Números reveladores

¿En cuántos de esos casos inicia acciones contra el funcionario negligente? Una investigación de los abogados Gianni Gutiérrez y Marcelo Marchetti da respuesta a esto. Plantean que el Estado controla u201ccon varas distintasu201d a los evasores y a los funcionarios que malgastan.

En ambientes políticos se suele hablar de "la industria" de los juicios contra el Estado, en el entendido que los privados que litigan contra la administración pública suelen tener las de ganar. Los números parecen validar eso, porque en los últimos cinco años el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debió pagar 655 sentencias de condena, lo que indica que el Estado perdió casi tres juicios por semana (2,52 exactamente).

Los datos u2014que no incluyen los juicios perdidos por el Poder Legislativo ni las 19 intendenciasu2014 surgen de una investigación de los abogados de Ferrere, Gianni Gutiérrez y Marcelo Marchetti, y aparecen en el libro "Límites a la creación y recaudación de impuestos" que ambos presentan hoy.

De todos los casos en que el Estado debió pagar por algún acto negligente que causó daño a un tercero, solamente en 30 la investigación interna concluyó que correspondía iniciar acciones legales contra el funcionario culpable del hecho.

Sin embargo, se realizaron en cinco años apenas 11 procedimientos de este tipo, tres contra militares y ocho contra policías, estos últimos "por exceso o uso indebido de la fuerza pública en procedimientos de represión del crimen".

Según explicaron ambos autores en diálogo con El País, uno de los tópicos en que se centra la publicación es "la vara con que se mide y persigue la evasión y la vara que se usa para medir el derrochador de gasto público", es decir a los funcionarios negligentes.

Al respecto, Gutiérrez expresó que "quien deja de pagar impuestos tiene una mira roja en el pecho y está bien porque es parte del sistema (combatir al evasor) dando un proceso adecuado de defensa; esa persona tiene los intereses más caros del mercado porque se capitalizan cada cuatro meses, tiene embargado su patrimonio y si es director de una sociedad anónima todo su patrimonio está en juego, sus cuentas bancarias están a la vista e incluso (puede sufrir un embargo de) su salario o jubilación".

En contrapartida, pese a tener herramientas, el Estado no controla de igual forma a los funcionarios que con sus conductas afectan a terceros, ni a los jerarcas de empresas públicas o firmas satélites que derrochan dinero o gestionan mal.

"La Constitución establece que cuando un funcionario del Estado le causa daño a un tercero, por ejemplo una ambulancia de ASSE te choca y rompe una pierna, vos demandás al Estado y este tiene el deber de analizar la conducta, en este caso del conductor, y si fue groseramente negligente u2014porque habla de culpa grave, no es una negligencia estándaru2014 tiene que iniciar un juicio contra ese funcionario", explicó Marchetti.

A través de pedidos de acceso a la información pública los abogados accedieron a los datos de los juicios iniciados contra el Estado y por este a sus funcionarios. Con los números a la vista, concluyen que "el Estado tiene dos varas, una para castigar al contribuyente que es muy dura porque todos sus bienes pueden ser embargados, y otra que es sumamente compasiva para con los funcionarios que con sus acciones y decisiones ponen en juego esa recaudación", señaló Marchetti.

En esa línea, Gutiérrez dijo que "mientras el contribuyente es perseguido por un instituto que es superpoderoso como la Dirección General Impositiva (DGI) y que en cada Rendición de Cuentas se le agregan más prerrogativas, del otro lado tenemos a los decisores de gasto que tienen una especie de impunidad".

Esto último asociado a que el Tribunal de Cuentas, el órgano de contralor del gasto público u2014que tendría un rol similar a la DGI en materia impositivau2014 hace 40.000 observaciones por año "y no es escuchado".

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Así como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) es el encargado de juzgar los procedimientos de la DGI en materia fiscal, la etapa previa a nivel tributario (la creación de impuestos mediante leyes en el Parlamento) es controlada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Según los autores, la SCJ "ha sido timorata en el control de los limites sustanciales en materia de creación de impuestos, con lo cual ha generado una percepción de libertad absoluta de los gobiernos". En 10 años se presentaron "más de 250 recursos de inconstitucionalidad por impuestos" y en los únicos casos que la SCJ dio la razón a los demandantes "por cuestiones de sustancia" u2014hubo por "razones de forma"u2014 fue cuando recurrieron la aplicación del IRPF a las jubilaciones tras la reforma de 2007, lo que derivó en la creación del Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social (IASS).

El TCA anuló 62% de las decisiones de DGI

Según los abogados Gianni Gutiérrez y Marcelo Marchetti, mientras la Dirección General Impositiva (DGI) tiene amplios poderes para fiscalizar y perseguir a quienes evaden, el contribuyente "está indefenso" en materia de derechos. Ante una reliquidación de impuestos que se entiende equivocada se puede recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), quien "dicta sentencias bien fundadas pero demoran mucho tiempo y aparte eso tiene un costo para el implicado ya que debe pagar para luego litigar", señaló Gutiérrez.

La publicación revela que en los últimos cinco años el TCA dio la razón al contribuyente en 62% de los casos en que intervino, anulando así la decisión de la DGI. "Se dice que son pocos los que litigan y yo creo que con este proceso, van a seguir siendo pocos" porque no se protege al contribuyente, indicó Gutiérrez. En ese sentido, Marchetti agregó que "en los juicios civiles entre particulares se litiga con un código sancionado en la década del 90 que se ajustó hace cinco años, pero cuando litigas contra el Estado usas un código de finales del 1800, cuando todavía se aplicaba la pena de muerte".

A esos poderes que tiene el fisco, se debe sumar que luego que la DGI pierde juicios en el TCA por aplicar un determinado criterio juzgado erróneo por la Justicia administrativa, el Poder Ejecutivo promueve leyes "para legitimar ese criterio" en casos posteriores. Los autores del libro relevaron nueve casos en que ocurrió esto, es decir que se dictaron leyes "como consecuencia de sentencias que perdió la administración".