ANTEPROYECTO DE LA LEY DE URGENTE CONSIDERACIÓN

¿Qué dicen los analistas sobre las medidas del gobierno electo para empresas públicas?

Los técnicos opinaron sobre la liberalización de la importación de combustibles, el fortalecimiento de la Ursea y el mayor control sobre firmas satélites, incluidos en el anteproyecto de Lacalle Pou.

Planta de Ancap vista desde una altura. Foto: Gerardo Pérez
Liberalizar la importación de combustibles había provocado un cruce entre Lacalle Pou y Daniel Martínez durante la campaña. Foto: Gerardo Pérez.

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Los precios de los combustibles y la posibilidad de habilitar la libre importación fue uno de los temas candentes de la campaña electoral, incluso con cruces y chicanas entre Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez. “Internacionalmente queda claro que siempre conviene refinar en un país y no importar”, le dijo el frenteamplista en septiembre, durante un debate en la Expo Prado. “Me encantaría me expliques como hacía una persona para cargar combustible barato mientras Sendic fundía Ancap”, retrucó el ahora presidente electo.

En línea con esos planteos, Lacalle Pou incluyó en el borrador del proyecto de urgente consideración un artículo que dice: “Derógase el monopolio de la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados del mismo establecidos a favor del Estado y gestionados por Ancap. La prestación de dichas actividades se ejercerá en los términos y condiciones dispuestos por la reglamentación que a los efectos dictará el Poder Ejecutivo”.

En el plano político, se trata de una medida que ya generó diferencias entre los socios de la coalición multicolor al momento de elaborar el documento de consenso previo al balotaje. La libre importación de combustibles formaba parte del programa del Partido Nacional y no se incluyó en aquella propuesta programática. “Puede ser” un tema a negociar, señaló Lacalle Pou este jueves en radio Sarandí, al reconocer que genera polémica con sus socios.

Más allá de lo que ocurra en una eventual negociación política, hay analistas que creen que falta información para zanjar el debate.

“Hay pocos datos arriba de la mesa. Nunca vi elementos de juicio claros” que sustenten la libre importación, si no que hay “un componente más conceptual de autorizar la desmonopolización y permitir que le compitan a Ancap”, dijo a El País el socio de CPA y responsable de la consultoría de negocios, Bruno Gili.

El director del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), Diego Aboal, expresó a El País que “hay que tener más información sobre cómo se va a procesar” la medida para realizar un análisis, aunque “es positivo tratar de que haya más competencia en el mercado y que los precios estén más alineados con los valores internacionales”.

Sobre el debate que se vendrá al respecto, Aboal consideró relevante tener en cuenta aspectos como qué pasará con la refinería de Ancap y sus trabajadores, y que la producción local de combustible “da tranquilidad sobre un insumo clave” para los sectores productivos.

Mientras que el economista Ignacio Munyo, director del Centro de Economía Grant Thornton del IEEM, expresó en diálogo con El País que filosóficamente está a favor de la medida “porque genera incentivos para la competencia”, aunque advirtió que para que esto redunde en una mayor eficiencia y menores costos para el consumidor “se deben discutir a fondo todos los subsidios que están metidos en el precio de los combustibles”.

“En el fondo no se trata de un tema de eficiencia dentro de la planta de Ancap” sino en toda la cadena de producción y distribución, y si no hay una discusión de los costos asociados podría ocurrir que los privados que eventualmente compitan con Ancap vendan con sobreprecio al igual que el ente, logrando para sí “una renta extra”, sostuvo Munyo.

Planta de Ancap. Foto: Archivo El País
Planta de Ancap. Foto: Archivo El País

Agregó que se trata de un “tema complejo” que “si no se hace bien puede ser negativo”, pero si se efectiviza de forma correcta “será bien positivo”. “Si hubiéramos tenido la libre importación se hubieran evitado mucho de los excesos de Ancap en los últimos años”, apuntó.

La presidente del ente petrolero, Marta Jara, dijo en una entrevista con El País a principios de mes que está “demostrado que refinar en Uruguay genera valor, entre US$ 80 millones y US$ 100 millones por año”.

Además, la jerarca sostuvo que en caso de desmonopolizarse la producción de combustibles, “no tengo ninguna duda que al Uruguay en su conjunto le saldría más caro”, porque se trata de un negocio “sumamente riesgoso” y “Ancap sería el ganador” porque “es un productor mucho más eficiente que la importación”.

Estos técnicos junto a otros de distintos ámbitos suscribieron un documento divulgado a fines de 2019, con propuestas para reformar la gestión de las empresas públicas.

Gili señaló que algunos planteos se recogieron, como la intención de fortalecer el rol de la Ursea como agencia de control y que las tarifas reflejen los costos de las empresas, no así otros como la creación de “una especie de holding” que vigile la actuación de todas las compañías del Estado.

Sobre esto último, Munyo señaló que podría haber trabas constitucionales para implementarlo, y sostuvo que una alternativa es “volver a las reuniones de coordinación” -se hizo en el primer gobierno de Tabaré Vázquez- con la participación de los presidentes de los entes y servicios descentralizados. Este ámbito podría “ejercer la función de coordinación de políticas”, porque los compromisos de gestión que implementó la OPP en este período “no pasa nada si no se cumplen”.

