65% en dos años. Pero en ese tiempo, los casos reportados que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) -que funciona dentro del Banco Central (BCU)- derivó a la Justicia por entender que amerita una investigación penal retrocedieron: fueron 11 en 2016, cuatro al año siguiente y nueve el año pasado.

Este tema fue analizado ayer durante una capacitación organizada por el estudio Rueda Abadi Pereira por el abogado especializado en prevención del lavado de activos Rafael García.

En diálogo con El País, el experto manifestó que la actitud “más exigente e inspectiva” sobre los sujetos obligados de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) “explica el incremento en los ROS y eso debiera tener alguna relación” con la cantidad de casos que terminan en la Justicia.

“Si paso de 100 a 200 reportes, si tenía ocho casos (derivados a la Justicia) debería tener 16, o al menos 12 o 13, pero eso no ha pasado”, porque el traslado de los ROS al ámbito penal ha descendido en los últimos años, indicó García.

Una posible explicación a este fenómeno es que “cada vez más sujetos obligados -y más los nuevos (como los profesionales)- hacen reportes defensivos”. Esto es que ante la intervención en una operación y la obligación que tienen de investigar el origen de los fondos, “les da miedo un cliente y hacen un reporte (a la UIAF), porque es más fácil eso que gastar tiempo en un análisis más profundo”.

El abogado especializado en prevención de lavado de activos expresó que los sujetos obligados que hagan esto “no cumplen con lo que la normativa” establece. “La finalidad del procedimiento implica hacer un reporte, pero vos en ese caso estarías dando información intrascendente y malgastando el tiempo de la UIAF”, agregó.

Igualmente, García marcó que hay “criterios contradictorios” al respecto, porque una reciente guía emitida por la UIAF aclaró a los sectores obligados a realizar ROS que “no deben analizar si existió o no un delito precedente de defraudación, que eso es tarea de la UIAF y que si ven algo sospechoso lo reporten”.

Sobre esto, dijo que sería “razonable que el sujeto obligado investigue y vea si hay algún atisbo de delito” que justifique un ROS, de lo contrario “se está justificando un reporte simple y eso complica” la tarea posterior que deben realizar la UIAF.

Lavado de activos. Foto: Pixabay
Lavado de activos. Foto: Pixabay

La posición de García fue respaldada por el abogado Leonardo Costa, también especializado en prevención del lavado de activos. “No sabemos si hay relación automática entre más ROS y más casos judicializados. Hay que analizar no solo la cantidad sino la calidad de los ROS, puede haber más reporte pero no tengo nada (para investigar)”, dijo ante la consulta de El País.

Costa coincidió con que “hay un incremento de los reportes defensivos”, y puso como ejemplo que hay muchos en base a “información de prensa”. Detalló que ante una noticia que informa que una persona está siendo investigada por un caso judicial, “por las dudas si lo tengo como cliente reporto” la operación. “Puede estar bien (proceder así), pero ese reporte no me indica la calidad de la información” que contiene y si puede servirle a la UIAF para investigar, añadió.

Por otra parte, ambos especialistas marcaron que sí han crecido los datos que envía la UIAF a sus pares del extranjero. “No es un dato público, pero hay casos en Argentina y Brasil en que ha cooperado” con la Justicia, dijo Costa. Lo que sí se sabe son los pedidos de información del extranjero: crecieron de 79 en 2018 a 84 el año pasado, repasó García.

Críticas a la redacción de la ley antilavado

El abogado Rafael García del estudio Rueda Abadi Pereira manifestó que hay obligaciones que la Senaclaft planteó en el decreto reglamentario del año pasado no alineadas con la ley integral contra el lavado de activos. “Si como sujeto obligado me quieren sancionar por no haber cumplido por ejemplo el registro ante la Senaclaft, para mi es cuestionable”, indicó y detalló que esa disposición no está explícitamente incluida en la ley.

Consultado al respecto, su colega Leonardo Costa expresó que es un tema “discutible” porque el artículo 6 de la ley da una facultad genérica de crear un registro, pero reconoció que no explícita esa obligación.

La Senaclaft dio un plazo para inscribirse a los sujetos obligados y según dio cuenta El País en marzo pasado, se registraron unas 4.000 personas físicas y jurídicas -que se suman a los escribanos y operadores de zonas francas, que ya estaban inscriptos-. Con este nuevo grupo, se llega a unos 14.000 sujetos obligados a realizar ROS, informó el secretario antilavado, Daniel Espinosa.

Por otra parte, García también consideró inapropiada “la distinción que se terminó haciendo” en la ley integral antilavado sobre la actuación de contadores, escribanos y abogados, que están abarcados por la obligación pero cuando actúan en determinados casos, los cuales están establecidos con términos distintos en la norma.

“Fue clara la intención de dialogar con todos los colectivos, pero eso terminó en una técnica legislativa inadecuada, donde no se conciliaron los distintos criterios”, señaló y relacionó esto con el “lobby” que efectuó cada sector. Agregó que “lo razonable” es ir hacia “un criterio unificado” para todos los profesionales.

El problema que genera esta diferencia de términos es que “si yo estoy por realizar cierta operación, capaz elijo ir a un abogado y no tendrá responsabilidad de reportar, pero si elijo a un escribano sí”.

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