GOBIERNO ELECTO

Críticas y dudas por los cambios en inclusión financiera de la ley de urgente consideración

Actores y abogados especializados en la materia expresan críticas y dudas ante la propuesta de eliminar aspectos de obligatoriedad de la ley de Inclusión Financiera incluida en el anteproyecto.

Retiro de dinero en cajero automático. Foto: Archivo El País
Retiro de dinero en cajero automático. Foto: Archivo El País

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En abril de 2014 y con los votos únicamente del Frente Amplio, se aprobó la ley de inclusión financiera. Este nombre se transformó en algo conocido para los uruguayos, llegaron las críticas desde diversos ámbitos (a la oposición política se sumaron gremiales de comerciantes, en su mayoría del interior), mutó a ley de “bancarización obligatoria” para algunos y hasta se juntaron firmas para derogarla.

En paralelo, creció la cantidad de cuentas sueldos y se masificó el uso del debito como forma de pago -en el segundo semestre de 2018 y por primera vez, hubo más compras hechas con débito que con crédito-, ampliándose la oferta de instrumentos de pago con la aparición de nuevos emisores de dinero electrónico -como Anda o las redes de cobranza Abitab y RedPagos-.

Cumpliendo un compromiso de campaña que ha sido respaldado discursivamente por sus socios de la coalición de gobierno, Luis Lacalle Pou incluyó la derogación de parte de estas disposiciones en un apartado de la ley de urgente consideración que se titula “Libertad financiera”.

Allí se plantea un cambio de redacción al artículo 10 de la ley de inclusión financiera, que establecía que el pago de los salarios debía hacerse a través de una cuenta bancaria en una institución financiera o mediante dinero electrónico. El cambio es que en lugar de “deberá” se pone “podrá” y se agrega que estas disposiciones son “sin perjuicio de la modalidad de pago en efectivo”.

La misma variación desde “deberá” a “podrá” aplica para los pagos de honorarios profesionales y el cobro de partidas de alimentación, mientras que para los pagos que realiza el Estado quedará “a opción del proveedor” la modalidad -la ley original obliga a hacerlos por vía bancaria-.

El artículo 11 de la norma aprobada en 2014 dice que “el trabajador tendrá derecho a elegir libremente” la entidad por donde cobrar la remuneración, y la redacción propuesta establece que “la modalidad de pago será acordada entre el trabajador y el empleador al momento del inicio de la relación laboral”. Si se acordó cobrar por cuenta bancaria o dinero electrónico, el trabajador podrá elegir la institución que prefiera.

Luis Lacalle Pou junto con los líderes de los partidos de la coalición. Foto: Leo Mainé.
Luis Lacalle Pou junto con los líderes de los partidos de la coalición. Foto: Leo Mainé.

Quien ya previamente había advertido que rechazaría cualquier cambio en estas disposiciones era el sindicato bancario (AEBU). Su secretario general Fernando Gambera dijo ayer a El País que “se afecta un derecho adquirido por el trabajador” y que “la apuesta” a que este negocie con el empleador la forma de pago “es en realidad darle todo el poder al empresario”.

El dirigente también advirtió que al cambiar las condiciones y las reglas, los bancos podrían “decir ahora no estoy obligado” a aceptar a un determinado trabajador como cliente.

Una fuente de la banca privada comentó a El País que “es una duda” si se mantiene la obligatoriedad de abrir una cuenta en forma gratuita y otros beneficios, si bien su derogación no está planteada en el borrador. “Esa condición era con un esquema determinado, no sabemos ahora qué pasará”, sostuvo y agregó que sería un tema “a conversar” con el gobierno.

Transacciones.

Otra de las propuestas incluidas en el borrador divulgado el miércoles es que “los pagos por todo concepto originados en transacciones entre particulares, podrán efectuarse mediante la modalidad e instrumentos de pago acordados entre las partes, sin otras limitaciones” que las contenidas en la ley antilavado de 2017. Hoy día hay obligación de efectuar pagos por medios electrónicos en operaciones por montos superiores a 40.000 Unidades Indexadas (UI), unos US$ 4.700.

Acerca de esto, el socio de Ferrere e integrante del equipo de servicios del sector inmobiliario, Carlos Falco, dijo a El País que los cambios impactan “en las restricciones que existían para pago de negocios, compraventa de inmuebles, compraventa de automotores, pago de arrendamientos, aportes de capital a las sociedades y pago de utilidades”.

Aparte de poder hacerse con dinero, en todas estas operaciones no se aplicarán “los controles que hay en el régimen actual” a nivel documental. Sin embargo, Falco apuntó que como no se derogan “las normas de control de lavado de activo, seguirá habiendo controles por parte de los actores involucrados (escribanos, inmobiliarias, contadores)”.

Sobre este punto, el profesor de Fiscalidad Internacional y Derecho Financiero, Leonardo Costa, hizo notar en diálogo con El País que podría ser problemático permitir pagos en efectivo “en propiedades o cuestiones de valor”. Reconoció que los umbrales vigentes “son bajos y podrían subirse”, y que la libertad para el uso de medios de pago que establece el borrador debería referir a la utilización “de cualquier instrumento bancario”, no solo cheques, letras de cambio y transferencias como se permite hoy.

Mientras que Gambera de AEBU sostuvo que “se derogan artículos que hoy se tienen para controlar el origen del dinero” y “casi que volvemos a aquella situación cuando se nos ubicó en una lista gris de paraísos fiscales”.

Ante la consulta de El País, el coordinador del programa de inclusión financiera del Ministerio de Economía, Martín Vallcorba, remitió a un hilo de Twitter publicado a fines del año pasado, donde opinaba que lo vigente “está en línea con las mejores prácticas de los países más serios, dado que el pago de grandes sumas en efectivo es el medio utilizado en todo el mundo para realizar operaciones ilícitas”, y eliminarlo “implicaría un grave retroceso en materia de transparencia, debilitando herramientas fundamentales para combatir el crimen organizado y el lavado de dinero”.

Respecto a los cambios en el pago de haberes a trabajadores, para Vallcorba “cambiar ‘deberán’ por ‘podrán’ cobrar (como dice la propuesta del gobierno electo sobre el pago de salarios) significa retroceder en materia de formalización del trabajo”.

Un organismo internacional elogia la inclusión

En el informe de evaluación mutua sobre lavado, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) sostuvo: “se destaca la implementación de la ley de inclusión financiera, que prohibe el uso de efectivo para (algunas) adquisiciones de bienes, lo que reduce los riesgos de lavado de activos relacionados con el sector inmobiliario y de la construcción, que históricamente han sido percibidos como vulnerables”. En otra parte, el organismo señaló que las disposiciones de la ley “tienen como objetivo central fomentar mayores niveles de formalidad en la economía y mejorar los controles para la mitigación de riesgos de lavado”. También destacó que Uruguay ha aprobado normas de “fortalecimiento de la transparencia de las personas y estructuras jurídicas” y se “restringió la opacidad de las sociedades anónimas al portador”.

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