Más control y salida a la Bolsa de las empresas satélites

“Hoy las empresas satélites son un problema”, porque el Parlamento no tiene poder para controlarlas y “han surgido una cantidad con múltiples fines”, sostuvo Diego Aboal, director de Cinve.

Por esto, consideró “positivo” que en el borrador de la ley de urgente consideración se propongan medidas para avanzar en el control de estas firmas, que operan en el derecho privado pero pertenecen a empresas públicas -como ALUR o Ducsa que son propiedad de Ancap, o Accesa de Antel-. Estas firmas satélites deberán tener un campo de actuación que no podrá “apartarse de la competencia atribuida” al ente madre (Ancap o Antel por ejemplo) y el Poder Ejecutivo “examinará” las ya existentes, pudiendo “formular observaciones” que deberán atenderse antes de “un plazo máximo” que se fijará.

Diputado Pablo Abdala pidió informes, Ancap aduce que contenedores no son su responsabilidad. Foto: ALUR
Planta de ALUR. Foto: ALUR

A su vez, sus directorios deberán ser integrados por “personas de notoria idoneidad técnica en la materia comprendida en el objeto social”, que tendrán que nominar un gerente general “que será responsable por las funciones ejecutivas de la empresa”. También se impulsará “un catálogo de buenas prácticas” acerca de la gobernanza de estas sociedades anónimas, previendo “como mínimo” que cumplan con las exigencias que tiene el Banco Central para quienes emiten oferta pública.

De hecho, el borrador plantea que “siempre que las condiciones lo permitan”, las satélites de los entes deberán “promover la apertura de una parte minoritaria de su capital accionario mediante la suscripción pública de acciones”. Esta salida a la Bolsa de las firmas “es un paso muy importante en la transparencia de la gestión”, y además le permitirá acceder a financiamiento para inversiones en momentos en “que el Estado tiene una situación crítica de sus finanzas”, dijo el economista Ignacio Munyo. “Es positivo para eliminar la discrecionalidad política que muchas veces hay en estas empresas”, señaló el socio de CPA, Bruno Gili.

Los puntos claves del borrador.

COMBUSTIBLES
crudo petróleo
Libre importación

Se plantea derogar el monopolio de Ancap de importación, exportación y refinación de petróleo. Es decir, que los privados que tengan interés podrán participar del mercado e importar combustible, aunque los analistas y la presidenta de Ancap han planteado dudas sobre que haya empresas dispuestas a entrar al negocio.

TARIFAS
Naftas: en la frontera con Argentina y Brasil serán más baratas. Foto: F. Ponzetto
Rol de la Ursea

Se propone que la Ursea examine de forma permanente las tarifas y precios” de los servicios que controla, y que formule “recomendaciones” al Poder Ejecutivo sobre “los criterios de fijación tarifaria”. Esto buscando que los precios “reflejen los costos de los servicios”. Para analistas se fortalece el rol de contralor.

EMPRESAS
Gráfica
Firmas satélites

Las sociedades anónimas que son propiedades de entes deberán cumplir con “un catálogo de buenas prácticas” de gobernanza y abrir parte de su capital accionario al mercado de valores. Esto último permitirá aumentar los controles, ya que hoy el Parlamento no tiene potestades de contralor sobre estas empresas.

Se fortalece el rol de la Ursea en fijación de tarifas
Hay posibilidades que el gobierno declare esencial el suministro de naftas. Foto: archivo El País

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) -con competencia sobre los combustibles- es una agencia de control, pero vio reducido su poder con una reforma hecha años atrás. Ahora en el borrador elaborado por el gobierno electo hay varias medidas que plantean reforzar su rol de contralor y de intervención en la fijación de las tarifas.

Hay varios artículos que modifican la ley de 2002 que regula la actuación de la Ursea, planteando entre sus cometidos “examinar de forma permanente las tarifas y precios” de los servicios que controla, y la formulación de “recomendaciones” al Poder Ejecutivo sobre “los criterios de fijación tarifaria”. También debe procurar que los precios “reflejen los costos de los servicios”.

El director de Cinve, Diego Aboal, dijo que estas propuestas “van en la dirección de fortalecer a la Ursea” y que el rol que le otorga para la fijación de tarifas “parece más fuerte que el actual”. Mientras que el economista Ignacio Munyo consideró que no podría fijarse la libre importación de combustibles “sin un órgano regulador fuerte que pueda controlar a los privados que entren al mercado”. Por su parte, el socio de CPA, Bruno Gili, sostuvo que la intención que “el regulador intervenga para la fijación de tarifas que reflejen los costos económicos de las empresas es una buena decisión”.

Consultado sobre estas propuestas el actual director de la Ursea por el Partido Nacional, Fernando Menéndez, dijo a El País que “se busca darle más independencia” al organismo, “algo que venimos promoviendo”. Señaló que “habrá que ver algunos aspectos de aplicación práctica” de estas medidas para que sean “realmente un progreso sustancial en el cumplimiento de los cometidos” que la ley le otorga a la Ursea.

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