FLUJOS DIGITALES

El debate en la OMC sobre crear una “aduana virtual”

Acuerdo para no gravar transmisiones digitales vence el año próximo.

E-commerce: se discutirá cómo facilitar pagos online, su compatibilidad entre países y cómo proteger los flujos de datos personales. Foto: Shutterstock
E-commerce: se discutirá cómo facilitar pagos online, su compatibilidad entre países y cómo proteger los flujos de datos personales. Foto: Shutterstock

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La Organización Mundial del Comercio (OMC) y su antecedente, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (conocido por su sigla en inglés: GATT), son la insignia del multilateralismo, y durante décadas fijaron las reglas del intercambio de bienes. Pero con la llegada del siglo XXI y la irrupción de la tecnología, el mundo del comercio cambió, y las normas que antes regulaban todo hoy se vuelven más difusas.

Es que los avances tecnológicos hacen que el futuro sea cada vez más incierto, y por ende regularlo no es un desafío sencillo. En ese proceso está la OMC en muchas áreas y un debate sustancial es el referido a las transmisiones digitales.

El tema deriva de un cambio de modelo tecnológico: antes cualquier tipo de contenido digital que se quisiera enviar de un país a otro -desde un cassete con música, un DVD con una película o un CD con un programa informático- tenía un soporte físico, que permitía ciertos controles, pero hoy eso desapareció y el medio de transmisión son los flujos de datos a través de Internet.

Ese proceso paulatino hoy ya masificado era sabido por las principales potencias tecnológicas hace bastante tiempo, y en 1998 se firmó en la OMC la “moratoria”, un acuerdo que elimina la imposición de derechos de aduana sobre las transmisiones electrónicas.

Esto permitió en las dos décadas posteriores un libre flujo de contenidos en el mundo. Pero ese pacto vence en 2020 y hay países que están planteando en el seno de la OMC -la institución toma todas las decisiones por consenso de los 164 miembros- buscar una solución para controlar las transmisiones digitales, creando una especie de “aduana virtual”.

Hay tres posturas de socios de la OMC: prorrogar nuevamente la moratoria con el objetivo de tener más años para analizar el tema, hacer definitivo el acuerdo para el libre flujo de transmisiones a través de Internet, y eliminarlo para buscar una forma de regularlo.

Esa última postura -que Uruguay no comparte- abre una inmensidad de preguntas: ¿Cómo determinar el origen de un contenido transmitido vía web? ¿Cómo calcular su valor para aplicarle impuestos de aduana? ¿El sistema financiero (que canaliza los pagos) podría ser un aliado? ¿Qué infraestructura deben tener los países para controlar esto? ¿No será más costosa la implementación que la posterior recaudación?

Bandos.

La decisión sobre la moratoria deberá tomarla en diciembre el Consejo General de la OMC, donde están representados todos los miembros, o podría extenderse seis meses el acuerdo para dejar la resolución para la Cumbre Ministerial -el órgano máximo- de 2020 en Nursultán (Kazajistán), donde asisten los ministros de comercio de todo el mundo.

Aun así, los países ya están analizando el asunto en reuniones informales dentro de la OMC, en talleres específicos y en un grupo multilateral al que adhirieron 76 países sobre comercio electrónico (ver aparte).

En principio, la postura de aplicar de forma permanente la moratoria tiene respaldo de Estados Unidos. China es partidario de extenderla, y hay naciones como India y Sudáfrica que han puesto reparos a la renovación del pacto para no gravar las transmisiones digitales.

“Los avances tecnológicos están revolucionando el modo en que hacemos negocios, y también la forma en que comerciamos. La economía digital y la moratoria relativa al comercio electrónico han sido un tema importante de las conversaciones de muchos miembros de la OMC”, dijo en abril el director general del organismo, el brasileño Roberto Azevêdo.

En esa ocasión, en un taller centrado en comercio electrónico, el embajador japonés en la OMC y expresidente del Consejo General, Junichi Ihara, dijo que “un elemento común que quedó claro en los debates fue la necesidad de disponer de más datos” para “poder comprender mejor las cuestiones subyacentes y para que los miembros puedan tomar decisiones bien fundamentadas”.

Uno de los defensores de la moratoria, porque entiende que promueve la innovación tecnológica y la inclusión digital, es el creador del gigante del comercio electrónico chino Alibaba. Jack Ma planteó en la última Cumbre Ministerial de 2017 en Buenos Aires la necesidad de contar con “una plataforma que haga posible que todos los países y las pequeñas empresas puedan comprar y vender de manera global, con pagos globales".

* Invitado por la OMC a Ginebra (Suiza) para participar de un seminario para periodistas.

Una declaración a la que adhirió Uruguay.

En enero pasado un conjunto de 76 miembros de la OMC, que representan el 90% del comercio mundial, entre ellos Uruguay, suscribieron una declaración sobre comercio electrónico que complementó otra emitida al término de la Cumbre Ministerial de Buenos Aires en 2017. En el texto los firmantes confirman su “intención de entablar negociaciones en la OMC sobre los aspectos del comercio electrónico relacionados con el comercio”.

Esto permite que ese conjunto de países -entre los que figuran Estados Unidos, Rusia, China, la Unión Europea, todo Sudamérica y casi todo África- a los que luego se sumaron otras dos naciones, comiencen a reunirse en la OMC para analizar el tema en busca de consensos. El grupo es liderado por Japón, Singapur y Australia. Por ejemplo, todos los que suscribieron son favorables a extender la moratoria, aunque no todos de manera permanente.

A su vez, entre otros puntos que deben discutir está la incorporación de los asuntos de comercio electrónico a la órbita del Órgano de Soluciones de Diferencias de la OMC un tribunal que interviene ante quejas de algún miembro por incumplimiento de un acuerdo comercial-, la facilitación de los pagos online y su compatibilidad entre países, la protección de los flujos de información personal involucrados en las transacciones así como de los códigos fuente y algoritmos propios de las empresas. También está contemplado impulsar mecanismos de cooperación entre países para avanzar en el estudio de la economía digital, porque la falta de datos para establecer su dimensión no ayuda para las negociaciones.

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