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La DGI estima recaudar US$ 182,5 millones producto de la mayor defraudación de la historia

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Desde DGI vigilan hace 18 años la evolución del stock de créditos para evitar evasión. Foto: archivo El País

EVASIÓN DE IMPUESTOS

La maniobra delictiva con facturas u201ctruchasu201d fue detectada por la Dirección General Impositiva en 2017 y se trata de la evasión de impuestos más alta.

Casi cinco años después de iniciada la investigación de una red delictiva que creaba empresas falsas y vendía facturas u201ctruchasu201d para evadir impuestos por parte de la Dirección General Impositiva (DGI), la Justicia dictó sentencia condenando a seis involucrados. Por esta maniobra, el fisco estima recaudar unos US$ 182,5 millones sumando la reliquidación de los tributos impagos y la multa por defraudación.

Este episodio delictivo había sido calificado tiempo atrás por el subdirector de Rentas, Álvaro Romano, como u201cla maniobra defraudatoria más grande de la historiau201d. La red de evasión era liderada por dos personas que creaban "sociedades de papel" (sin actividad real) utilizando testaferros y luego vendían a otras empresas las facturas para registrar compras inexistentes y así evadir impuestos.

Según información a la que accedió El País, la DGI contabilizó 338 actuaciones u201cintensivasu201d derivadas de la investigación principal a través del u201ccruzamiento de información y análisis de las empresas que descontaban impuestos con documentación emitida por empresas fraudulentasu201d.

Así el fisco determinó 127 liquidaciones de tributos de oficio -algunas aún en trámite judicial- y en 200 casos llegó a un acuerdo con los contribuyentes, quedando aún 11 actuaciones pendientes.

Los 327 expedientes ya finalizados suman cobros por evasión impositiva de $ 1.666,7 millones, además de $ 320 millones por multas y $ 654 millones por recargos. En el caso de las actuaciones aún en curso, los montos son $ 36,4 millones, $ 7,3 millones y $ 15,8 millones respectivamente.

A estos números debe incorporarse la multa estimada por el delito de defraudación, que llega a $ 4.113,2 millones -a valores actuales son US$ 119 millones- contabilizando todas las actuaciones. Este monto será abonado por las empresas que utilizaron las facturas apócrifas, siendo responsables solidarios de la deuda quienes crearon sociedades y sus testaferros. Sumando todo se llega al total de US$ 182,5 millones que estima cobrar la DGI por esta maniobra delictiva.

Factura electrónica. Foto: archvio El País.
Factura electrónica. Foto: archvio El País.

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Los primeros indicios de la maniobra fueron detectados en 2014 y al año siguiente se presentó una denuncia contra dos escribanos que creaban u201csociedades de papelu201d. En abril de 2016 se amplió la denuncia tras identificarse a los dos responsables de la megaestafa y ese mismo año la Justicia (a pedido de la DGI) hizo cuatro allanamientos en busca de pruebas. A su vez, el organismo investigó a imprentas, y denunció a otro escribano y a distribuidores por las "facturas truchas". La ampliación definitiva se hizo en marzo de 2017.

¿Por qué la DGI considera u201ctrascendenteu201d la sentencia judicial?

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El mes pasado el Juzgado Especializado en Crimen Organizado condenó bajo el viejo Código Penal a seis personas u201cen diversas calidades por el delito de defraudación tributariau201d. Entre los condenados están los responsables de los estudios jurídicos que u201cfabricabanu201d las facturas apócrifas, quienes ejercían como intermediarios con las empresas, testaferros y un empresario (ver aparte) que utilizó la documentación falsa para evadir.

La sentencia judicial fue analizada ayer en las Jornadas Tributarias de DGI por parte de Santiago Berrondo, director de la División Técnico Fiscal del organismo.

u201cLa sentencia representa un antecedente que entendemos de gran trascendencia, por algunos conceptos desarrolladosu201d que desde la DGI se evalúan como u201cimportantesu201d, sostuvo.

Berrondo destacó que la redacción del fallo en la parte referida a los titulares de los estudios jurídicos involucrados en la maniobra -condenados a tres años de penitenciaria-, ratificó lo planteado por la DGI al momento de la denuncia.

"No cabe duda que los mismos a través de sus respectivos estudios desarrollaron actividad con claros indicios de fraude fiscal de alto alcance, creando sociedades anónimas y vendiendo facturas con el claro propósito de la evasión fiscalu201d, dice la sentencia judicial.

El funcionario de DGI contó que u201cuno de los principales desafíos probatorios del caso fue encontrar aquellos sutiles matices que distinguían la actividad de estos estudios de aquellas entidades que legítimamente se dedican a la creación y venta de sociedadesu201d. En ese sentido, celebró que el fallo hablé de que hubo u201cverdaderas maniobras que aportaron un resultado más sutil que la utilización de boletas falsas; ya que las facturas así obtenidas respondían a un RUT con autorización de impresión de sociedades en formación, con apariencia de formalidad que permitía insertarlas en el comercio con mayor éxitou201d.

Maniobra fue exitosa porque hubo empresarios u201cdispuestosu201d a utilizar facturas

Santiago Berrondo, director de la División Técnico Fiscal de DGI, subrayó ayer que para que la actividad de los estudios que creaban sociedades u201ctruchasu201d fuera exitosa debía haber u201cun mercado de contribuyentes que directamente o a través de intermediarios, estuvieran dispuestos a utilizar esta documentación para la consecución de las distintas modalidades de maniobras defraudatoriasu201d.

Tiempo atrás, El País dio cuenta que el fisco investigó al menos a 200 empresas por la utilización de facturas apócrifas, y además envió una advertencia a 1.000 contribuyentes que habían descontado IVA a través de esa documentación. El director de Rentas, Joaquín Serra, había explicado que no todos los empresarios defraudaron al fisco, sino que en muchos casos fueron engañados por algún proveedor que no quería formalizar su actividad ante DGI.

Berrondo repasó que el empresario condenado u201ctenía incorporadas algunas facturas que en ciertos casos, no respondían a compras realesu201d. Una de las tramas de evasión contadas anteriormente por El País incluía a una avícola, que también cuenta con un molino, y recibía granos de un proveedor que no identificó.

u201cQuedó plenamente acreditado que el empresario contabilizó en su empresa facturas de empresas inexistentes, acercadas por el también acusado intermediario, y que si bien alguna de ellas respondieron presuntamente a negocios reales, en otros casos no fue así, y documentaban operaciones ficticias. En todo caso, teniendo presente la magnitud y el monto de los negocios en cuestión, ya que las facturas suman millones de dólares, llama la atención -y es indicio claro de culpabilidad- el desconocimiento que el empresario imputado demuestra en sus declaraciones en sede judicial acerca de las empresas proveedoras, y la utilización de facturas de empresas sin actividad en los hechosu201d, sostuvo el fallo del Juzgado Especializado en Crimen Organizado.

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