Expertos coinciden en que el país debería hacer una iniciativa similar.

Esta semana, el parlamento argentino aprobará un proyecto de ley de blanqueo de capitales. Para Uruguay tiene efectos positivos y "oportunidades de negocio", según tributaristas. Además, puede servir de ejemplo al país que debería adoptar un camino similar, señalaron.

La propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), alienta la aplicación de estos programas de blanqueo y sugiere diferentes aspectos a tener en cuenta (ver aparte).

El proyecto argentino permite que sus contribuyentes sigan teniendo el dinero o bienes en el exterior, pero declarados en vez de "en negro" (es decir evadiendo tributos). La presión para los argentinos que tienen activos fuera de su país, es que a partir de 2017 su gobierno empezará a recibir datos automáticamente de otros fiscos. Uruguay lo hará a partir de 2018 (ver aparte).

Uruguay es conocido como "la caja chica" de los argentinos. Además de depósitos, tienen inmuebles y otras inversiones. A fin de mayo, los depósitos de no residentes en bancos uruguayos acumulaban US$ 4.471 millones, eso equivale al 14,5% del total de depósitos. Cuando la crisis de 2002, aproximadamente la mitad de los ahorros en bancos era de no residentes.

De esos, US$ 4.471 millones de no residentes, el 72% son de argentinos. Es decir, los argentinos tenían a fin de mayo tenían US$ 3.219,1 millones en bancos uruguayos. A su vez, en 2014 el 28% de la inversión extranjera directa provenía de Argentina, indicó el gerente del Departamento de Impuestos de la consultora CPA Ferrere, Fabián Birnbaum.

¿Qué puede pasar con estos activos una vez que esté el blanqueo?

"Mucha gente va a declarar lo que tiene en Uruguay, pero no va a salir porque no hay obligación de repatriar", dijo a El País el profesor Fiscalidad Internacional y de Derecho Financiero en la Universidad Católica, Leonardo Costa.

En esa línea coincidió el director del Posgrado de Tributación Internacional de la Universidad de Montevideo, Carlos Loaiza. "Puede estimular" el blanqueo de "bienes inmuebles de argentinos en Uruguay" y "podría traer el efecto de plaza limpia, ya que los argentinos pueden mantener sus inmuebles en Uruguay y dormir tranquilos", afirmó a El País. En cuanto a los depósitos, "no parece que vaya a haber una afectación", si bien "algunos argentinos van a sacar dinero para volver a bancos de su país", estimó. Pero actualmente es una porción menor de los depósitos totales (10,4% del total), agregó.

En tanto, el CEO de la gerenciadora argentina de patrimonios FDI —que también tiene presencia en Uruguay—, Mariano Sardáns dijo a El País que "los argentinos que tienen activos en Uruguay los van a declarar, ya que son conscientes (o deberían saber) que el país va a intercambiar datos (fiscales) de forma automática por intermedio del convenio multilateral".

Agregó que "desde nuestro punto de vista, el blanqueo argentino no debería perjudicar en nada a Uruguay".

Para Birnbaum, "el efecto en la economía es difícil de prever porque depende de varias factores. Si esto tiene efecto significaría que las inversiones en Uruguay por parte de argentinos no estaban declaradas y a partir de esta ley se pretenden declarar".

Según Costa, el blanqueo en Argentina genera "oportunidades de negocio en Uruguay para el sector financiero y ni que decir para el inmobiliario". A su juicio, algunos argentinos podrían volcarse a invertir en inmuebles en Uruguay declarando ese bien y "manejando sus cuentas desde acá".

Sardáns aseguró que "lo que está enterrado" en Uruguay "ya está" y "que lo declare no quiere decir que lo saque". Añadió que hay argentinos "que hace años quieren vender sus inmuebles de Punta del Este y no han podido hacerlo al precio que quieren" por lo que seguirán allí.

Para Loaiza puede haber un efecto "indirecto" negativo que es que "en la medida que esto de Argentina es otra acción más dentro del proceso de normalización e inversiones, les permite volver a invertir en su país" y eso implica "un desvío en las inversiones potenciales que podría recibir Uruguay".

Ejemplificó que un argentino que tenga dinero no declarado en una cuenta en Suiza, antes quizás optaba por invertir en Uruguay como opción intermedia y ahora tiene la opción de hacerlo directamente en Argentina.

