JORNADAS TRIBUTARIAS

La DGI sale al cruce de 9 "mitos" sobre fiscalización

Inspecciones no duran años y potestades no son excesivas.

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Serra: "Hay mitos sobre la DGI que no tienen base empírica". Foto: Fernando Ponzettto

Hay una serie de mitos instalados sobre la relación entre la Dirección General Impositiva (DGI) y el contribuyente que no tienen base empírica", dijo ayer el director de Rentas, Joaquín Serra. Durante su presentación en las IX Jornadas Tributarias, enumeró nueve de esos "mitos" y presentó datos que a su juicio demuestran la falsedad.

El primero es que las inspecciones siempre terminan con liquidación de impuestos porque los inspectores cobran un porcentaje del dinero recaudado. Indicó que esto es falso, los funcionarios cobran por metas grupales de cantidad de auditorías, no por sus resultados.

El segundo es que el fisco determina deudas sin criterios técnicos y sin escuchar al contribuyente. Serra mencionó que previo a cualquier acto administrativo, la DGI da vista al contribuyente para que pueda hacer sus descargos, y que luego de la resolución puede impugnarla ante la Justicia. En los últimos años entre el 10% y 15% de los recursos interpuestos culminaron con la revocación total o parcial de la resolución de la DGI, explicó el director de Rentas.

El siguiente "mito" es que se determinan mal las deudas. Para refutar esto, el director de Rentas informó que en los últimos tres años, el 83% de las inspecciones culminó con la aceptación de la deuda y solo 5% fueron recurridas, con 2% que derivaron en recursos de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).

También cuestionó la idea que las inspecciones duran años. Indicó que en los últimos tres ejercicios la duración promedio de los controles fue menor a un año, superando solo el 4% el plazo de 12 meses.

Otra creencia, que objetó Serra, es que la DGI impide el funcionamiento de las empresas auditadas mediante un uso abusivo de medidas cautelares como el embargo. Detalló que en los últimos tres años se promovieron medidas cautelares en 3% de las actuaciones inspectivas. El sexto "mito" es que el fisco abusa de sus facultades sancionatorias. El jerarca respondió que solo el 10% de las inspecciones concluyeron con multas por infracciones de defraudación y que a su vez el promedio de esa sanción fue tres veces lo defraudado (cuando la ley permite una multa hasta 15 veces superior).

El séptimo refiere a que la DGI determina clausuras de establecimientos sin las garantías del debido proceso. Desde 2007 que los cierres se concretan luego de dar vista al contribuyente y de tener el fallo previo del juez —aunque está la facultad de hacerlo a los tres días de comunicada—, expresó Serra y presentó datos: 10% de las presentaciones en la Justicia entre 2007 y 2014 terminaron con fallos favorables al pedido de la defensa.

Luego se refirió a la acusación de "Gran Hermano" por los poderes de acceso a datos y cruzamiento de los mismos para controlar. "Desde hace 57 años tenemos las mismas facultades", manifestó en referencia a que una ley de 1960 estableció que el fisco "dispondrá de amplias facultades de fiscalización e investigación, pudiendo eventualmente recurrir a información de terceros". A su vez, comparó el acceso a los datos bancarios que tendrá la DGI cuando el Parlamento apruebe una nueva flexibilización del secreto: "Tendremos menos facultades que las que había entre 1968 y 1982 para acceder a información bancaria" y añadió que "en muchos países democráticos las administraciones tienen en línea la información de los bancos".

El último "mito" que refutó es que se rompió el equilibrio entre las facultades de la DGI y los derechos de los contribuyentes.

Citó un trabajo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) que fija 15 derechos fundamentales de los contribuyentes, de los que Uruguay cumple 14 en forma plena y uno en forma parcial.

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