UNA MENOR INCIDENCIA DE ARGENTINA

Bajaron de 103 a 40 el año pasado; desde Argentina llegaron 76% menos.

Durante 2017 la Dirección General Impositiva (DGI) recibió un total de 40 solicitudes de información tributaria de parte de fiscos extranjeros, una cifra notoriamente inferior a los 103 pedidos recepcionados en el año previo y a la cantidad recibida en 2015, cuando le llegaron 92 peticiones desde el exterior.

Al comparar las solicitudes de información recibidas el año pasado con 2016, se observa una caída del 61%. Esa evolución se explica principalmente porque los pedidos de datos tributarios que envió la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina se redujeron 76%, pasando de 94 (91% del total) a 22 en el año recién finalizado (55% del total).

En parte, la menor cantidad de datos solicitados por el vecino país puede deberse al blanqueo de capitales que impulsó el gobierno de Mauricio Macri entre 2016 y 2017, donde se sinceraron unos US$ 5.748 millones que argentinos tenían en cuentas de bancos locales (22% del total de depósitos blanqueados).

Según los datos de DGI a los que accedió El País, de las 22 solicitudes llegadas desde Argentina hubo 13 que ya fueron respondidas y nueve que aún están en curso. Los 18 pedidos de información tributaria restantes que arribaron en 2017, se reparten entre ocho llegados desde España, cuatro de Ecuador, dos de Portugal y uno de Chile, Francia, Israel e Italia.

Esos números marcan una ampliación de los países que pidieron datos fiscales a Uruguay, que fueron ocho en 2017 y habían sido solamente cinco el año previo: Argentina, España (4), México (2), Francia (1) e India (1). Mientras que en 2015 habían sido apenas cuatro, con el vecino país enviando 79 solicitudes, España nueve, Ecuador tres y Noruega una.

Se trata de pedidos de información a requerimiento con países con los que Uruguay tiene algún acuerdo de cooperación a nivel tributario, que permite a los fiscos extranjeros solicitar datos sobre los bienes o rentas de un contribuyente que está siendo investigado en su país de residencia.

De los 40 pedidos arribados a la DGI el año pasado, hubo 24 que fueron contestados y otros 16 siguen en curso, no habiendo rechazado ninguna solicitud. En cambio, entre 2013 y mitad de 2016, la administración tributaria había desestimado 58 pedidos que llegaron desde el exterior de un total de 210 que había recibido.

El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, sostuvo en el Parlamento tras la filtración de los "Panamá Papers" en julio de 2016 que Uruguay se maneja con "prudencia" ante las solicitudes de datos de fiscos extranjeros y aclaró que "no es que frente a cualquier pedido la administración tributaria automáticamente lo da".

Sin embargo, esa selección que aplica Uruguay ante los pedidos desde el exterior se terminará parcialmente este año, cuando inicie en septiembre el intercambio automático de información tributaria con 66 países en el marco de un proceso impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El director de Rentas, Joaquín Serra, explicó a El País que si bien la DGI recibirá los datos sobre las cuentas bancarias de uruguayos en esos países, deberá enviar información sobre sus ciudadanos a 53 administraciones tributarias, ya que hubo 13 que expresaron "que no tienen interés en recibir nuestro informe porque suponen que no hay riesgo en que sus residentes depositen en nuestros bancos".

La información bancaria que llegue será "recibida y procesada por nuestro sistema de análisis de riesgo y en general creemos será útil para elaborar planes de control e identificación de riesgos", comentó Serra.

Para acceder a los datos necesarios para el intercambio automático es que se aprobó a fines de 2016 la Ley de Transparencia Fiscal, que flexibilizó el secreto bancario y dispuso que las entidades financieras deban reportar a la DGI los saldos y el promedio anual de las cuentas por encima de determinado monto. La información de los no residentes será enviada a sus países de origen (siempre que estén dentro del acuerdo promovido por la OCDE) y la de residentes utilizada por la DGI para tareas de fiscalización.

Serra informó que las entidades obligadas a enviar la información "ya pueden acceder en la web de DGI a una clave para empezar a hacer pruebas" con el Common Reporting Standard (CRS), un sistema unificado para el intercambio de datos ideado por la OCDE. Tras esta etapa de ensayo que se extenderá hasta marzo, deberán comenzar con los reportes correspondientes al ejercicio 2017 en abril.

Uno de los capítulos de la Ley de Transparencia Fiscal aprobada a fines de 2016 establecía un conjunto de medidas con la finalidad de desestimular el uso de sociedades creadas en países de baja o nula tributación (BONT), denominados popularmente como "paraísos fiscales". En particular se apuntaba al uso más habitual de este tipo de instrumentos por parte de uruguayos, que es la tenencia de inmuebles a nombre de estas entidades para eludir el pago de ciertos impuestos.

Se dispuso un aumento de la carga impositiva —se duplicó la alícuota del Impuesto al Patrimonio y se incremento la tasa del Impuesto a la Renta de No Residentes (IRNR) del 12% al 25%, quedando por ejemplo las rentas inmobiliarias gravadas al 30,25%— para aquellas sociedades constituidas en países o jurisdicciones BONT que tengan vinculación con sujetos o entidades residentes en Uruguay o posean activos en el país. Pero también se fijó un "período ventana" (hasta el 30 de junio de 2017) para que esas sociedades puedan disolverse y transferir sus activos a otras entidades de origen nacional o instaladas en países no BONT sin pagar impuestos por la transacción, o redomiciliarse en Uruguay siempre que crearan una sociedad anónima.

De acuerdo a los datos proporcionados por la Dirección General Impositiva (DGI) a El País, el año pasado se logró que más de 1.400 sociedades radicadas en territorios BONT fueran clausuradas o redomiciliadas en Uruguay.

Según información brindada a mitad de 2016, ante la DGI había registradas un total de 1.900 sociedades en países BONT, por lo que durante el "período ventana" fijado por la normativa se logró que casi el 75% de esas entidades cambiaran su situación. Especialistas en temas tributarios habían adelantado en enero de 2017 que algunos propietarios de sociedades instaladas en paraísos fiscales no cambiarían de régimen pese a pagar más impuestos por un tema clave: el anonimato.