¿DEFAULT?

El dilema argentino por la deuda se cruza con el coronavirus y se aproxima una decisión clave

El 22 de abril vencen bonos emitidos bajo la ley de Nueva York y si Argentina no paga, iniciará un proceso que podría terminar en el default.

Martín Guzmán saluda al presidente Fernández. Foto: AFP
Martín Guzmán saluda al presidente Fernández. Foto: AFP - Archivo

Luego de la decisión unilateral de prorrogar hasta el 2021 el pago de los bonos en dólares regidos por los tribunales argentinos, el gobierno de Alberto Fernández se enfrenta ahora a una fecha crucial por la deuda.

El 22 de abril vencerá el pago de intereses de bonos que fueron emitidos bajo ley Nueva York por un total de US$ 503 millones. Si ese día Argentina incumple con el pago, empezarán a correr los 30 días de gracia para que, en caso de no llegar a un acuerdo durante ese período, la deuda argentina caiga oficialmente en default y el país vecino enfrente otra vez demandas en la Corte neoyorquina.

“Es una incógnita lo que decidirá hacer el gobierno con el próximo vencimiento de bonos bajo ley extranjera. Defaultear por US$ 500 millones no tendría mucho sentido para un país como Argentina, pero aún no está claro qué opción elegirá”, dijo a El País Matías Rajnerman, economista jefe de la consultora Ecolatina, en Buenos Aires.

Las posturas sobre qué camino adoptará el gobierno argentino están divididas. Por un lado, hay quienes sostienen que finalmente pagará los vencimientos en abril para poder seguir negociando una oferta final de reestructuración con una deuda todavía regularizada.

Esa postura está sustentada en que la postergación del pago de los bonos bajo legislación local implicó patear hasta el próximo año vencimientos por cerca de US$ 10.000 millones, lo que implica un ahorro que podría ser utilizado para seguir cumpliendo con los bonos regidos por tribunales extranjeros.

La visión en torno a que, dada la escasez de dólares en el Banco Central, el gobierno prefiere asegurar los pagos de la deuda bajo legislación extranjera para evitar un default total de la deuda es la que predomina entre los inversores.

De hecho, en la última semana ocurrió que mientras los bonos con legislación local se derrumbaron un 15%, los títulos bajo ley Nueva York cayeron un 5%.

Sin embargo, en el mercado no se descarta que el ministro de Economía, Martín Guzmán, también termine postergando el pago de los bonos emitidos bajo legislación extranjera. A fines de marzo, Guzmán señaló que “no se podrán seguir utilizando reservas del Banco Central para pagar deuda, como se venía haciendo hasta ahora”.

Los vencimientos de los títulos bajo legislación de Nueva York suman unos US$ 3.400 millones hasta fin de año.

“Después de la postergación de los bonos con ley argentina, hay reservas suficientes como para pagar los vencimientos de bonos bajo ley extranjera este año. En ese contexto, si la deuda cae en default será más por una decisión de enviar un mensaje por parte del gobierno que por falta de recursos”, dijo a El País Juan Pablo Di Iorio, economista de la consultora ACM, en Buenos Aires.

Menos margen

Sin avances significativos en la negociación con los acreedores durante los cuatro meses que transcurrieron desde el cambio de gobierno, todas las proyecciones sobre la sostenibilidad de la deuda que había delineado el ministro Guzmán quedaron desactualizadas tras la irrupción de la pandemia y sus duros efectos sobre la economía argentina.

Las variables clave que miran los acreedores para proyectar la capacidad de repago de la deuda de un país, como la variación del PIB y el resultado fiscal, vienen sufriendo un fuerte deterioro.

Antes de los efectos del coronavirus, el consenso de los analistas proyectaba una caída del PIB para este año del 1,5%. Ahora, las estimaciones varían entre descensos que van del 5% al 8%, de acuerdo a cuánto finalmente se extienda el aislamiento social obligatorio que se inició el 20 de marzo.

Trascurridas tres semanas de cuarentena, la economía real comienza a crujir. El 54% de las micro, pequeñas y medianas empresas -que suman unas 325.000- no está operando y el 36% -esto son unas 215.000- trabaja apenas en forma parcial, lo que pone en riesgo 415.000 puestos de trabajo, según un informe del Observatorio Pyme.

En tanto, el 70% de los comercios del país está cerrado y sin flujo de fondos.

En ese marco de derrumbe de la actividad, las cuentas públicas sufren. En marzo, la recaudación tributaria registró una caída real del 12% interanual, disminución que todo indica se profundizará en abril.

Semejante descenso de los ingresos, en medio de la necesaria alza del gasto para mitigar el impacto social y sostener a las empresas en medio de la cuarentena, amenaza con incrementar el déficit fiscal primario del equivalente al 1% del PIB registrado en 2019 a niveles en torno al 5% este año.

En medio de esos desequilibrios, los tiempos para alcanzar un acuerdo con los acreedores se acortan: el gobierno argentino deberá presentar en los próximos días una oferta para evitar el default total de la deuda argentina.

“La voluntad del gobierno es pagar, pero si presenta una quita muy ambiciosa, será difícil que logre aceptación de los acreedores en este contexto del mercado financiero internacional. Por un lado, a pesar del shock de liquidez a nivel mundial, hay mucha mayor aversión al riesgo. Por el otro, aún ofreciendo una tasa mayor o una quita menor, no hay inversores que quieran bonos argentinos en este contexto”, analizó Rajnerman.

Consultora LCG: hay 4 caminos

Para la consultora LCG, hay cuatro caminos posibles para el dilema de la deuda argentina. Uno es que el gobierno presente de inmediato una oferta de reestructuración y logre rápidamente un acuerdo; otra posibilidad es que decrete un “reperfilamiento” para los bonos bajo ley extranjera, sea considerado formalmente en “default” y afronte juicios en tribunales de Nueva York; la tercera opción es que Argentina haga una oferta que sea rechazada y siga pagando los intereses mientras espera mejores condiciones internacionales para hacer una propuesta “más tentadora” para los acreedores. La cuarta alternativa es no pagar el 22 de abril y caer en cese de pagos una vez vencido el período de gracia, y recién después formalizar una oferta a los acreedores.

EFE

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