ENERGÍA ELÉCTRICA

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Cuando el gobierno de Luis Lacalle Pou asuma el próximo 1° de marzo deberá decidir sobre una inversión clave en infraestructura: el cierre del anillo eléctrico. Esta obra supone la construcción de líneas de alta tensión de 500 kilovatios (kv) entre Tacuarembó y Salto, lo que permite mayor flexibilidad para la generación eléctrica y mayor confiabilidad para el sistema.

Además, la obra tendrá una bajada hacia la segunda planta de UPM, que permitirá abastecer de energía hasta que la finlandesa empiece a producir su propia energía (luego será UPM quien venderá por esa línea electricidad a UTE).

La primera línea de alta tensión es la de Salto Grande-Montevideo. Luego vino la construcción de la línea San Carlos-Melo (de unos 400 kilómetros) para la interconexión eléctrica con Brasil que estuvo a cargo de la argentina Techint, que tuvo varios problemas para llevarla a cabo (con operarios, con sobrecostos y diferencias con UTE). En 2016 UTE licitó la construcción de la línea de 500 kV Melo-Tacuarembó (213 kilómetros) y la misma se inauguró en octubre pasado (ver aparte).

Entonces, para cerrar el anillo (y poder alimentar la red por un lado o por otro) se necesita la línea de alta tensión entre Tacuarembó y Salto. Al cerrar el anillo, si se produce una falla en un punto de la línea, se la puede alimentar por otro y no ocurre un gran apagón como sucedió en agosto de 2017. Además le da flexibilidad al sistema, porque a diferencia del pasado, la generación de energía se da cada vez más en diferentes zonas.

Hasta 2010 Uruguay tenía tres grandes centros de generación eléctrica: la represa de Salto Grande, las del Río Negro y las centrales térmicas en Montevideo. Pero, con la expansión de eólica, biomasa y solar, la electricidad tiene múltiples puntos de generación. Para ello, se necesita un sistema cerrado de líneas de alta tensión.

Actualmente en varias ocasiones hay “restricciones operativas” por las que UTE igual debe pagar a los generadores privados de eólica aunque no utilice esa energía. Esa modalidad está prevista en los contratos firmados con los privados y se denomina “take or pay”. Esas restricciones ocurren “en el 85% de los casos” porque se genera más energía que la que se demanda, es decir no hay quien la consuma, pero también una parte es “por problemas en la red”, indicó una fuente del sector eléctrico. Cerrar el anillo “mejoraría” esos “problemas en la red”, añadió

La obra iba a ser realizada por el actual gobierno, pero hubo demoras por una discusión sobre cómo debe ser la modalidad de financiamiento y a eso se sumó la derrota electoral del Frente Amplio en noviembre, lo que aminoró el interés de las autoridades actuales, dijeron a El País fuentes del sector eléctrico.

El País intentó comunicarse con el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, pero este no respondió los llamados.

La obra podría llegar a costar unos US$ 300 millones por lo que la forma de financiarla es un aspecto relevante, sobre todo si se tienen en cuenta las restricciones fiscales (el déficit fiscalcerró 2019 en 4,7% del Producto Interno Bruto, el mayor guarismo en 30 años).

La idea de Casaravilla en todo momento era hacer un fideicomiso que emita títulos de participación en la Bolsa de Valores que podrían ser adquiridos por pequeños ahorristas. Esa es una opción.

La otra es con deuda propia y la tercera posibilidad es la que se utilizó para la línea de Melo-Tacuarembó: un leasing operativo. En este último caso el privado ganador de la licitación es quien construye y es dueño del activo por cierto período, mientras que UTE se encarga de la operación y el mantenimiento y paga un canon mensual que se ajusta por inflación y dólar.

Las fuentes consultadas dijeron que todavía no está claro que modalidad utilizará el gobierno electo. La opción de endeudarse es la más económica (UTE como parte del Estado, puede conseguir una tasa de interés menor que un privado), pero impacta en las cuentas públicas.

La del fideicomiso, deja fuera del balance de UTE el endeudamiento (es decir no impacta en las cuentas públicas) pero el riesgo recae en manos del Estado en caso de sobrecostos como ya hubo en este tipo de obras.

La figura del leasing también permite que no haya impacto fiscal y el riesgo lo asume el privado. Empero, encarece la obra ya que el que se endeuda es el privado (si bien UTE también asume el pago al privado).

El economista Fernando Esponda (asesor en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y anteriormente economista de Planificación de Inversiones de UTE) agregó otro aspecto en el blog Razones y Personas en julio de 2016. Respecto a la línea Melo-Tacuarembó señaló que “sería la primera línea de transmisión que no sería propiedad de UTE” y remarcó que al “adoptar estas modalidades alternativas” como “solución al ‘problema del financiamiento’, podemos terminar en un peligroso final: un endeudamiento importante -quizás con menos deudas financieras pero con más deudas no financieras-, además de la pérdida de propiedad estatal de sectores claves”.

El antecedente de la línea Melo-Tacuarembó

En junio de 2016 la empresa italiana Terna ganó la licitación internacional para hacer mediante leasing operativo los 213 kilómetros de líneas de alta tensión de 500 kilovatios (kv) entre Melo y Tacuarembó, más otros 30 kilómetros de líneas de 150 kv.

El ejecutivo de Terna en Uruguay, Alfio Ali dijo a El País que esta obra fue “indispensable” para que ahora se pueda cerrar el anillo eléctrico. Se realizó en tres años y hubo “satisfacción de UTE” porque se entregó en los plazos establecidos.

Ali señaló que la obra enfrentó diversos aspectos que tuvo que resolver como la colocación de 180 torres en áreas inundables, lo que requirió un trabajo especial.

El proyecto fue mediante un leasing operativo, por el que Difebal (Terna Uruguay) se encargó de la construcción, es dueña del activo por 30 años y recibe un pago mensual ajustado por Índice de Precios del Consumo y variación del dólar de parte de UTE. El ente se encarga de la operación y el mantenimiento de la misma y al termino de los 30 años “tiene la opción de comprar (el activo) o pedir a Difebal el desmantelamiento”, explicó Ali.

El ejecutivo indicó que para la construcción se emplearon 450 personas, se contribuyó con la economía al “involucrar a seis empresas uruguayas de diferente tamaño”, se respetó el medioambiente y áreas arqueológicas de Tacuarembó (cerritos indígenas), entre otros aspectos.

“Actualmente esta obra está agilizando la transmisión de las energías renovables” ya que hay una buena cantidad de “parques eólicos conectados” a través de la misma, enfatizó.