LA OCDE MARCA LOS TIEMPOS

Datos que tendrá Uruguay del exterior para fiscalizar pago de impuestos

Ferreri explicó convenio que causó dudas en oposición, aunque luego votó.

El eterno femenino de una imaginativa pintora
Pablo Ferreri, subsecretario de Economía. Foto: Gerardo Pérez

El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, defendió en el Parlamento los beneficios de un acuerdo multilateral —la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal— que establece las bases para el intercambio de información tributaria con fiscos extranjeros y adelantó que aumentarán los pedidos de datos por parte de Uruguay.

Es que Uruguay cuenta actualmente con convenios tributarios con 33 naciones y el acuerdo da la posibilidad de acceder a información de 98 jurisdicciones —las que han suscrito hasta ahora la Convención—, varias catalogadas como paraísos fiscales y que "son relevantes para Uruguay a la hora de obtener información" según Ferreri.

En esa línea, el subsecretario señaló que "al poder acceder a este acuerdo multilateral, se plantearán muchos más pedidos de información de la administración tributaria hacia el exterior porque hay destinos más interesantes". A su vez, informó que Panamá no está adherido pero lo hará próximamente y es un país que "para Uruguay es una fuente importante de información" por la cantidad de sociedades offshore radicadas en su territorio.

Pese al debate que se generó el miércoles en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado —por las dudas de la oposición respecto a la conveniencia de adherir al acuerdo—, tras la comparecencia del jerarca de gobierno se terminó aprobando por unanimidad el proyecto de ley que será votado el lunes en el plenario de la cámara alta.

La premura del trámite parlamentario es porque Uruguay se comprometió a comenzar el intercambio automático de información tributaria con otros fiscos en 2018 y para ello debe recabar los datos de saldos y rentas en cuentas bancarias desde el próximo año (hay un proyecto para esa flexibilización del secreto bancario en la Comisión de Hacienda de Diputados). Ferreri explicó que la Convención es el "marco legal" para ello y debe estar vigente desde el 1° de enero de 2017.

Para que eso ocurra, señaló que el acuerdo multilateral "deberá estar depositado en la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) con una determinada antelación y esto hace que tenga que estar votada y depositada la ratificación del convenio antes del 31 de agosto de este año".

La Convención habilita el intercambio de datos entre los fiscos, aunque para concretarlo es necesario luego un acuerdo país a país. Además, establece normas de cooperación para combatir la evasión, aunque Uruguay hizo uso de opciones de reserva que le permiten negarse a perseguir evasores y recibir auditorias de fiscos extranjeros, entre otras cosas.

"Este acuerdo multilateral da un marco más general que no tiene innovaciones con respecto a los convenios bilaterales que Uruguay ha venido suscribiendo en los últimos tiempos", explicó el subsecretario de Economía.

Beneficios.

Ante la Comisión, Ferreri expuso casos en los que Uruguay tendrá "beneficios concretos" del intercambio de información con otros fiscos y la adhesión a la Convención. Planteó que se calcula que hay unos US$ 8.000 millones de uruguayos depositados en el extranjero y se podrá acceder a datos tributarios que permitan saber la renta generada por ese dinero y que tributen por ello.

"Es una herramienta fundamental para controlar el pago del IRPF por rentas generadas en el exterior", subrayó el subsecretario de Economía.

También expuso ventajas para el caso del IRAE, en línea con una política de la OCDE de impulsar reportes país por país para controlar los precios de transferencias (normas para evitar que compañías vinculadas manipulen los valores de intercambio para disminuir sus aportes impositivos).

"Este acuerdo multilateral permite trabajar en conjunto con otras administraciones, intercambiando información o inspeccionando simultáneamente a un mismo grupo multinacional, para poder determinar en qué caso corresponde que la renta sea tributada en el Uruguay", agregó.

Estas ventajas mencionadas por Ferreri surgieron tras un cuestionamiento del senador del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, quien dijo que era complicado "encontrar un ejemplo práctico" de casos en los que el intercambio tributario beneficiara a Uruguay. Añadió que "la única razón para suscribir este tipo de convenios son las famosas listas negras (que se forman con los países no cooperantes)".

Plazo.

El subsecretario de Economía explicó que entre las reservas impuestas por Uruguay aparece que "solamente puede intercambiarse información tres ejercicios para atrás de la fecha de entrada en vigencia del convenio". Por tanto, el intercambio será respecto a datos de 2014 en adelante, en línea con lo establecido en el acuerdo tributario con Argentina (aprobado en 2014 y que no permite retroactividad).

Ante esto, el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, expresó que "hace un poco de ruido empezar a dar información desde el año 2014. Personalmente me inclinaría a pensar que tengo que dar la información a partir del momento en que firmo y no hacia atrás".

El legislador opositor también planteó la necesidad de que los acuerdos de intercambio tributario sean acompañados por convenios para evitar la doble imposición. Ferreri le respondió que también es una prioridad del gobierno porque es algo "sustancial" para atraer inversiones hacia Uruguay.

Intercambio con Suiza y España.

El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, informó que España y Suiza fueron los países a los que Uruguay solicitó más cantidad de datos tributarios con cuatro pedidos en cada caso. Los datos fueron dados tras una consulta del senador del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, sobre las solicitudes de información hacia Argentina, a lo que Ferreri respondió que "Uruguay no le ha solicitado información muchas veces porque la administración tributaria entendió que la mayor parte de los destinos de los fondos de uruguayos no está en Argentina". Semanas atrás, El País había dado cuenta que desde 2013 la DGI recibió 210 pedidos de información tributaria desde el exterior —161 provinieron de Argentina— y de ellos se rechazaron 53.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Te recomendamos
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)