“La idea es promover inversión que quizás no se realizaría”, afirmó Ferreri

Dan más beneficio a inversión, así los empresarios se definen

En el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hay dos preocupaciones: que la inversión no caiga y que la construcción —que a su vez tiene un impacto importante en el consumo— se reactive.

El eterno femenino de una imaginativa pintora
Decreto da más incentivos tributarios a aquellos proyectos que se ejecuten efentivamente.

Si bien la cantidad de proyectos de inversión aprobados por el Poder Ejecutivo para recibir beneficios fiscales viene en crecimiento (28% más en número y 18% más en monto en nueve meses), la presentación de iniciativas cayó 23% en número y13% en monto en el primer semestre.

Con ese contexto, el MEF resolvió otorgar más beneficios tributarios a los proyectos de inversión que se presenten entre el 1º de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, y que al menos el 75% se ejecute hasta el 31 de diciembre de 2017, y para las iniciativas que se realicen entre el 1º de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, según el decreto al que accedió El País.

"En la mayoría de los casos lo que esperamos es que colabore a definir inversiones que probablemente de otra manera no se hicieran. La idea es promover inversión y atraer inversión que quizás no se realizarían", dijo a El País el ministro interino de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri.

"En un contexto de desafíos importantes a nivel regional e internacional, con una muy probable suba de tasas de interés de Estados Unidos en el corto plazo, vemos que es bien importante asegurar y potenciar el círculo virtuoso entre altos niveles de inversión local e internacional de sesgo productivo y crecimiento económico, que ha ido de la mano de mayores niveles de equidad y cohesión social", señaló.

El decreto que sale con la firma del Consejo de Ministros, establece que "el porcentaje de exoneración" que determine la matriz de indicadores (creación de empleo de ciertas características, aumento de exportaciones, etc.) "se incrementará en un 10%". Eso será aplicado a los proyectos presentados entre el 1° de diciembre de 2015 y fin de 2016, y que el 75% de la inversión comprometida se ejecute hasta el 31 de diciembre de 2017. Es decir que aquí se aumenta la exoneración impositiva directamente.

Por otro lado, "las inversiones realizadas entre el 1º de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, se computarán por el 120% del monto invertido, a los efectos del cómputo del monto exonerado del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE)", señala el texto. En este caso, si alguien invierte $ 100, a los efectos de exonerar IRAE, se tomará como si hubiera invertido $ 120.

Ambos "beneficios transitorios" podrán acumularse.

Además, el decreto contiene un apartado específico para lo que es Vivienda de Interés Social (que ya está exonerada de algunos impuestos). En este caso se agrega la "exoneración del IRAE sobre las rentas derivadas de las enajenaciones (ventas) de viviendas promovidas que efectúen los fideicomisos financieros". Eso será siempre que el fideicomiso emita títulos de participación mediante bolsa de valores.

"Este mecanismo es un aliciente para que las AFAP inviertan en proyectos bajo esta modalidad", indicó Ferreri.

Consultores privados sostienen que la iniciativa del gobierno actúa como "política contra-cíclica" en el momento que la economía se desacelera y que va "a favor de que las empresas inviertan".

El consultor y asesor en proyectos de inversión, Diego Vallarino, dijo a El País que parte de la inversión extranjera en "agroindustria se está deslocalizando de Uruguay hacia Argentina" ante el cambio de expectativas en ese país. La "inversión doméstica, ante incertidumbres no se está animando a hacer la inversión", agregó. Por eso valoró que esta medida "es muy atinada".

Vallarino hace un mes en su cuenta de Twitter, había señalado que Uruguay debía "incentivar la inversión productiva privada como lo hizo en la desaceleración del 2008-2009".

En efecto, "este decreto es similar al 779/2008 que otorgó beneficios adicionales a las inversiones realizadas en el año 2009 (y que fue exitoso si considera los niveles de inversión presentados en dicho ejercicio), pero según lo anunciado tiene algunas diferencias que lo podrían hacer aún más interesante", dijo a El País el supervisor del Departamento de Consultoría de Finanzas de CPA Ferrere, Fernando Chaves. Mencionó que "el beneficio de 10% de puntaje adicional por presentación, no estaba previsto en el decreto de 2009".

Según Vallarino los motores del crecimiento económico en los últimos años fueron el consumo y la inversión. "El consumo está planchado, y si bien se están aprobando muchos proyectos de inversión, los presentados han caído en forma importante", por lo que con este decreto se logra mantener "la rueda funcionando" y "asegura mano de obra", evaluó.

El economista de CPA Ferrere, Santiago Rego, dijo a El País que "este anuncio va en el sentido que muestra preocupación en el gobierno porque la economía se desacelera y tal vez más rápido de lo esperado".

Y por tanto, "va en el buen sentido de incentivar, generar empleo. En el sentido de política anticíclica, cuando el Producto (Interno Bruto) muestra desaceleración, el gobierno se muestra activo", indicó.

Vallarino también destacó la parte referida a la vivienda social. "Más que por la vivienda, porque puede ayudar a reactivar la construcción (que lleva seis trimestres de caída de actividad) y con ella se ayuda también al consumo", explicó.

Ferreri concluyó que "esto se suma al esfuerzo que el gobierno viene realizando para continuar diferenciando al país de la región, y que siga siendo un destino atractivo para las inversiones de corte productivo. En esa línea vale destacar el grado inversor que Uruguay tiene, el ingreso reciente al Centro de Desarrollo y al Comité de Asuntos Fiscales (ambos) de la OCDE, y la gira presidencial por Francia y Japón tratando de abrir mercados y afianzar relaciones comerciales".

SABER MÁS

Adjudican PPP para rutas

Ferreri también anunció ayer la primera adjudicación a través de participación público-privada (PPP) para remodelar y mantener las rutas 21 y 24. El ministro interino de Economía explicó que se otorgó la adjudicación provisoria luego de culminado el proceso legal, que incluyó el necesario pasaje por el Tribunal de Cuentas, instancia en la que no hubo observaciones. "Se comenzará con las obras lo antes posible", añadió. La adjudicataria será responsable de ejecutar las obras de 190 kilómetros de ruta y de su mantenimiento por 20 años, por un monto total de US$ 400 millones. El plazo de ejecución de las obras de puesta a punto es de tres años; los trabajos iniciales que integran la primera parte de la obra está previsto que finalicen en un plazo de 12 meses.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Te recomendamos
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)