Cuentas públicas

El déficit fiscal salta a 4% del PIB sin efecto "cincuentones"

Al no tomar en cuenta un ingreso que luego derivará en mayores gastos.

Danilo Astori: el ministro de Economía y Finanzas salió al cruce de Fitch luego que esta cambiara la perspectiva de estable a negativa. Foto: Fernando Ponzetto
Astori: junto a su equipo intentó una reforma más ambiciosa. Foto: Fernando Ponzetto

El déficit fiscal alcanzó en 2018 (según las cifras preliminares) al 4% del Producto Interno Bruto (PIB) —US$ 2.406 millones— sin tener en cuenta el efecto "cincuentones" que ahora juega a favor, pero luego lo hará en contra de las cuentas públicas. Este es el peor resultado para un año calendario desde 1989 (cuando marcó 6,2% del Producto y al año siguiente el gobierno debió realizar un ajuste fiscal).

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha llevado adelante diversos ajustes a lo largo del período del gobierno (inversiones de empresas públicas al inicio, subas de impuestos en 2017 y 2018), pero el rojo de las cuentas públicas no cede. También el equipo encabezado por el ministro Danilo Astori intentó una reforma más ambiciosa (de la que finalmente se aprobó por los legisladores del Frente Amplio) de la Caja Militar que cada año tiene un rojo que ronda los US$ 500 millones.

El déficit de las cuentas públicas fue de 3,5% del PIB al cierre de 2015, finalizó en 3,9% del PIB en 2016, cerró en 3,5% del Producto en 2017 y ahora en 4% del PIB (sin efecto "cincuentones") en 2018.

¿Qué puede hacer el gobierno en el último año de su administración? Y ¿qué deberá hacer quién asuma en 2020?.

El socio de Deloitte, Pablo Rosselli, había evaluado recientemente que "marzo de 2020 está muy lejos. Ahora, tomar medidas de ajuste fiscal es siempre impopular y siempre habrá discusiones sobre quiénes deberían pagar el costo del ajuste".

A su juicio, el actual gobierno debía del lado del gasto: "dejar sin efecto aumentos de gastos discrecionales previstos en la Rendición de Cuentas; fijar topes a la ejecución de gastos de funcionamiento y de inversiones, para reducir en parte esos gastos; prepararse para disponer un ajuste de salarios públicos en 2019 menor a la inflación (requiere ajuste legal) y eso implicaría aceptar caída moderada de salario real".

A su vez, del lado del ingreso, Rosselli sugería "dejar sin efecto para 2019 el descuento de IVA para pagos con medios electrónicos, que cuesta cada vez más" y "de modo análogo, se pueden eliminar pequeños estímulos sectoriales de dudoso impacto".

La directora de Asesoramiento Financiero de Deloitte, Tamara Schandy dijo a El País que "como se ven las cosas hoy, todo parece indicar que no va a haber grandes cambios y que será la próxima administración quien deba procesar el ajuste".

Ese ajuste "depende de cómo vea uno el escenario de crecimiento y tasas de interés para adelante, pero entendemos que se precisa una mejora del resultado primario de alrededor de 1,5% del PIB para estabilizar la deuda", afirmó.

Para la economista de PwC, Matilde Morales "pese a que Uruguay continúa teniendo el grado inversor para las cinco principales agencias de calificación, el aumento del déficit fiscal y su implicancia en materia de endeudamiento es un tema relevante, principalmente en una coyuntura de desaceleración de la economía que tendrá —y ya está teniendo— impactos negativos en la recaudación".

Uruguay "debe cuidar y mantener la calificación crediticia para poder seguir accediendo a financiamiento en mejores condiciones y a costo más reducido, y para eso es condición necesaria la reducción del desequilibrio fiscal que haga sostenible la trayectoria de la deuda. Por tanto considero necesario un ajuste. Difícil que se dé en año electoral, pero seguro es un desafío para el próximo gobierno", señaló Morales a El País. "Cómo sea el ajuste dependerá, entre otras cosas, de la urgencia. En general es más rápido el efecto cuando el ajuste es por el lado de los impuestos que del gasto", agregó.

Cuentas.

"En 2018, el resultado global del sector público consolidado se ubicó en 2,7% del PIB (US$ 1.624 millones), mejorando 0,8% del PIB respecto al registro de 2017", señaló el comunicado del MEF, esto es incluyendo el efecto de los "cincuentones".

Luego, el MEF indicó que "los ingresos del sector público no financiero cerraron el año en 31,2% del PIB, aumentando 1,2% del PIB con respecto a lo observado en 2017. Esta variación se explica principalmente por el ingreso de los fondos del Fideicomiso de la Seguridad Social (de los "cincuentones") que se dio a partir de octubre".

¿Cuánto es ese efecto? "Dicho ingreso se registra dentro del Banco de Previsión Social (BPS) y tuvo un efecto neto de 1,3% del PIB (US$ 781,9 millones) en 2018", según el MEF.

De hecho, "los ingresos propios del BPS mostraron una caída de casi 0,2% del PIB entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018, lo que fue compensado por mayor recaudación de la Dirección General Impositiva y de los ingresos asociados al comercio exterior. Adicionalmente, los otros ingresos del gobierno central mostraron un incremento de 0,2% del PIB en 2018, principalmente por la transferencia del excedente del Fondo de Estabilización Energética", añadió.

Jugó en contra el resultado primario corriente de las empresas públicas que "cayó 0,2% del PIB en 2018 fundamentalmente por lo observado en Ancap y UTE, por "el desalineamiento de las tarifas de los combustibles respecto al costo del petróleo" en pesos en el promedio del año y por mayor costo de abastecimiento de la demanda, respectivamente, indicó el MEF.

El gasto del sector público no financiero fue de 30,4% del PIB en 2018, un incremento de 0,4% del PIB respecto a 2017. Hay un incremento de 0,3% del PIB, "que se explica en partes iguales por mayor pago de pasividades, gastos no personales y remuneraciones (principalmente por los incrementos presupuestales aprobados en la Rendición de Cuentas para ASSE, ANEP, UdelaR e INAU)", dijo el MEF.

"El pago de intereses representó en 2018 un 3,5% del PIB, mostrando un incremento de 0,2% del PIB con respecto al año anterior", agregó.

El Efecto "cincuentones" en el déficit

"Cincuentones". La ley 19.590 permite a los denominados "cincuentones" desafiliarse de las AFAP y quedarse exclusivamente en el Banco de Previsión Social (BPS). Los "cincuentones" son trabajadores que eran menores de 40 años cuando en 1996 comenzó el sistema mixto y se vieron obligados a afiliarse (por su nivel salarial) a una AFAP, pero al momento de jubilarse algunos se ven perjudicados en su pasividad (respecto a la que hubiera sido sin afiliación a la AFAP).

Dinero acumulado.
Al momento que dejan las AFAP, el dinero acumulado en ellas pasa al Fideicomiso de la Seguridad Social. Es decir, contablemente (así lo marcan los manuales del Fondo Monetario Internacional) es un ingreso a las arcas del Estado.

Efecto contrario. Pero, el Ministerio de Economía y Finanzas comentó a FMI que al cabo de cinco años, esta operación debilitará las finanzas públicas en la medida en que el gasto previsional adicional (generado por los cincuentones cuando se jubilen enteramente por BPS en vez de mitad por este y mitad por la AFAP) superará con creces los mayores ingresos actuales.

Costo. El gobierno estima que el costo total de esta operación sería del orden de 4% del PIB (en valor presente neto calculado sobre los próximos 30 años).

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