PARLAMENTO

Debate entre el MEF y Bergara por la residencia fiscal, la OCDE y la reputación del país

Las medidas que tomó el gobierno para atraer a extranjeros provocó un debate entre el exjerarca frenteamplista y el equipo económico de gobierno.

El equipo económico de la coalición multicolor visitó la Comisión de Hacienda del Senado por dos proyectos de ley. Foto: MEF
El equipo económico de la coalición multicolor visitó la Comisión de Hacienda del Senado por dos proyectos de ley. Foto: MEF

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El cumplimiento o no de los estándares internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la reputación internacional de Uruguay y la posibilidad de volver a ser considerados “una plaza financiera opaca”, provocaron un debate en torno a la residencia fiscal en el Parlamento.

Por un lado, defendiendo la extensión de la “vacación fiscal” para nuevos residentes a 10 años y otras medidas que apuntan a la captación de extranjeros estuvo el equipo económico, y por el otro la bancada frenteamplista, liderada por Mario Bergara (exministro de Economía y expresidente del Banco Central).

Como ocurría en el pasado cuando se discutían aspectos de la política internacional del país, volvió a usarse una metáfora escolar para advertir sobre el rol de Uruguay. El senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Rios, consultó qué ocurría en el mundo con la residencia fiscal: “El resto, ¿qué exenciones o qué condiciones ponen para establecer el domicilio fiscal? No sea cosa que nosotros, por querer ser los mejores de la clase, estemos afectando nuestros intereses por lo que puedan decir otros que, hacen lo mismo o cosas peores, dicho entre comillas”.

Ligado a ese aspecto fue que ocurrió el debate. El subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alejandro Irastorza, planteó que “promocionar un régimen de residencia por inversiones es totalmente legítimo para captar nuevos residentes y es habitual que muchos países centrales que intercambian en la OCDE lo gestionen y lo promocionen también”.

Indicó que al referirse a este tema “se acota mucho al país vecino, pensando solo en Argentina”, pero “es muy común en Europa que muchos residentes empiecen a realizar su planificación patrimonial; entonces, es importante darles estas condiciones para que puedan radicarse en el Uruguay”.

Aparte del proyecto de ley sobre la vacación fiscal, las consultas del Frente Amplio se extendieron al reciente decreto que flexibilizó las condiciones para acceder a la residencia fiscal. Al respecto, la directora de la Asesoría Tributaria del MEF, Pía Biestro, dijo que “en el marco de promover la inversión extranjera directa y la generación de empleos, planteamos dos hipótesis nuevas a través de las cuales buscamos una inversión real y creación de puestos de trabajo”.

Lo que se sumó para obtener la residencia fiscal a lo vigente desde 2016, es tener una inversión en inmuebles superior a US$ 370.000 posterior al 1º de julio y permanecer 60 días en el año civil; o tener participación en una empresa por un valor superior US$ 1,6 millones y generar a partir de julio al menos 15 nuevos puestos de trabajo directos en relación de dependencia.

Bergara retrucó que “la residencia fiscal procura ser una forma de los Estados para identificar a quiénes pueden cobrar impuestos, pero no con el fin de promover que vengan a elegir un régimen más beneficioso, obviamente en detrimento de lo que serían las obligaciones -seguramente más onerosas- en sus propios países”.

Tras repasar lo que sucedió con la política financiera global tras la crisis de 2008, con las potencias impulsando desde la OCDE un proceso de transparencia, el senador señaló que “Uruguay, en el marco de una definición política, entendió que debía estar inserto en el mundo en base a reputación, a credibilidad y al cumplimiento de recomendaciones que nos parecen razonables”.

Bergara afirmó que no ve “el sentido de dar este premio de residencia fiscal ablandando excesivamente los requerimientos incluso a la luz de la OCDE, que plantea que con menos de 90 días de residencia no parece razonable hacerlo”. En tanto, advirtió que el país “no puede volver a ser un espacio donde se promueva la evasión tributaria o esconder dinero a otros fiscos; no podemos volver a la lógica del Uruguay opaco de plaza financiera”.

Sede de la OCDE. Foto: Reuters
Sede de la OCDE. Foto: Reuters

El exjerarca frenteamplista respondió a Manini: “No es un tema de ser el mejor de la clase, sino de hacer lo que le conviene al Uruguay. Hay riesgos reputacionales y ningún beneficio real”.

