Un gasto público creciente que pesa cada vez más en el bolsillo de los contribuyentes debe evaluarse a la luz de los retornos que proporciona a quienes lo financian.

Una primera aproximación a esa evaluación es a través del análisis de su estructura. En particular interesa la composición entre gastos corrientes y gastos en infraestructura y bienes de capital. La diferencia radica en que los primeros se consumen en el acto mientras que en el caso de los últimos su uso ocurre a lo largo del tiempo.

Esa diferencia determina que impacten de manera distinta sobre la economía. En general el gasto corriente, que consiste principalmente en salarios y pasividades, incide sobre el consumo, mientras que la inversión ayuda a la creación de riqueza futura.

En tal sentido muchas veces se razona que el déficit, o sea el endeudamiento del gobierno, es sano si se corresponde con las inversiones, en el entendido que éstas van a ser aprovechadas por las futuras generaciones que a su vez son las que van a pagar la deuda.

En términos técnicos debe aumentar la riqueza porcentualmente más de lo que cuesta la deuda en intereses. No es así en el caso del gasto corriente, que debe financiarse con los ingresos corrientes (impuestos).

La historia de las finanzas públicas en Uruguay muestra que aproximadamente hasta los años treinta del siglo pasado, el denominado período de finanzas públicas ortodoxas, la autorización del gobierno para contraer empréstitos era exclusivamente por montos correspondidos por planes de obra e inversión. Eran otros tiempos en los que los uruguayos valorábamos por sobre todas las cosas la estabilidad macroeconómica y el mantenimiento de los equilibrios económicos básicos.

También es cierto que el sector público tenía un peso menor en la economía y que a partir de esa época comienza a crecer de la mano de mayores gastos corrientes.

Desde el punto de vista estructural del presupuesto es relevante la participación de la inversión en el gasto total. En esta medida hay una clara pérdida de importancia del gasto en inversión y un mayor protagonismo del gasto corriente. Incluso dentro de este último lo que sube cada vez con más fuerza es el gasto corriente sobre el que el gobierno tiene limitada capacidad para actuar por lo que se le puede denominar "gasto no discrecional". Se trata de pasividades, buena parte de los sueldos, las transferencias al fondo de salud y otros gastos que tienen afectadas las rentas de determinados tributos.

Con las inversiones del gobierno hay una marcada evolución de ciclo que responden a los tiempos electorales y los tiempos de instrumentación de proyectos.

Los años preelectorales registran una suba en el gasto en inversión. Siguiendo cuentas nacionales se observa que la inversión del sector público como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) alcanza su máximo en los últimos ciclos en el tercer trimestre del 2009 (5,1% del PIB) y en el cuarto del 2014 (4,8% del PIB).

Este ciclo electoral distorsiona el análisis de las inversiones del sector público. Tomando promedios por períodos de cinco años para evitar el ciclo presupuestal y electoral se puede ver la participación de las inversiones en el gasto público total. Hasta mediados del año 2012 el gasto en inversiones representó cerca del 6% del gasto total. Hay una tendencia descendente permanente y en la actualidad es solo el 4,5% en el quinquenio terminado en marzo del 2017.

Que el gobierno invierta cada vez menos no es una buena noticia. Desatiende la infraestructura básica para el funcionamiento de la economía, restándole así competitividad al sector productivo.

A su vez, se produjeron cambios en la estructura de las inversiones del gobierno a lo largo del tiempo. Hay incisos que ven aumentada su participación a lo largo del tiempo y otros que la disminuyen.

El caso más notorio, no por su volumen, pero si por su exposición mediática es el de la educación. En el quinquenio finalizado en el año 2007 representaba el 11% de la inversión del gobierno, saltando al 18% en el último quinquenio. Otros sectores que subieron son la salud, fundamentalmente ASSE, y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma).

Como contrapartida, los incisos que pierden peso a lo largo del tiempo son Presidencia, Defensa, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y Ministerio de Relaciones Exteriores.

El caso del Mvotma es muy interesante ya que es el inciso que más invierte, representando la tercera parte del total. Tradicionalmente el inciso que más invirtió es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), que a principios de siglo representaba el 35% del total y en la actualidad la cuarta parte.

En un contexto en el que la inversión total cae y a su vez disminuye la participación del MTOP, se puede concluir que en materia de infraestructura se hizo poco en los últimos años en el país. En términos generales ello es cierto y los distintos reclamos del sector productivo son una clara prueba de lo que ocurrió.

También es cierto que una parte importante de la inversión pública se canaliza a través de la Coorporación Vial del Uruguay (CVU), que es una empresa privada perteneciente a la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). Si se agregan ambas inversiones la participación en el total no cae tanto. Aunque a la luz de los reclamos y de las exigencias de UPM para la instalación de una segunda planta parecen insuficientes.

De hecho a lo largo del último año las inversiones del MTOP aumentaron (la información de la CVU llega hasta el año 2015) siendo junto al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la Universidad Tecnológica (UTEC) los incisos en los que más creció la inversión.

Es más, en el año cerrado a marzo las inversiones del gobierno aumentaron 5,5% en términos reales respecto a igual período del año anterior, lo que puede leerse no sólo por las necesidades en materia de infraestructura, sino también en función del ciclo electoral. Los números marcan que promediando el período de gobierno las inversiones comienzan a recuperarse hasta alcanzar el máximo en el año electoral, en este caso 2019.

TEMA DE ANÁLISIS