VISIÓN EXTERNA

De un lado de la balanza la seguridad jurídica, el libre movimiento de capitales, los regímenes preferenciales y el grado inversor. Del otro, aspectos como las relaciones laborales y el poder de los sindicatos, subsidios que favorecen a empresas públicas, escaso desarrollo del mercado de capitales, y problemas educativos y de seguridad.

Esas son algunas cosas que plantea el segmento sobre Uruguay del u201cInforme sobre clima de inversiones 2019u201d del Departamento de Estados de Estados Unidos conocido ayer.

Allí se detalla que en la actualidad hay unas 120 empresas estadounidenses con inversiones en el país, en sectores variados como la silvicultura, el turismo y los hoteles, los servicios (por ejemplo, centros de llamadas u oficinas administrativas) y las telecomunicaciones.

u201cEl gobierno de Uruguay reconoce el importante papel que cumplen las inversiones extranjeras en el desarrollo económico y sigue manteniendo un clima de inversiones favorable que no discrimina a los inversores extranjerosu201d, destacó el Departamento de Estado.

Agregó que u201cla mayoría de las inversiones se permiten sin necesidad de autorización previa y los inversores pueden transferir libremente su capital y las ganancias que obtienen de sus inversiones al exterioru201d.

Además, la dependencia del gobierno estadounidense avaló el sistema jurídico local por tratar u201cde la misma manera a las inversiones nacionales y extranjerosu201d, y al Poder Judicial que definió como u201cindependiente del Poder Ejecutivou201d.

Las firmas estadounidenses instaladas en el país u201cno han identificado a la corrupción como un obstáculo para la inversiónu201d. En esa línea, se remarcó que Uruguay posee u201cleyes para prevenir el soborno y otras prácticas corruptasu201d.

A nivel financiero, se consideró a Uruguay u201cun país fiscalmente transparenteu201d, con procedimientos u201cconsistentes con las normas internacionalesu201d.

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A su vez, en el documento se analizó que hay un déficit y una deuda pública u201crelativamente alta en comparación con su grupo de calificaciónu201d, aunque resaltando que Standard & Pooru2019s y Moodyu2019s evaluaron a Uruguay dos escalones arriba del umbral del grado inversor con una perspectiva estable.

En contrapartida, el informe sostiene que u201cpequeñas y medianas empresas industriales (Pymes) de Estados Unidos describen el mercado uruguayo como difícil de ingresar en algunos sectores de la economíau201d, lo que atribuyen a u201crelaciones comerciales y lealtades heredadas, junto con una resistencia cultural por parte de distribuidores y clientes para confiar en nuevos productoresu201d.

Sobre las empresas públicas uruguayas, se señaló que u201ctienden a tener la mayor participación de mercado incluso en sectores abiertos a la competenciau201d, lo que podría producir u201csubsidios cruzados (que) probablemente otorguen a estas empresas una ventaja sobre sus competidores privadosu201d.

Seguidamente y al referirse a algunos fenómenos sociales, el informe identificó que el u201ccrimen violento va en aumento en Uruguayu201d y que se u201cestá experimentando una crisis en el sistema de educación públicau201d.

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El Departamento de Estado expresó que u201cla economía se ha enfriado desde 2015 y la tasa de desempleo ha aumentadou201d. En ese marco, consideró que u201clas empresas intensivas en mano de obra están cada vez más estresadas, y la creación de nuevas empresas en Uruguay no está reemplazando los empleos mejor pagos que se pierden al salir firmas del sector privadou201d.

Pese a reconocer la situación conflictiva a nivel mundial por la desaceleración del comercio y la automatización, se marca que u201cen Uruguay el movimiento obrero dominante, los altos impuestos y los bajos márgenes de ganancias corporativas exacerban aún más la situación laboralu201d. Respecto a los sindicatos, el informe señaló que u201cvarios adoptan posiciones fuertemente izquierdistas, antiimperialistas y anticapitalistasu201d.

Agregó que propietarios de negocios argumentan que hay u201csindicatos (que) son particularmente agresivos y que los conflictos laborales se intensifican rápidamenteu201d, por lo que reclaman u201cla creación de un proceso de disputas laborales que defina los pasos necesarios antes de que los trabajadores puedan ocupar un lugar de trabajou201d.

A propósito, el gobierno estadounidense repasó que las administraciones del Frente Amplio apoyaron u201cla posición de los sindicatos de que las ocupaciones de lugares de trabajo son una extensión del derecho de los trabajadores a la huelga, lo que les permite ocupar lugares de trabajo legalmenteu201d.

También se mencionó que los gremios u201ctienen una relación cercana con el Frente Ampliou201d y que líderes u201cdel Partido Comunista han ocupado puestos de liderazgo en los sindicatos y dentro del Ministerio de Trabajou201d.

El documento añadió que u201clos despidos a menudo resultan en conflictos laborales, incluso si se requieren para ajustar el empleo a las condiciones fluctuantes del mercadou201d. Menciona que hay empresarios que u201cdescriben las leyes laborales locales como rígidas y muy onerosasu201d.