Respecto a la posibilidad de que Uruguay haga algo similar, los expertos lo ven como una buena idea, si bien el gobierno no ha dicho que vaya a seguir los pasos de Argentina.

"Teniendo en cuenta la proximidad de la aplicación del intercambio automático de información (tributaria y financiera), algunos países han decidido programas para que los contribuyentes regularicen sus situaciones fiscales incumplidas", señaló Birnbaum.

A modo de ejemplo: Brasil implementó la ley 13.254 de enero de este año que "estableció un régimen especial (Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária)", Colombia aplica una "tasa anual creciente, con el objetivo de regularizar la situación de los activos no declarados" y Chile implementó un "programa de declaración voluntaria" que "permitió regularizar aproximadamente US$ 19.000 millones, y recaudar US$ 1.502 millones en impuestos", agregó.

Para Costa "podría ser interesante" que Uruguay hiciera una ley similar, si bien la tasa de 12% con que el IRPF grava a la renta de activos de capital mobiliario de uruguayos en el exterior (los inmuebles no están incluidos) no es tan grande, añadió.

Loaiza coincidió en que "no parece mala idea" y dijo que Uruguay "debería" plantearse una ley similar y junto a ella "dar señales de que la tributación en el exterior va a ser clara". Por ejemplo, con que "el Impuesto al Patrimonio no se va a imponer a los activos de uruguayos el exterior como sí sucedió en Argentina hace algunos años", agregó.

De todas maneras, indicó que "las leyes de blanqueo tienen sus cuestionamientos desde el punto de vista de la justicia tributaria" porque dan un "premio al incumplidor". Pero, "a nivel mundial han sido aceptadas" y Uruguay tiene experiencias parecidas cuando los gobiernos departamentales aplican amnistías a los contribuyentes, añadió.

Para Loaiza es "más complejo" que se produzca una ley así en Uruguay porque "no están las condiciones como en Argentina" donde se expatrió mucho dinero durante el gobierno anterior.

Los uruguayos tenían en bancos ubicados fuera de fronteras US$ 8.221 millones a fin de 2015, según datos del Banco Internacional de Pagos.

La OCDE tiene un documento sobre "programas de divulgación voluntaria (de patrimonio)" conocidos como de blanqueo de capitales. Estos, "complementan el rápido progreso en el intercambio de información y la capacidad de los gobiernos para detectar la evasión fuera de fronteras", afirmó el organismo.

Estos programas "son una parte integral de una estrategia de cumplimiento (tributario) más amplio" y "deben ser considerados como parte de una variedad de acciones de cumplimiento que las administraciones tributarias y los gobiernos toman con el fin de animar a todos los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones", afirmó la OCDE. En el documento, el organismo realiza recomendaciones para su implementación y además detalla los programas vigentes en varios países.

Uruguay se comprometió el año pasado a que a partir de septiembre de 2018 intercambiará información tributaria en forma automática con otros fiscos. Esto implica que la administración extranjera no le requerirá los datos —como ocurre hoy—, sino que la Dirección General Impositiva (DGI) deberá enviar una vez por año la información de las cuentas bancarias de extranjeros en Uruguay.

Así como Uruguay enviará datos, también recibirá en forma automática la información de cuentas de uruguayos en bancos del exterior y tendrá más herramientas para perseguir el IRPF a la renta de capitales mobiliarios.

Pero, además Uruguay firmó el pasado 1° de junio la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal y eso implica que la DGI deberá colaborar con un fisco extranjero cuando este lo solicite y viceversa.

Para adaptarse a ello, el Poder Ejecutivo debe enviar un proyecto de ley que autorice el levantamiento del secreto bancario de no residentes sin autorización judicial previa. En el gobierno está en debate si ese levantamiento sin pasar por la Justicia, también se le da a la DGI para los residentes en Uruguay, según informó El País el pasado 3 de junio. La otra tesis, es la de primero otorgar el levantamiento exprés como pide la normativa internacional para no residentes y luego analizar con más tiempo si también se otorga la posibilidad a la DGI para con los residentes, habían señalado a El País fuentes del gobierno.

Ese debate aún no está resuelto, señalaron ayer a El País fuentes del gobierno y añadieron que será en 2017 cuando se definirá junto a otros aspectos como un proyecto de ley para establecer que la evasión tributaria es delito precedente del lavado de activos.

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