ESTUDIO

El efecto negativo en la economía de transferencias sociales como las pasividades

Un estudio afirma que en lugar de contribuir a estabilizar la economía uruguaya, las transferencias como las jubilaciones, han agravado el ciclo económico.

Es la transferencia social de mayor peso en el gasto y por ende la que más afecta la evolución del ciclo económico. Foto: Reuters
Es la transferencia social de mayor peso en el gasto y por ende la que más afecta la evolución del ciclo económico. Foto: Reuters

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El diseño de la política fiscal social en Uruguay no tuvo el efecto deseado en los grupos socioeconómicamente más vulnerables, al menos en el período comprendido entre el primer trimestre de 1988 y el tercer trimestre de 2016, según un estudio realizado por el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.

Durante este tiempo, las transferencias sociales uruguayas han acarreado problemas a la macroeconomía porque se han comportado de manera procíclica. ¿Qué significa esto?

La política económica procíclica -la menos recomendada por organismos como el Banco Mundial (BM) y la más frecuente en los países en desarrollo- es la que consiste en que en épocas de abundancia económica un gobierno gasta más, disminuye los impuestos y las tasas de interés.

Crece en función del crecimiento que tendrá más adelante, pero cuando llegan momentos de crisis económica, las medidas se centran en la reducción del gasto público, el aumento de impuestos y tasas de interés, recrudeciendo así la recesión.

Esta característica es -según Ronald Miranda y Leonel Muinelo, quienes elaboraron el estudio “El comportamiento de las transferencias sociales a lo largo del ciclo económico: evidencia empírica de Uruguay”- la responsable de que las transferencias hayan agravado el ciclo económico durante las últimas décadas y realizado “expansiones y recesiones exacerbadas” del ciclo económico.

“Las transferencias sociales, en lugar de contribuir a estabilizar la economía uruguaya, han agravado el ciclo económico y, a través de diversos rubros del gasto (público), exponen a los grupos vulnerables de la sociedad a condiciones económicas más adversas”, explicó a El País Muinelo.

Dado su peso en el gasto público, el componente de las transferencias sociales que más afecta al ciclo económico, según Muinelo, son las pasividades (jubilaciones y pensiones), seguido de los subsidios por enfermedad, desempleo y maternidad.

Además, el estudio identificó que los comportamientos procíclicos de las transferencias sociales fueron liderados por las prestaciones económicas por vejez y pensiones de sobrevivencia (las que cobra un individuo tras el fallecimiento de un afiliado activo o pasivo en el mercado laboral).

Dentro del gasto público y en relación al análisis del ciclo económico, las transferencias sociales podrían cumplir dos funciones básicas.

Por un lado, ir contra el ciclo económico para que cuando haya crisis económica no se efectúe de forma tan pronunciada y se pueda salir cuanto antes de esa recesión.

Por otro lado, las transferencias sociales surgen con el objetivo político -y tienen la función- de ayudar a los individuos más vulnerables de una sociedad. Sin embargo, según explicó Muinelo, esto no ocurre en Uruguay dado el carácter procíclico del comportamiento del gasto, lo que explica las consecuencias negativas de las transferencias.

A modo de ejemplo Muinelo explicó: “Si hay una recesión y yo me quedo sin trabajo estoy en una situación económica desfavorable, pero si además por estar en recesión no puedo acceder al seguro de desempleo, me veo más desfavorecido”. Explicó que “si hay recesión disminuye el Producto Interno Bruto (PIB), se reduce el gasto y por ende disminuyen las transferencias y el individuo se ve perjudicado. Entonces ni se estabiliza el ciclo económico ni se ayuda a las personas vulnerables”.

¿Cuál sería entonces la forma para implementar transferencias sociales exitosas?

Según Muinelo y las recomendaciones plasmadas en el estudio, Uruguay debería diseñar una política fiscal social contracíclica para que, en momentos de recesión económica, se utilicen las transferencias como herramientas para atenuar ese ciclo y para ayudar a los individuos más vulnerables.

A diferencia del comportamiento procíclico, una política económica contracíclica consiste en ahorrar y reducir el gasto en épocas de bonanza económica, subir los impuestos y las tasas de interés con el objetivo de hacer sostenible el crecimiento.

En épocas de crisis económica, quienes ejecutan este tipo de medidas usan el dinero ahorrado para el gasto público, bajan los impuestos y las tasas de interés y ayudan a los más vulnerables para disminuir el impacto que tiene esa recesión económica.

“Por lo general, los países desarrollados tienen políticas contracíclicas y los países como los nuestros, procíclicas”, expresó Muinelo y señaló que eso responde a que “generalmente en Uruguay hay un mal diseño de la política fiscal”.

Sumado a eso, Muinelo dijo que otro factor que explica este tipo de política fiscal social adoptado por Uruguay, es la dependencia de los mercados de capitales internacionales que tienen los países en vías de desarrollo. “Cuando hay escasez de recursos gastamos menos porque básicamente podemos acceder a menos dinero”, concluyó.

El estudio sugiere que un comportamiento contracíclico de las transferencias sociales “sería efectivo para suavizar la desaceleración macroeconómica y mitigar la reducción de ingresos o el aumento de la pobreza”.

El efecto “voracidad”

Según explicó Muinelo, un factor que explica el comportamiento procíclico de las jubilaciones (la transferencia social más importante) es que están indexadas al Índice Medio de Salarios (IMS) que ha crecido por encima del Índice de Precios del Consumo (IPC), lo que ha llevado a una revalorización de las jubilaciones. Sin embargo, el estudio demostró que si las jubilaciones se ajustaran por IPC y no por IMS, aunque bajarían su comportamiento procíclico, aún mantendrían un “alto grado”. Según Muinelo esto se debe al efecto “voracidad”, es decir, la capacidad de negociación de un colectivo (en este caso los jubilados) frente al gobierno, para poder apropiarse, en términos relativos, de mayores recursos cuando hayan ciclos económicos expansivos.

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