Recurso de amparo

Ante denuncia, la Justicia decidió frenar el “Gran hermano” del transporte de carga

Una empresa que entendió hubo irregularidades en el proceso de homologación para proveer el servicio realizado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, recurrió a la Justicia. El juez Gabriel Ohanián concedió el recurso de amparo y suspendió la implementación del Sictrac.

De implementarse el Sictrac, toda la flota de carga del país pasará pasará a tener una espacie de GPS que brindará información. Foto: D. Borrelli
Camiones: de implementarse el Sictrac, toda la flota de carga del país pasará pasará a tener una espacie de GPS que brindará información. Foto: Darwin Borrelli

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Podría definirse como una de “las novelas del verano”, porque ha tenido idas y vueltas propias de una ficción literaria. Es el Sistema Integral de Control de Transporte de Carga (Sictrac), denominado el “Gran hermano” del sector ya que es un GPS que indicará recorridos, horarios, mercadería, chofer y varios datos más de toda la flota de camiones de carga del país.

Según había resuelto el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), el sistema pasaría a ser obligatorio desde el 18 de febrero. Pero comenzaron a aparecer cuestionamientos por falta de transparencia en el llamado a homologarse para proveer el servicio.

A su vez, la instalación del Sictrac provocó una ruptura en la gremial del sector, ya que la directiva defiende el nuevo sistema pero buena parte de las gremiales que la integran están en contra y enviaron una carta al ministro Víctor Rossi pidiendo la suspensión.

Así se llegó hasta ayer, cuando el juez de lo Contencioso Administrativo, Gabriel Ohanian, se pronunció sobre un recurso de amparo que presentó la empresa Sitrack, firma argentina dedicada a la provisión de servicios de información con tecnología que acudió al llamado del MTOP para ser proveedora y no fue homologada.

La denuncia dice que “un buen día la Administración dicta sin explicitación de fundamento alguno una resolución que define condiciones desconcertantes, con nulo sustento técnico y manifiestamente apartadas de cualquier razonabilidad, limitando severamente o inviabilizando la participación de Sitrack S.A. en el mercado, tras 15 años de trabajo”.

Entre los requisitos, cuestionó la obligación de “instalarse físicamente dentro de territorio nacional”. Sitrack tiene su da- ta center en Mendoza (Argentina), desde donde controla los vehículos de sus clientes. También apuntó que “la resolución no fue notificada ni publicada a pesar de ser trascedente”.

Convocado por la Justicia, el MTOP respondió diciendo que hubo “un llamado a expresión de interés que no es una licitación ni una convocatoria a procedimiento competitivo”, en donde “la Administración fija pautas y niveles de servicio que entiende pertinentes para que se realice una buena gestión”.

Sobre la obligación de instalar el servidor en Uruguay, la secretaría de Estado expresó que surge del decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto 2010-2014 y que “al ser datos confidenciales propiedad de MTOP el organismo no debe arriesgarse a que se vuelvan públicos”.

El juez Ohanian atendió la demanda presentada y ordenó “la suspensión transitoria” de la resolución del MTOP de enero de 2018 que establecía las condiciones que se debían cumplir para ser proveedor del Sictrac, hasta tanto se expida “sobre la procedencia de la medida cautelar” el Tribunal de lo Contencioso Administración (TCA).

Según explicó a El País el director de Transporte, Felipe Martín, este dictamen “tiene carácter suspensivo (del Sictrac) hasta que se presente la argumentación del MTOP” contra la decisión, para lo que hay un plazo de unos 20 días.

El ministro Rossi había manifestado a principios de mes a El País que el proceso de homologación se ajustó a las normas y que si alguna empresa tenía observaciones, están “previstos todos los mecanismos para que se establezcan los recursos y si no fueran suficientes, están los instrumentos legales que el país tiene; pueden recurrir ahí”.

El legislador del Partido Nacional Juan Olaizola solicitó a la Comisión de Transporte de Diputados la convocatoria de Rossi y Martín para que den explicaciones sobre las denuncias en torno al Sictrac.

Sentencia.

Ohanian señaló que “llama la atención” que no se notificara del llamado a interesados “a las cámaras o empresas del rubro, o se publicara en el diario oficial y diarios de plaza, puesto que se procuraba que se presentara la máxima cantidad de interesados”. “Salta a la vista la inadecuación existente entre el trámite verificado y lo que la Administración afirmó querer hacer: no existe llamado a interesados que pueda tramitarse en reserva”, agregó.
También coincide con la empresa denunciante en que imponer que los servidores estén en Uruguay es “un avasallamiento claramente ilegítimo a los derechos de libertad de empresa, comercio y trabajo”. “No existe en todo el expediente un solo fundamento que haya sido expuesto por la parte demandada de por qué motivo se exige” esto, indicó Ohanian.

En igual sentido se pronunció un ingeniero en computación consultado para una pericia técnica sobre esa exigencia.

Ohanian reconoce que el pedido de amparo debe hacerse tras agotar las vías de reclamo ante el MTOP, pero entiende que visto “el tiempo que insume el agotamiento de la vía administrativa” y que Sitrack en ese período “dejaría de prestar los servicios a sus clientes”, es de recibo el recurso presentado.

denuncia

Apuntan a empresas ligadas a la intergremial

Hace 10 días, El País dio cuenta de que empresas de tecnología y monitoreo satelital reclamaban contra el proceso realizado por el MTOP respecto al Sictrac, y entendían que se dirigió la homologación hacia dos empresas (Sit S.A. y Bidafox) que trabajan con la Intergremial del Transporte Profesional de Carga (ITPC) -la semana pasada se homologó a una tercera firma: Terinol. Según informó Búsqueda, ambas compañías son propiedad de Carlos Baladón y las oficinas de Bidafox están en el mismo predio que la sede de la ITPC. Esa firma tiene la mitad del mercado de precintos electrónicos exigidos por la Dirección de Aduanas, un negocio “que financia a la ITPC”, según reconoció a Búsqueda su presidente, Mauro Borzacconi, aunque desestimó las acusaciones de direccionamiento del proceso. También ese semanario informó que el exministro de Economía, Fernando Lorenzo, y David Eibe (exdirector de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía) asesoraron a la ITPC acerca de las exoneraciones fiscales que las empresas proveedoras del servicio obtuvieron. El director de Sitrack (empresa demandante), Kenneth Van Rompaey, dijo ayer a El País que “ahora podemos aportar muchos más elementos” sobre la denuncia de direccionamiento del proceso hacia las firmas mencionadas. “Salió gente a hablar y la prensa investigó, ya puedo decir quién organizó esta joda”, indicó y sostuvo que podría anexarse esa información a la acción de nulidad del Sictrac que está en la Justicia. Los empresarios entienden que se buscó instalar una especie de monopolio en la provisión del servicio, atrasando la habilitación de nuevas empresas para que “cuando nos homologuen ya sea demasiado tarde” para captar clientes, dijo hace unos días a El País el director de Punta Tracking -otra empresa que se interesó y no fue homologada-, Diego Borda. También Wilson Gándara de la Unión de Transportistas de Soriano dijo a Búsqueda que “esto es un negociado de la directiva de la ITPC”. Según informó Telemundo, el negocio por la venta de los equipos para el Sictrac generaría unos US$ 14 millones al año.

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