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Los dilemas del gobierno: pautas salariales y Rendición

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En junio pasado Astori dijo que se preveía que en 2018 el gasto subiría US$ 172 millones. Foto: N. Pereyra

DECISIONES PARA 2018

En los próximos meses, deberá definir cómo se prepara; sus impactos.

Este año el gobierno deberá enfrentar al menos dos "dilemas" claros que impactarán en la trayectoria de algunos de los "platitos chinos" que el presidente del Banco Central (BCU), Mario Bergara, suele mencionar en sus presentaciones públicas, como déficit fiscal, inflación, tipo de cambio y competitividad.

Por una parte, en los próximos meses empezarán a discutirse los nuevos convenios laborales y el Poder Ejecutivo tendrá que diseñar los lineamientos sobre los que se dará esta discusión. "El 2018 va a ser el año de mayor negociación colectiva en la historia del Uruguay", adelantó el año pasado el ministro de Trabajo, Ernesto Murro.

Además, el gobierno tendrá que definir cómo se parará ante una nueva Rendición de Cuentas —que caerá el año previo a las elecciones presidenciales—.

Deterioro.

Cuando a mediados de 2015 el Poder Ejecutivo dio a conocer las pautas salariales que regirían en la siguiente negociación colectiva, se pusieron sobre la mesa ajustes nominales y los correctivos por inflación fueron a plazos más extensos que lo que habían sido en rondas previas. En momentos en que la inflación tenía una trayectoria al alza, el Pit-Cnt advirtió que esto golpearía en el poder adquisitivo de los trabajadores.

Lo que se buscaba, argumentaban desde el oficialismo, era que los salarios no se dispararan (en caso de que la inflación se descontrolara y así ayudar a preservar el empleo.

En aquel entonces el gobierno también introdujo otra innovación en las pautas para los privados: definió tres sectores (en dificultades, medios, y dinámicos), y sindicatos y empresas tuvieron que clasificarse en uno u otro. Los aumentos salariales propuestos variaban en función de qué sector se tratase.

Ante la presión de la central sindical, el presidente Tabaré Vázquez decidió en agosto de 2016 flexibilizar los lineamientos definidos un año antes (los ajustes estuvieron arriba de lo previsto en ese momento) pero no cedió ante el pedido de que los correctivos por inflación fueran anuales.

Ahora el Poder Ejecutivo deberá definir qué pautas presentará para la próxima negociación con el telón de fondo de una economía que crece pero no genera más demanda de puestos de trabajo. En noviembre (último dato disponible) el desempleo se ubicó en 7,8%. El socio en el Departamento de Asesoramiento Financiero de Deloitte, Pablo Rosselli, dijo que es un valor "muy alto" en la comparación internacional. Además, de cara a la negociación colectiva, indicó que sería deseable que los ajustes estén en línea con el objetivo inflacionario del gobierno, "en torno a 5%".

Rosselli señaló además que "no hay razón para que el salario real suba con estos niveles de empleo".

Por su parte, la senior manager de Servicios Económicos de PwC, Mercedes Comas, recordó que la caída del salario real sobre la que algunos advirtieron en las rondas anteriores no se produjo debido a la baja de la inflación (cerró el año pasado en 6,55%, dentro del objetivo de entre 3% y 7% marcado por el BCU). En esta línea, añadió que los lineamientos que se conocerán en los próximos meses deberían recorrer el mismo camino y también contemplar ajustes nominales. En este terreno, afirmó, la "gran incógnita" es cuál será la proyección de inflación que se manejará (ver aparte). Comas describió al deterioro del mercado de trabajo como "lento, pero que no ha cesado", y agregó que el "problema es cómo salir de esto".

Rigidez.

La de este año será la última Rendición de Cuentas en la que el gobierno podrá elevar el gasto antes de las elecciones de 2019.

El rojo de las cuentas públicas —el miércoles se conoció que el déficit fiscal cerró 2017 en 3,5% del PIB, por encima de la meta oficial de 3,3% y el énfasis que el equipo económico ha hecho en mejorar la situación fiscal hacen pensar que no hay mucho margen para incrementar el gasto.

Sin embargo, el ministro de Economía, Danilo Astori, dijo un mes atrás en el programa En Perspectiva de radio Oriental consultado sobre si la mayor recaudación impositiva (creció 6,2% interanual en 2017) podría abrir la puerta a un aumento del gasto en la Rendición: "En algunos casos sí, depende incluso de la importancia programática que tenga la finalidad a cumplir". De todos modos, agregó que esto se debería dar "manteniendo una prudencia muy importante que nos lleve a mantener la sostenibilidad del equilibrio de las cuentas fiscales". En junio el jerarca había anunciado que el gasto crecería US$ 172 millones en 2018.

En tanto, Comas dijo que, según cálculos de su firma, mientras en 2004 el gasto público representaba el 23% del PIB, para noviembre de 2017 ese guarismo había trepado a 28,9%. La mayor parte de este aumento lo explican las transferencias. Su rigidez, sostuvo la economista, vuelve muy dificultoso que se consiga la meta quinquenal de déficit (2,5%).

Rosselli afirmó que "no hay más espacio para aumentar el gasto público", e incluso señaló que el contexto fiscal amerita que los ministerios se ajusten el cinturón y recorten sus presupuestos. El esfuerzo debería centrarse, propuso, en "mejorar" la calidad del gasto que ya se realiza. Más allá de este diagnóstico, se mostró poco confiado en que se traslade a la práctica. La historia muestra, dijo, que en Uruguay los gobiernos acostumbran aumentar el gasto en el año preelectoral.

La relación dólar- inflación.

Comas apuntó a una disyuntiva que se vuelve más apremiante: la relación dólar-inflación. La economista dijo que Uruguay tiene hoy su competitividad "baja" (El País informó ayer que en 2017 llegó a su menor nivel en al menos 18 años), pero también apuntó que "un dólar más alto va a implicar más inflación". Por su parte, Rosselli comentó que el valor de la moneda estadounidense es hoy "inconvenientemente bajo" y que el país presenta un "atraso cambiario muy significativo". Esto, añadió, ha pegado especialmente en algunos sectores, que enfrentan un "panorama de muy baja rentabilidad", lo que, a su vez, genera una "reticencia" a contratar trabajadores. Como ejemplo de esto mencionó el caso del gasoil, cuyo precio está "muy elevado respecto al de paridad de importación".

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