La respuesta fue de Biestro. Recordó que los decretos que flexibilizaron la residencia fiscal de 2016 no establecen ningún límite de días de permanencia en el país -exige una inversión en inmuebles o empresas superior a la nueva- y “hasta el momento Uruguay no recibió ningún tipo de observación” de OCDE, que revisó el esquema en 2018.

Agregó que “a la luz de los antecedentes de los países de la Unión Europea (que aplican medidas similares, como Italia y Portugal, mencionó) no debería generarse ningún tipo de cuestionamiento en el ámbito internacional”. Al tiempo que remarcó que el actual gobierno “está comprometido en seguir este tipo de estándares (de fiscalidad internacional)” y “el camino recorrido” a nivel de OCDE.

¿Cuántos créditos a empresas y por qué monto ha garantizado el SiGa?

El otro motivo de la comparecencia del MEF a la Comisión de Hacienda del Senado fue el proyecto de ley que amplía a las empresas de gran porte el Sistema Nacional de Garantías (SiGa), que hoy otorga avales para préstamos a firmas medianas y pequeñas (Pymes). Tras la llegada del coronavirus, el gobierno amplió el fondo del SiGa de US$ 50 millones a US$ 500 millones, y la propuesta contempla que pueda capitalizarse nuevamente con dinero del Fondo Solidario COVID-19. Lo hecho en marzo apuntó a “proveer de liquidez a la economía y aportar herramientas para que las empresas que también, en muchos casos, presentaron un shock agudo pero transitorio, tuvieran liquidez para seguir funcionando”, explicó en el Parlamento el director de la Asesoría Macroeconómica del MEF, Hernán Bonilla. Agregó que el SiGa “ha funcionado muy bien” hasta el momento, y ahora se pretende “ampliar esas soluciones a empresas más grandes”, no abarcadas hasta ahora.

“Si bien las empresas de gran tamaño en nuestro país pueden rondar el 1%, en términos de empleo representan más del 35%. Además, por el funcionamiento habitual de la actividad de las grandes empresas, muchas veces son proveedoras de liquidez a empresas más chicas. Entonces, también es una herramienta para que la economía siga funcionando”, señaló Bonilla. Por su parte, la presidenta de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), Carmen Sánchez, informó que desde el 6 de abril -luego de las modificaciones hechas- el Siga otorgó US$ 220 millones en créditos garantizados, brindando unas 7.000 garantías a empresas. “Es una cifra relevante cuando la comparamos, por ejemplo, con las que se otorgaron en 2019, porque se garantizaron un total de US$ 45 millones en créditos otorgados, con 1.900 garantías en el total del año”, evaluó Sánchez.

Mayor “vacación fiscal” para quienes ya eran residentes, ¿por qué?
Mario Bergara junto con Álvaro Villar. Foto: Darwin Borrelli.

Otro punto que provocó un cruce entre las autoridades del MEF y Bergara fue la disposición incorporada en el proyecto que extiende la “vacación fiscal” a 10 años. Establece que quienes ya se hayan radicado en el país -haciendo uso del beneficio vigente de cinco años de exoneración en el pago del IRPF por activos en el exterior- pueden acceder a la exoneración por cinco años más. “¿Cuál sería la razón por la que a alguien que ya obtuvo la residencia fiscal y que está amparado en la vacación fiscal se le ampliaría por cinco años más sin ninguna exigencia adicional?”, inquirió Bergara.

Biestro respondió que “la razón es darles el mismo tratamiento a los residentes que configuren la renta fiscal ahora y a los que ya lo habían hecho”. Señaló que en 2011, cuando se fijó la exención de cinco años, aplicó para los extranjeros radicados en el país desde 2007 -cuando entró a regir la reforma tributaria- y para los futuros. Recordó que en esa ocasión el gobierno “había sido muy claro al decir que el objetivo era incentivar el traslado de personas desde el exterior para que se radicaran, consumieran e invirtieran”.

Bergara cuestionó: “Los cambios en el decreto y lo que se propone en el proyecto son exigencias realmente muy exiguas, sin contrapartidas reales, que no resuelven el problema de la promoción de inversiones ni la instalación de personas en el país porque, exigir la compra de un inmueble de US$ 380.000 y estar dos meses en el país no creo que sean suficientes”.

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