COMISIÓN DE EXPERTOS

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La comisión de expertos en el mercado de combustibles realizó su informe con propuestas al gobierno sobre cambios en el sector en etapas “previsibles, graduales y razonables” para converger en un plazo máximo de tres años a precios de nafta, gasoil, supergas y demás combustibles similares a los de paridad de importación (es decir lo que saldría si se importara).

Esta comisión elaboró el diagnóstico del sector y recomendó los cambios a la regulación actual. Ahora, el Poder Ejecutivo -los ministerios de Industria, Energía y Minería y el de Economía y Finanzas junto a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto basicamente- deberá definir qué hace con esas recomendaciones y presentar un informe al Parlamento a fines de enero.

Actualmente se define un precio máximo de venta al público en estaciones y luego se regula hacia atrás toda la cadena (se establecen márgenes de estacioneros, distribuidores, fleteros, etc.). Eso no genera incentivos para la competencia. La idea de la comisión es que la regulación sea “la excepción”.

En una presentación ante periodistas y en el informe (divulgado ayer) se establecen tres etapas para llegar a una “libertad” de precios en la cadena “vigilada” por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea). El objetivo es que el mercado sea “transparente y competitivo” y que bajen los precios de los combustibles.

La comisión se nutrió de informes de Ancap, del gobierno y de 16 reuniones con actores de la cadena como estacioneros, sellos (Ducsa, Petrobras, Axion), fleteros, sindicatos y gremiales agropecuarias. El informe señaló que la “mayoría” de ellos, está de acuerdo en que la estructura de plantas de distribución de Ancap está “sobredimensionada” y “subutilizada”. La petrolera tiene cinco: La Tablada, Juan Lacaze, Durazno, Paysandú y Treinta y Tres. Esto deberá evaluarlo el gobierno, porque en el esquema actual la mayor parte se retira de La Tablada y eso encarece los costos de distribución.

En la presentación, el presidente de la comisión, Gonzalo Irrazabal insistió en varias oportunidades en que las modificaciones propuestas cumplen con el paradigma de “previsibilidad, gradualidad y razonabilidad”.

Recordó que si hoy en día se fuera directo a que Ancap venda combustibles en puerta de planta de distribución al precio de paridad de importación, le generaría US$ 86 millones de pérdida al año. Además, el informe advirtió que eso tendría un impacto fiscal, en el Índice de Precios del Consumo (porque el precio del supergas está por debajo de la paridad y por tanto debería subir y eso no sería compensado por la baja en el gasoil y las naftas) y en sectores “desprotegidos” ante la suba del supergas.

Por eso, la propuesta de los expertos es que Ancap converja al precio de paridad de importación “en un plazo máximo de tres años, pero con hitos de avance mínimo anuales”. Para ello, el Poder Ejecutivo deberá establecer un factor de ajuste “X” (un porcentaje sobre el precio de paridad de importación) para cada producto.

Pero además, para llegar a tener un precio de combustibles más alineado a lo que sería si hubiera libre importación, la comisión también sugirió cambios a la ley de Agrocombustibles. La ley establece que el gasoil debe tener 5% de biodiesel y las naftas 5% de etanol y que estos agrocombustibles deben ser de producción nacional. El informe indicó que en base a cifras y costos de producción de las tres plantes de Alcoholes del Uruguay (ALUR, propiedad en 90,79% de Ancap y 9,21% de Pdvsa) en Bella Unión, Paysandú y Capurro, las exigencias de uso de materia prima nacional, representaron en 2019 un “sobrecosto en la producción de biocombustibles de US$ 72 millones” respecto a si se importaran (US$ 29 millones por Bella Unión, US$ 19 millones por Paysandú y US$ 23 millones por Capurro).

Teniendo en cuenta que Bella Unión tiene un impacto en el empleo en la zona de 2.700 personas, Paysandú 200 y Capurro 40, los expertos propusieron “revisar” la ley de Agrocombustibles “a los efectos de eliminar la exigencia relativa a la mezcla de biodiesel en el gasoil o sustituirla por importado”. También sugirieron analizar el contrato para molienda de grano para obtener aceite con Cousa que rige hasta 2027.

