ESTUDIO

La expansión en América Latina de los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) ha provocado diferentes debates respecto a los efectos que tienen en la formalidad laboral.

Si bien aún hay escasa evidencia sobre el tema, en Uruguay, el doctor en Economía y miembro del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (Iecon- FCEA), Marcelo Bérgolo, analizó el impacto del programa Asignación Familiar-Plan de Equidad (en adelante, AFAM) en el empleo formal del país.

De acuerdo con Bérgolo, en los países en desarrollo como Uruguay “con altos niveles de informalidad laboral y limitada capacidad para verificar el cumplimiento de normas laborales, la asistencia social puede introducir desincentivos no solo en la oferta laboral sino también en el empleo registrado (formal), con importantes consecuencias”.

¿Cuáles son los motivos detrás de este fenómeno? En primer lugar, según el estudio del economista, los empleos informales “pueden afectar el acceso a los beneficios sociales de los trabajadores y sus familias” puesto que estos “suelen estar vinculados a trabajos formales”.

En segundo lugar, el empleo no formal “implica una menor recaudación de impuestos” lo que a su vez limita las posibilidades que tienen los gobiernos de financiar políticas públicas. Tercero, “un sector informal más grande puede restringir el crecimiento de la productividad, la adecuada asignación de recursos, y así el desarrollo económico”.

En el estudio: “¿Qué tanto y cómo responden los individuos a la asistencia social en un contexto de altos niveles de empleo informal?”, Bérgolo encontró que la AFAM “reduce la participación en la fuerza laboral formal en alrededor de seis puntos porcentuales (una caída del 13%) para el promedio de los adultos en hogares beneficiarios (del programa de asistencia social), y en 8,7 puntos porcentuales (una caída del 19%) para las madres solteras, que representan alrededor del 43% del total de la muestra”.

La AFAM es un programa que se implementa en Uruguay desde 2008 y tiene como foco los hogares pobres con niños o mujeres embarazadas. Las transferencias monetarias del plan de asistencia social están condicionadas por un lado, a los controles de salud de niños y mujeres embarazadas, y por otro lado, a la asistencia escolar de esos niños.

Para que las personas sean elegidas por el programa deben cumplir con dos criterios: deben probar que los ingresos formales del hogar están por debajo de determinado umbral; y el Índice de Carencias Críticas (ICC, un indicador de situación de pobreza del hogar) debe superar también cierto umbral.

De acuerdo con el estudio de Bérgolo, el umbral de elegibilidad de ingresos de AFAM genera un gran desincentivo” a que las personas se inserten en el mercado laboral formal. “Por ejemplo, para un hogar elegible con una madre soltera y un hijo, implicaría una tasa impositiva implícita adicional sobre el empleo registrado de 12,2%. Esta caída implícita del ingreso del hogar se debe a la pérdida de la transferencia monetaria que brinda AFAM si sus ingresos formales superaran el umbral de elegibilidad por $ 1”, explicó la investigación.

En relación al vínculo de las personas que reciben la transferencia con el mercado laboral formal, según Bérgolo este “varía sustancialmente entre los beneficiarios, algunos de los cuales pueden o no estar al margen de la (in)formalidad. AFAM, como muchas otras TMC en el mundo en desarrollo, tiene un enfoque de talla única que no se adapta a estas características, con consecuencias potencialmente negativas”, señaló el trabajo.

Asimismo, la investigación destacó que la reducción del empleo registrado “es más fuerte entre las personas que tienen una propensión media a emplearse formalmente (es decir, aquellos que podrían estar más cerca del margen de elección del empleo registrado-no registrado), y es aún más fuerte para las madres solteras dentro de este grupo”.

En contraste, el impacto en los que tienen una baja o alta propensión a tener un empleo formal “es sustancialmente menor que el efecto promedio, probablemente porque estas personas no estarían empleadas formalmente o informalmente, independientemente de su participación en el AFAM”, señaló el estudio.

Con el objetivo de minimizar los desincentivos de estos programas de asistencia social en mercados laborales con alta informalidad y mejorar el balance entre equidad y eficiencia de políticas como la AFAM, el estudio propuso algunas sugerencias.

“En primer lugar, se deberían considerar alternativas para suavizar la discontinuidad en el ingreso de los hogares que implica el criterio de elegibilidad sobre los ingresos formales. Por ejemplo, reglas de elegibilidad con umbrales de ingresos que implican una pérdida total del beneficio, como el caso de AFAM, podrían ser sustituidos por un esquema más continuo con regiones de entrada y salida que retiran el beneficio gradualmente, y con tasas impositivas implícitas más bajas”, recomendó.

Asimismo, se propuso que las autoridades prueben los efectos de “permitir que los beneficiarios continúen en el programa mientras generan ingresos de empleos registrados por encima del umbral de elegibilidad durante un período transitorio”, dado que esa “despreocupación temporaria por los ingresos formales de los beneficiarios podría facilitar la transición al empleo formal”, concluyó el estudio.