El mundo está complicado: restricciones comerciales en ascenso entre Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y México, entre otros. A eso se suman tensiones que pueden llevar a conflictos en Medio Oriente. El proteccionismo y la incertidumbre no son buenos para una economía pequeña y abierta como la uruguaya. Además, la región tiene inestabilidad. Argentina, que venía en recuperación, fue golpeada por una crisis cambiaria que intenta superar y Brasil está sumido en una crisis política.

En la Rendición de Cuentas pasada, el gobierno proyectó un crecimiento de la economía de 2,5% para 2018. Tras la expansión de 2017 (fue 2,7% en vez de 2%), el ministro de Economía Danilo Astori señaló que para 2018 el Producto Interno Bruto (PIB) podía crecer 3%. Sin embargo, ahora que se conoce parte del efecto de la sequía (la cosecha de soja fue 59% menor a la de la zafra anterior), el crecimiento económico será menor. Astori dijo el lunes pasado que el efecto de la sequía u201ces medio punto del PIB en contrau201d.

A fin de 2017, los ingresos del sector público no financiero alcanzaron a 30% del PIB, al aumentar en 0,6% del Producto respecto a fin de 2016 tras el ajuste fiscal que realizó el gobierno. En 12 meses a abril se estabilizaron en 29,9% del PIB. La contracara es que el gasto público también creció en 2017 en 0,1% del PIB a 30,1% del Producto. En 12 meses a abril, había llegado a 30,3% del PIB. u201cNo es fácil reducir el gasto público en Uruguay. Hay mucho gasto endógenou201d, había dicho Astori a fin de febrero.

En 2016, 2017 y cuatro meses de 2018, los pagos de intereses de deuda se han mantenido casi incambiados en el 3,3% del PIB. Pero eso empezará a cambiar. El gobierno como el Banco Central pagan más tasa de interés en las emisiones de deuda de las últimas semanas, si bien son montos pequeños todavía. Pero la Reserva Federal de Estados Unidos elevará sus tasas de interés y eso repercutirá en los pagos de intereses de deuda de países como Uruguay. Hay una u201ctendencia al incremento de los costos financierosu201d, dijo Astori.

La de este año es la última Rendición de Cuentas de este período del gobierno en que se puede aumentar el gasto. Históricamente, en el último año de gobierno (es electoral) el gasto público crece. Para esta ocasión se suma que las elecciones se presentan (a priori) como las más reñidas desde 1994. Pero, la situación fiscal debería llevar al gobierno a que no suba el gasto para poder bajar el déficit. Así el gobierno opta por el camino del medio en la Rendición: sube el gasto, pero no mucho (entre US$ 140 y US$ 160 millones).

En 2016 el déficit fiscal fue de 3,9% del PIB (el mayor desde 1989), ajuste mediante, el rojo de las cuentas públicas se redujo a 3,5% del Producto a fin de 2017. Pero, de esa cifra no ha podido bajar (de hecho la meta fiscal era de 3,3% para fin de 2017) e incluso en los 12 meses a abril se ubicaba en 3,7% del PIB. Ahora, el gobierno se comprometió a llevarlo a 2,5% del PIB a fin de 2019. Incumplir esa meta puede llevar a las calificadoras de riesgo a revisar a la baja la nota de Uruguay, lo que encarecería el financiamiento.

La negociación salarial que comienza, también es la última del actual período. Sindicatos y empresarios están en veredas enfrentadas en cuanto a qué aumentos de salarios se pueden dar. El gobierno deberá encauzar la negociación y desestimar los pedidos sindicales para flexibilizar las pautas salariales. La tentación política de hacerlo puede generar problemas de más pérdida de empleo. En filas oficiales son conscientes de ello y de hecho lanzaron un programa para subsidiar la creación de 5.000 puestos de trabajo.

El dólar venía u201cplanchadou201d, hasta que en mayo saltó 9,08% (al comparar el cierre de mes frente a fin de abril), por la situación global y de Argentina. Una suba del dólar es necesaria para recomponer la competitividad de los productos uruguayos que ha estado afectada en los últimos dos años. Pero, por otro lado, el alza del billete verde también pega en los precios. La inflación de mayo ya lo reflejó y el efecto seguirá en los próximos meses. Más inflación puede elevar las demandas por ajustes salariales y afectar la competitividad.

Dos factores que el gobierno no controla: el precio del petróleo y el del dólar. Ambos vienen en ascenso y eso significa una cosa: suba de combustibles. El miércoles la presidenta de Ancap, Marta Jara, dijo en radio El Espectador que el próximo mes definirán si ajustan los precios de los combustibles, pero advirtió que u201choy habría que retocar al alzau201d. Una suba le incrementaría los costos a la producción agropecuaria que viene golpeada por la sequía y además se reflejaría en una mayor inflación.

En 2017, la inversión se ubicó en 16,8% del PIB. Al respecto, el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) señaló que u201cpreocupa la fuerte caída observada en la inversión que pasa a tener la participación más baja en el producto de los últimos 13 añosu201d. Recuperar la inversión privada para sostener el crecimiento y crear empleo genuino es uno de los objetivos del gobierno. El desafío es hacerlo en un año con fuertes incertidumbres externas. Para eso, apostó a modificar las exoneraciones tributarias a la inversión.