EL VIAJE DE LOS DÓLARES

Los del exterior tienen demoras para abrir cuentas y no logran financiación.

MATHÍAS DA SILVA

El alineamiento de Uruguay con criterios internacionales de transparencia y normas antilavado cambiaron el accionar de muchos actores, entre ellos el sector inmobiliario, que entiende fue uno de los más afectados y ha reclamado en varias ocasiones por esto. Ahora se quejan porque los bancos no brindan financiamiento a clientes no residentes o demoran el trámite para la apertura de una cuenta para que haga el depósito correspondiente a la compra de un inmueble, lo que retrasó e hizo caer negocios, según comentaron operadores privados.

Si bien desde 2004 cuando se aprobó la primera normativa que estableció controles para evitar el lavado de dinero tanto los bancos como el sector inmobiliario están obligados a reportar operaciones sospechosas e indagar sobre el origen de los fondos, las actualizaciones legales han ido incrementando las diligencias. Esto sumado a otras razones de contexto económico, han hecho que dejara de resultar atractivos para las entidades financieras recibir dinero de no residentes (ver aparte).

Esa situación afecta directamente a las inmobiliarias y promotores de inversión locales. "Uruguay ya no está siendo muy atractivo desde el punto de vista de la rentabilidad de la inversión, y aparte le sumamos otros problemas", expresó el director de Kosak Inversiones Inmobiliarias, Roberto Kosak.

Señaló que "no hay financiación para no residentes" y los bancos "se enfocan solo en inversores locales". Kosak detalló que el inconveniente surge porque "tenés que tener capacidad (de pago), no les interesa que tengas patrimonio, si no generas el dinero acá para ellos no podés pagar y entonces no te prestan".

A su vez, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del EsteMaldonado, Jorge Díaz, dijo a El País que le consta que las entidades financieras "ponen muchas trabas a los extranjeros para abrir cuentas particulares". Agregó que "en general los bancos se muestran muy restrictivos" en estos temas, lo que complica los negocios de compraventa de inmuebles porque "el sistema bancario es imprescindible".

"Si a usted no le quieren abrir una cuenta y todavía lo invitan a irse, son medidas que no tienen lógica y no van de la mano con la promoción de inversiones", remarcó Díaz. Es que desde abril próximo con la implementación de una nueva etapa de la ley de inclusión financiera, todos los pagos de operaciones de bienes inmuebles o vehículos superiores a 40.000 Unidades Indexadas (UI) —US$ 5.000 aproximadamente— deberán realizarse por vía bancaria.

También el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Uruguay, Wilder Ananikian, confirmó los inconvenientes: "Los requisitos que piden los bancos por la ley antilavado son bastante duros y en muchos casos el banco no se la juega y se pierde el negocio".

En ese sentido, Kosak informó sobre dos casos de inversores extranjeros (uno israelí y otro argentino) que querían invertir y tuvieron que abrir cuentas bancarias en la plaza local, un trámite "engorroso" que consume varias semanas. "Tarde o temprano la terminan abriendo (la cuenta), pero a veces la gente se cansa", subrayó.

En el mismo sentido, Díaz dijo que "cuando el inversor visualiza que existen este tipo de problemas sencillamente no viene". Recordó que varios empresarios extranjeros "que estaban permanentemente disponibles para traer dinero e invertir" en el pasado, ahora "ni siquiera consultan".

Otro que se manifestó al respecto fue el socio ejecutivo de YY Development Group —desarrolladores de la torre Trump en Punta del Este—, Felipe Yaryura, quien comentó días atrás a El País que "hay una ausencia completa de apoyo financiero" para quienes desean invertir en el principal balneario esteño. "El sistema bancario no presta para Punta del Este. Financia a algún particular residente uruguayo, y para cuando es su propia vivienda. No financia segunda vivienda, ni no residentes, ni a los desarrolladores. La inversión para estos edificios, está basada en el capital que uno aporte que es siempre limitado y después en la pre-venta", detalló.

Consultado por El País, el presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu), Daniel Zulamián, dijo que no le consta que se hayan caído negocios por este motivo aunque planteó que se necesita "estimular el crédito" para al acceso a inmuebles.

"Ello agilitaría la colocación y permitiría generar más producción, o sea más obras y por tanto más mano de obra. En inmuebles es donde más deberíamos utilizar crédito a mediano y largo plazo", declaró el empresario. Señaló que el impulso de medidas por parte del Estado "para el incentivo del crédito en la adquisición de inmuebles tanto para residentes como para no residentes o residentes temporarios, sería muy beneficioso para incentivar la construcción y hacer crecer la gran cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos que genera, así como la actividad inmobiliaria".

Tras representar una parte importante de los depósitos en los bancos uruguayos, en 2017 el dinero de no residentes pasó a ser el 9,4% del total depositado, el nivel más bajo desde 1998 según dio cuenta El País en febrero. Principalmente los bancos perdieron los clientes argentinos, que retiraron unos US$ 1.000 millones en el segundo semestre de 2016 en línea con el blanqueo de capitales que impulsó al asumir Mauricio Macri.

El socio de CPA, Bruno Gili, explicó a El País que "el volumen de depósitos de no residentes ha caído por dos motivos: uno externo y otro interno". El primero es que "hoy en el mundo no hay una oferta atractiva para colocar fondos a tasas de rentabilidad razonable en los sistemas financieros internacionales porque las tasas están muy bajas, entonces no hay incentivos genuinos para que no residentes coloquen su dinero en Uruguay y que sea gestionado profesionalmente para que tenga rentabilidad en otros mercados". Este contexto llevó a que "los bancos hayan dejado de desarrollar estrategias para captar fondos de no residentes porque tiene un costo hacer eso y no obtienen rentabilidad". Mientras que la razón interna refiere al conjunto de normas antilavado y la exigencia "de controlar el origen de los fondos depositados en el sistema financiero".

Este panorama "pone a la banca frente a un riesgo reputacional muy alto (de tener clientes vinculados al lavado de activos), sumado a que no tiene mucho interés en qué hacer con esos fondos dado que no hay una operativa de negocios razonable (por las bajas tasas). Al final no hay incentivos para recibir fondos de no residentes en Uruguay", sentenció Gili.

Entrevistado por El País a fines de diciembre, el CEO de Scotiabank en Uruguay, Horacio Correge, había reconocido que "desde el punto de vista de nuestra plataforma de negocios, no es un negocio que incentivemos" la captación de fondos de no residentes. Explicó que "los bancos en general somos bastante reticentes a tomar depósitos de no residentes en la medida en que no haya una razón de negocios de peso para que un no residente tenga una cuenta aquí".