SEGURIDAD SOCIAL

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La Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) debe presentar el diagnóstico del sistema jubilatorio (base para la reforma del mismo) en los primeros días de febrero, pero (como informó El País) se evalúa prorrogar el plazo. Así lo solicitó el Pit-Cnt, por ejemplo.

Mientras, desde hace algunas semanas ya circula entre los integrantes de la CESS un borrador del diagnóstico. ¿Qué se plante allí? ¿Qué pistas hay sobre posibles cambios? El País accedió al documento.

El mismo contiene diferentes capítulos: “contexto demográfico, contexto laboral, el sistema previsional (estructura, cobertura, suficiencia, sostenibilidad financiera, equidad, parámetros, gobernanza), régimen general, regímenes especiales. régimen de ahorro individual obligatorio (etapa de acumulación y de desacumulación) y regímenes voluntarios”.

¿Cuáles son los aspectos más relevantes que la comisión ha detectado (hasta el momento) sobre el sistema jubilatorio actual?

“Elsistema previsional uruguayo se generó en forma aluvional a lo largo de más de un siglo. Como consecuencia, existe heterogeneidad de derechos y obligaciones entre los diferentes regímenes, incluso al interior del Banco de Previsión Social (BPS)”, sostiene el borrador. Eso lleva a que “cada peso aportado al sistema genera beneficios de diferentes cuantías, según el sector de afiliación de las personas” y “similar desigualdad existe en relación con la posibilidad de continuar con la actividad laboral luego de la jubilación. En los hechos, este trato desigual perjudica a quienes se jubilan como trabajadores del sector de industria y comercio; todos los demás, luego de jubilados o retirados pueden desarrollar la actividad laboral en el sector privado”, afirma.

Por otro lado, señala que “de la población de 65 y más años, el 98% percibe un beneficio del sistema previsional” y asegura que “cualquier alternativa de reforma debe proponerse el objetivo de mantener este logro”.

Un aspecto clave es el dinero recibido como jubilación o pensión, el borrador sostiene que “la suficiencia de los beneficios, con relación al objetivo de evitar situaciones de pobreza en la vejez, es una fortaleza” ya que solo 1,8% de los mayores de 65 años son pobres.

Mientras que el “objetivo de sustituir razonablemente los ingresos de actividad por beneficios jubilatorios, está en línea con los valores alcanzados por los países de mayor desarrollo relativo”, añade.

La tasa de reemplazo (porcentaje del sueldo que se cobra como jubilación) es en promedio del 60% (en los países de la OCDE es de entre 45% y 60%), con “la población del quintil más pobre que obtiene, en promedio, una tasa de reemplazo de 116% y la del más rico del 33%”, explica. Pero, advierte que “esta suficiencia podría verse afectada a la baja” por “el aumento de los desafíos de financiamiento, los cambios probables en el mercado de trabajo, tasas globales de retorno de las inversiones persistentemente bajas y el aumento de la longevidad”, por lo que se requieren acciones para mantenerlas o atenuar su baja.

En cuanto a la sostenibilidad financiera, la comisión indica que “el gasto previsional de Uruguay es de los más altos del mundo, teniendo en cuenta el grado de envejecimiento del país y su nivel de desarrollo” y además se prevé que suba en las próximas décadas.

Por eso, el documento dice que “es necesario corregir la trayectoria que presentan las erogaciones destinadas a jubilaciones, retiros y pensiones, de manera de alcanzar niveles de gasto compatible con el desarrollo de otras políticas públicas igualmente relevantes y asegurar los fundamentos de la prosperidad económica y social”.

“La edad mínima de retiro en Uruguay (60 años) resulta baja cuando se la compara con la de países de similar situación demográfica y nivel de desarrollo”, sostiene la CESS y agrega que “existe un conjunto de sectores de actividad como el militar, el policial o la docencia en los que, por las propias reglas del sistema o por la existencia de fuertes bonificaciones, algunas personas pueden acceder a un retiro permanente con edades del orden de los 50 años”.

“El prolongado período de sobrevida que supone una edad mínima de retiro a los 60 años (21 años en hombres y casi 27 en mujeres) le impone una fuerte tensión al sistema y hace sumamente difícil establecer un vínculo equilibrado entre aportes y beneficios de los individuos a lo largo del ciclo de vida”, advierte. De hecho, casi todos los pasivos reciben más jubilación que lo que aportaron durante su vida laboral.

Además, “la existencia de grupos de trabajadores que pueden acceder a prestaciones permanentes hasta 10 años antes que el resto de la población, aproximadamente, enciende una luz de alerta sobre el desempeño del sistema en diversos aspectos (sustentabilidad, equidad, etc.)”, cuestiona.

Por otro lado, la CESS dice que “las tasas de aportación sobre el trabajo de nuestra economía resultan elevadas en la comparación internacional” y que la suba de las mismas “presenta restricciones, dado su actual nivel” por lo que “las opciones para mitigar el actual desequilibrio financiero del sistema difícilmente puedan actuar significativamente sobre esta variable”.

“El régimen de previsión social militar se financia fundamentalmente mediante recursos fiscales generales y prevé beneficios marcadamente excepcionales”, critica la comisión y además señala que “la cobertura y beneficios previstos por el régimen previsional militar no responden a riesgos o contingencias propiamente previsionales ni su diseño responde a lógicas habitualmente aplicadas en dicho ámbito” y que “el volumen de recursos requeridos es muy elevado desde el punto de vista fiscal”.

La CESS también cuestiona lo que ocurre con las otras cajas (Policial, Notarial, Bancaria, de Profesionales) y advierte que se da “la participación de la sociedad en el financiamiento” de las mismas “vía tributos o paratributos”, lo que “implica transferencias de ingresos desde la sociedad hacia organismos que ofrecen jubilaciones que son entre dos y tres veces y media superiores a las del régimen general”.

El régimen de AFAP: ahorro

Sobre el régimn de AFAP, la CESS sostiene que “el diseño institucional del ahorro individual obligatorio ha sido eficaz para proteger el ahorro de los afiliados y dotarlo de garantías sobre su integridad”, que “las AFAP han tenido un desempeño satisfactorio en su objeto central, la administración de los fondos previsionales” y que “la existencia de solamente dos subfondos se evidencia como una limitación para lograr mejores rentabilidades, lo que justificaría analizar la habilitación de uno o más subfondos adicionales”.

El Frente Amplio (FA) cuestionó al borrador de la CESS. En un documento que el FA envió a la CESS (y al que accedió El País), el partido cuestionó, entre otros aspectos, que el borrador de diagnóstico del sistema jubilatorio presenta una “mirada parcial e incompleta”, “incursiona en valoraciones y sesgos en el discurso que no es posible compartir”, “integra parcialmente la opinión de algunas voces y actores recibidos” y “presenta afirmaciones que no se encuentran respaldados en evidencia o citas bibliográficas concretas”.

Por ello, el FA pide a la comisión que incorpore algunos puntos como ser comparación de bases legales de las prestaciones del sistema, detalles de leyes de reforma de los diferentes subsistemas, cuadros y gráficas de los principales indicadores de los subsistemas, entre otros. También le sugiere a la CESS “evitar realizar afirmaciones que no tengan un respaldo empírico que lo sustente y que esté disponible”.

Por otro lado, le pide que el formato del documento “discrimine la evidencia de las valoraciones”. También solicita que haya una “mayor profundización del análisis realizado sobre el mercado de trabajo uruguayo”, más en “un contexto de pandemia con enormes repercusiones sobre el mercado de trabajo y con efectos aun inciertos”. El FA tiene tres representantes en la CESS que “seguirán trabajando en el tema”, dice.