En cuanto al etanol, la comisión aconsejó realizar “análisis específicos que apunten a explorar alternativas de menor costo y que generen mayor rentabilidad con el fin de atender la necesidad social de dicha zona”. Mientras, sugirieron que el subsidio al etanol “sea directo, transparente y monitoreado” y recaiga sobre Rentas Generales y no sobre los consumidores de naftas.

En entrevista con El País publicada el pasado 30 de noviembre, el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini dijo que “desde el punto de vista político del gobierno, no queremos en esta instancia afectar a Bella Unión como polo de desarrollo y producción de azúcar y etanol. Por lo cual la mezcla de etanol tiene un piso que es Bella Unión, que por razones sociales y políticas no queremos afectar. Es un compromiso del presidente (Luis Lacalle Pou) y es un compromiso del gobierno. Se siembra determinada cantidad de hectáreas de caña de azúcar y se van a mantener sembrando y vamos a seguir procesando esa caña de azúcar”.

Respecto al fideicomiso del boleto (se destinan $ 3,48 por litro del gasoil para subsidiar el boleto de ómnibus), los expertos recomendaron “buscar un mecanismo más eficiente para subsidiar el transporte colectivo”, “analizar la redistribución del monto del instrumento en otros combustibles” lo que podría “incluir sobreprecios en naftas y fuel oil” y otros cambios como “evaluar” la limitación o restricción de forma sustancial de la “importación de vehículos diesel en el corto plazo” para el transporte público, acompañado de “mayores incentivos” para su “electrificación”.

La comisión propone avanzar en tres etapas hacia la “libertad vigilada” en el mercado de combustibles.

En el inicio, proponen la fijación del precio en planta de Ancap de acuerdo al de paridad de importación más un porcentaje, el precio máximo al público está regulado, se fijan márgenes a distribuidores, modificar la ley de Agrocombustibles y redistribuir el fideicomiso del boleto. Todo ello en un plazo de seis meses.

Ahí se entraría en la fase I donde ya no se fijan márgenes, sigue el precio máximo de venta al público y Ancap sigue convergiendo al precio de paridad de importación en sus plantas, pero se añade que la Ursea fija un precio máximo intermedio de venta a estaciones de servicios. Esa etapa duraría un año.

En la Fase II, la fijación de precios sigue igual, pero se habilita la posibilidad de que grandes consumidores compren directo a distribuidores, que estaciones de servicio puedan cambiar de sello. También duraría un año.

La Fase III cuando el mercado ya está maduro es de “libertad vigilada”: no se fija precio intermedio a estaciones ni precio máximo al público, aunque la Ursea pueda hacerlo en cualquier momento si detecta abusos o distorsiones o efectos secundarios no deseados. Se fija el precio únicamente en planta de distribución, ya alineado al de paridad de importación.

Irrazabal señaló que para pasar de una fase a otra, hay una evaluación previa y podría tomar más tiempo si el mercado no está listo. También recalcó que además de una mayor competencia, los precios dependerán del valor del petróleo.

La publicación de la información resumida sobre los alcances del trabajo de la comisión en la web de El País en la tarde de ayer, ya generaron reacciones. El presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Alfredo Lago señaló: “A cuenta de mejor opinión con más argumentos, luego de leer el informe completo, adelanto: deseo que el Poder Ejecutivo priorice compromisos con sectores productivos y baje precio de combustibles y de inmediato. De lo contrario libre importación”.

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva dijo respecto a lo que indicó El País: “Nosotros lo advertimos. Si esto es así presentaremos el proyecto de libre importación (de combustibles) en breve”.

En realidad, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo de Ley de Urgente Consideración contenía la libre importación de combustibles, pero ante el rechazo de Cabildo Abierto y el Partido Colorado, cambió a este esquema donde una comisión haría propuestas, pero manteniendo el monopolio de importación y producción en manos de Ancap.