La discusión sobre el resultado contable de las empresas públicas y la transferencia de dinero que deben efectuar al Gobierno para que disponga de esos recursos financieros es algo recurrente a lo largo del tiempo. 

En la actualidad se expresa del lado del Ministerio de Economía que espera una mejora en las transferencias de utilidades de las empresas públicas. En el mismo sentido, el Parlamento discute qué porcentaje de las utilidades del Banco República debe destinarse al Fondes. Hace varias décadas que el debate está instalado, alimentado de argumentos a favor y en contra del aporte de recursos a las políticas presupuestales del Gobierno. Si bien es una discusión que no tiene una única respuesta, se pueden establecer algunos criterios.

Es un caso complejo porque la sociedad invirtió recursos en esas empresas, por lo tanto en algún momento se pagaron más impuestos o precios para financiar la inversión. Por lo tanto se puede pensar a la sociedad como la propietaria. En definitiva, todos somos accionistas de la empresa pública y en las elecciones nacionales, cada cinco años, nombramos una "asamblea de accionistas" para que defina el directorio que será responsable de guiar los destinos de la empresa que muchas veces debe considerar aspectos sociales y no solo las utilidades financieras.

Lo complejo es que además de accionistas somos consumidores. En particular en aquellos casos en que los servicios públicos que se prestan forman parte de las necesidades de todos los hogares como el agua corriente y la electricidad.

Por lo tanto el dilema es si deben dar ganancias y transferirla al Gobierno para que reduzca la carga impositiva de la sociedad, o si deben dar el servicio al menor precio posible para una estructura de costos y beneficiar a la sociedad por ese camino sin importar el nivel de utilidades ni la forma de repartirlas.

No hay una respuesta única a este dilema. Lo que no merece dos interpretaciones es que debe haber una gestión de la empresa que permita la producción utilizando la menor cantidad de recursos de la sociedad, esto es logrando los menores costos posibles. Tanto para generar utilidades como para prestar servicios al menor precio, el criterio es el de la mejor administración de la empresa.

Otro aspecto que tampoco merece objeciones ni disputas es que el producto debe cumplir con determinados niveles de calidad y de cobertura geográfica del suministro a la sociedad. No quedan dudas que en el objetivo de todas las empresas se encuentra la calidad del servicio prestado.

Es un poco más difícil establecer un criterio sobre el nivel de utilidad que deben generar. Hay un mínimo que es el nivel de utilidad que permite sostener la prestación del servicio en condiciones óptimas a lo largo del tiempo. Este criterio siempre se debe respetar. Si la empresa tiene que expandirse y realizar nuevas inversiones, entonces es necesario generar utilidades para reinvertirlas. En caso contrario, lo que puede suceder es que en el momento de realizar la inversión el Estado deba capitalizar o la empresa endeudarse.

Un ejemplo permite ilustrar el concepto de utilidad mínima esperada. Una empresa como UTE, sabe que hay una vida útil de sus centrales de generación y las líneas de distribución. Todos los años dentro de su contabilidad imputa un gasto por amortización, que es la reserva para sostener estas inversiones en el tiempo.

En el caso de que sea necesario ampliar el capital de la empresa porque la demanda es creciente, hay que recurrir a las utilidades acumuladas y no distribuidas hasta el momento o a parte de las utilidades futuras a través del endeudamiento. Por lo tanto, la empresa pública también debe prever utilidades para sostener el crecimiento y las reformas tecnológicas que vendrán en el futuro.

El criterio en este caso es el financiero, las utilidades deben ser parte de la capacidad financiera para el crecimiento del negocio en el que se encuentra la empresa.

Otro criterio para generar utilidades es la disponibilidad de capacidad de respuesta frente a situaciones imprevistas: si el negocio en el que se encuentra la empresa tiene costos e ingresos inestables, o si el valor de los activos y pasivos es muy variante. Es un caso en el que el riesgo es más alto y por lo tanto la utilidad requerida debe ser más alta porque en el largo plazo deberá compensar las situaciones difíciles.

El criterio en este caso es el del riesgo, a mayor riesgo del negocio, la empresa tiene el deber de generar mayores utilidades.

Una vez que se generaron las utilidades adicionales, el debate pasa a ser si hay que transferir al Gobierno parte de las mismas o si se deben utilizar dentro de la empresa para financiar crecimiento o hacer fondo para enfrentar riesgos.

Por ejemplo, en el caso de OSE y UTE no quedan dudas de que hay un predominio del objetivo social. Estas empresas deben llegar con la prestación del servicio a la mayor parte de la población con el menor costo posible. Sus inversiones son de muy largo plazo y las líneas de servicios que no son públicos es muy pequeña en el total del negocio. En el caso de UTE, aflora el problema del riesgo y es por eso que se recurrió a la generación de un fondo de estabilidad del precio con las utilidades que se generan en los años en que hay abundante agua para la generación.

A nivel de los bancos públicos hay que considerar la exposición al riesgo del negocio financiero y de seguros. En este sentido las instituciones deben generar utilidades y disponer de un fondo que les permitan enfrentar los momentos malos.

Al momento de definir si las empresas deben transferir recursos o no al Gobierno, una vez alcanzados los niveles de rentabilidad que garanticen su buen funcionamiento a largo plazo, hay que tener presente el costo de oportunidad en que incurrió la sociedad al constituirlas. Esas inversiones iniciales pudieron canalizarse a otras actividades, pero en su momento se optó por éstas.

En tal sentido, el monto del aporte debe reflejar ese costo, que difiere en cada caso dados los distintos riesgo de negocio que implican cada una de ellas. Montos superiores reflejan impuestos encubiertos.

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