INFORME

"La corrupción afecta el crecimiento de los países y la innovación” además de “generar desconfianza y deslegitimidad del Estado y las instituciones”, así lo indicó Pablo Sanguinetti, vicepresidente de Conocimiento de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, en la presentación del Reporte Anual de Economía y Desarrollo del organismo.

El informe, titulado “Integridad en las políticas públicas: claves para prevenir la corrupción” muestra, entre otras cosas, el índice de percepción de la corrupción, la solicitud de sobornos y la percepción empresarial sobre la incidencia del pago de sobornos en América Latina.

Al evaluar la percepción de la corrupción en los diferentes países de la región, Uruguay obtuvo la mejor puntuación como el país en que se percibe menos corrupción en el Estado y las instituciones. En concreto, el país tuvo un puntaje de 70 (en una escala del 0 al 100 en donde mayores valores indican una menor percepción de corrupción), seguido de Chile, Costa Rica y Cuba. Entre los países en donde la percepción es mayor se encuentra Venezuela (menos de 20 puntos), Nicaragua y Guatemala (ambos apenas por encima de los 20 puntos).

El reporte midió además el porcentaje de la población de cada capital de los países de la región que declaró haber recibido en el último año alguna coima o soborno por parte de un funcionario público para agilizar un trámite u obtener un servicio.

En ese sentido, Uruguay también se ubicó en el podio con tan solo un poco más del 10% de la población de Montevideo que declaró haber recibido una solicitud de soborno, solo antecedido por San Pablo (no llegó al 10%). Las capitales con peores resultados en este punto fueron La Paz (más del 35% de la población), Ciudad de México (35%) y Lima (menos del 30%).

En cuanto al sector empresarial, el reporte de CAF midió el porcentaje de empresas en cada país que afirman que compañías similares a la suya pagan sobornos para asegurar contratos con el Estado.

A diferencia del resto de los países, Uruguay fue el único donde ninguna empresa señaló la incidencia del pago de sobornos, mientras que Venezuela obtuvo el peor lugar en la tabla (más del 40%), seguido de República Dominicana (más del 20%) y de México (apenas por encima del 20%).

Asimismo, el reporte de CAF releva los datos del Worldwide Governance Indicators del Banco Mundial sobre control de corrupción y concluye nuevamente que Uruguay es el de mejor resultado, siendo el país de la región latinoamericana con mayor control de la corrupción (ubicándose cerca del percentil 90 en una escala del 0 al 100), seguido de Chile (en el percentil superior a 80) y de Costa Rica (ubicado en el percentil cercano a 70).

“Países como Chile, Costa Rica y Uruguay ostentan valores cercanos a los de países desarrollados”, indicó el reporte.

La integridad de las políticas públicas fue el principal foco de preocupación expuesto por Sanguinetti, dado que “la falta de integridad desvía las decisiones de los gobiernos en función de maximizar los intereses colectivos y en cambio favorece a intereses particulares”.

Esto, según el economista “es peligroso” dado que un proceso generalizado de falta de integridad redunda en una falta de legitimidad y confianza en las instituciones y por ende en la democracia.

Sobre este punto, CAF señaló que si bien la producción y divulgación de la información de la gestión pública es clave para una mayor transparencia, también es fundamental que la ciudadanía esté activa y reaccione frente a esa información.

Sin embargo, una encuesta del organismo reveló que aproximadamente una tercera parte de los individuos de América Latina no reconoce como actos de corrupción hechos que sí lo son. Además, hay otros factores que aumentan la tolerancia de las personas hacia la corrupción, como la percepción de que el funcionario público competente es “el que roba pero hace”, indicó Sanguinetti.

SUGERENCIAS PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN
?Con el objetivo de brindar cierto marco teórico para mejorar el accionar de los gobiernos latinoamericanos, el reporte de CAF presentó algunas soluciones a implementar frente al problema de la corrupción y la falta de transparencia.

Entre las primeras claves, el reporte identificó cuatro principales áreas de acción. La primera es generar reglas que controlen mejor la función pública, lo que según Sanguinetti significa “usar pero no abusar” de protocolos y criterios objetivos para la toma de decisiones en el ámbito público.

“El funcionario necesita cierta autonomía para ejercer su función y está bien, pero para otros aspectos como las compras públicas precisamos más reglas, más control en contratos de infraestructura por licitaciones, simplificar y digitalizar aún más los trámites públicos”, explicó el vicepresidente de CAF.

La segunda clave para el combate a la corrupción, refiere a mejorar los mecanismos de entrada a la burocracia y a la política, es decir, que los funcionarios electos y los que estén por entrar al sistema tengan las características y valores necesarios para hacer bien las cosas, además de la competencia técnica y académica para el cargo.

Como tercera clave, Sanguinetti hizo referencia a la transparencia y control ciudadano, “debemos involucrar más a la ciudadanía porque son los que pagan los costos, la sociedad tiene que controlar a los políticos”, indicó.

En cuarto lugar, está la importancia de mejorar la gobernanza de la interacción público-privada ya que “hay intereses privados que no siempre son tan pasivos sino activos” dijo Sanguinetti y manifestó que si se le exige transparencia al sector público también se le debe exigir al sector privado.

Sobre este punto el vicepresidente de Conocimiento de CAF puso como ejemplo a Uruguay como un país que desarrolla bien la gobernanza y la interacción entre lo público y lo privado.

Por otra parte, el reporte puso el foco en la necesidad de fortalecer la fiscalización y las auditorías del ámbito público: tanto de las instituciones como de los funcionarios.

“Si tenemos las reglas y los mecanismos pero después no tenemos quien los sancione es lo mismo” dijo Sanguinetti y exhortó a que las auditoras trabajen en conjunto con la Justicia para que haya sanciones y condenas a los delitos de corrupción.

Por último, el reporte de CAF hace énfasis en otras herramientas que pueden utilizarse para mejorar la transparencia en la gestión pública, tales como el fomento de sistemas electorales competitivos y transparentes, la profesionalización del servicio civil, el aumento del atractivo de la función pública frente a los buenos salarios de la actividad privada, el fortalecimiento de la institucionalidad contra pago y ofrecimiento de sobornos, la regulación de actividades de cabildeo (lobby) y el refuerzo de estas medidas de control por sectores, principalmente en el de infraestructura.