Informe

Los ejemplos para Uruguay de una reforma jubilatoria

¿Qué cambios han realizado los países que enfrentaron este problema?

Uruguay vive etapa donde crece población económicamente activa. Foto: Darwin Borrelli
Uruguay vive etapa donde crece población económicamente activa. Foto: Darwin Borrelli

Uruguay destinó en 2017 US$ 6.630 millones a pagar unas 900.000 jubilaciones. Eso no sería un problema per sé, si los ingresos que se obtienen por aportes personales y patronales e impuestos cubrieran el monto. Pero, el año pasado el Banco de Previsión Social (BPS) necesitó US$ 582 millones extra y la Caja Militar US$ 550 millones (el monto es parecido, pero el BPS paga a casi 700.000 personas, mientras que la Caja Militar paga unas 60.000).

Además, esos déficits vienen en aumento y las otras cajas paraestatales (bancaria, notarial y de profesionales) “son potencialmente deficitarias”, advirtió semanas atrás el socio de CPA Ferrere, Gabriel Oddone.

Otro factor que juega en contra, es el envejecimiento poblacional (las personas viven más y además tienen menos hijos). Eso hace que a futuro haya más pasivos (por ende más gasto) y menos activos (por ende menos ingresos).

Ese cóctel requerirá una reforma de la seguridad social (Uruguay realizó la última en 1996/1997) para que el gasto en pasividades no sea insostenible. Lo que sigue, son ejemplos de qué han realizado al respecto otros países que enfrentaron este problema en los últimos 23 años, según un informe de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensión (FIAP) al que accedió El País. En ese período, 78 países aumentaron la tasa de aportes (personales y patronales) en sus programas de reparto, 55 aumentaron la edad de retiro y 61 ajustaron la fórmula de los beneficios (o redujeron directamente sus beneficios) para disminuir los costos fiscales.

1. La edad de retiro. En Uruguay es la misma para hombres y mujeres: 60 años. De todas maneras, la edad de jubilación promedio en Uruguay está entre 63 y 64 años. Si la expectativa de vida viene en aumento (de ahí en parte el envejecimiento poblacional), pagar jubilaciones por más tiempo y tener trabajadores que aportan menos tiempo del que podrían, supone una presión a las finanzas de las instituciones previsionales.

De ahí que varios países han optado por elevar la edad de retiro como forma de mitigar los efectos del envejecimiento poblacional. Una forma de hacerlo es de una sola vez, como lo hizo Costa Rica en 2016 al pasar de 55 a 60 años. La otra es hacerlo de manera gradual, lo que da más previsibilidad a los trabajadores. Por ejemplo, Australia aprobó una primera suba gradual de 63 a 67 años, entre 2017 y 2023.

En mayo 2014 sancionó otro aumento gradual a 70 años de edad hacia 2026. Otra fórmula es la de Corea del Sur, que en 2013 aprobó un aumento gradual de la edad de retiro de 60 a 65 años desde 2016 hasta 2033, pero con diferencia en la fecha de vigencia: para las empresas privadas con más de 300 empleados y las empresas públicas rige desde enero de 2016 y para el resto de las empresas rige desde 2017.

Un caso diferente es el de Francia, que en 2011 aprobó una reforma por la que elevó de forma gradual: de 60 a 62 años de edad los requeridos para una pensión anticipada reducida y de 65 a 67 años los requeridos para una jubilación normal completa. Además, lo complementó en 2013 con una suba en la cantidad de años de trabajo exigidos.

2. Los años de trabajo. En Uruguay se requieren 30 años de cotización para poder jubilarse tras una flexibilización en 2008 (que los bajó desde los 35 años requeridos previamente y además permitió a las mujeres computar un año de cotización por cada hijo). Elevar los años de cotización requeridos puede ser una forma de desplazar la edad de jubilación, pero expertos como Álvaro Forteza advierten que “la gente de menores ingresos que ha estado en el sector informal mucho tiempo no tendría causal” para jubilarse. Bélgica (sin problemas de informalidad) aumentó de 40 a 41 años de cotización los requeridos para jubilarse desde 2017 y a 42 años en 2019. Otro caso es el de Bulgaria, que elevó gradualmente el requisito de años cotizados “para tener derecho a pensión completa”: de 34 a 37 años (mujeres) y de 37 a 40 años (hombres), con vigencia desde 2016. Francia (que también elevó su edad de retiro), ajustó el requisito de años cotizados para tener derecho a pensión completa en forma gradual de 41,5 a 43 años, desde 2020 hacia 2035.

3. Los aportes personales y patronales. En Uruguay los aportes personales están en 15% y los patronales en 7,5%. Según Forteza “está fuera de discusión porque las tasas son altas en términos comparados”. Algunos países, han optado por este camino. Por ejemplo, Portugal que sufrió una crisis en 2009, elevó en 2014 de 11% a 11,2% la tasa de aporte para todos los trabajadores. Noruega, llevó los aportes desde enero de 2011 de 7,8% a 8,2% (trabajadores) y de 11% a 11,4% (empleadores). Francia lo aprobó en 2013, pero de forma gradual: de 6,75% a 7,05% (trabajadores) y de 8,4% a 8,7% (empleadores), desde 2014 hacia 2017.

4. La tasa de reemplazo y la indexación. En Uruguay la tasa de reemplazo varía en función de la edad a la que decida jubilarse la persona (en el BPS en promedio ronda el 60% aproximadamente del último salario) y cuánto más posterga su retiro, mayor es. Por eso, el promedio de jubilación está entre 63 y 64 años y no en el mínimo requerido de 60. A su vez, la pasividad se ajusta por la variación del Índice Medio de Salarios Nominales (reforma constitucional de 1989 mediante).

Cambiar alguno o ambos parámetros podría ayudar a mitigar la presión sobre el gasto en pasividades. Una posibilidad es bajar la tasa de reemplazo entre los 60 y 63 años, de forma de incentivar la jubilación más tardía, sin tocar la edad mínima. La otra es cambiar la fórmula de ajuste, en vez de salarios que sea por la variación del Índice de Precios del Consumo (IPC), es decir la inflación. Reino Unido cambió desde enero de 2016 el ajuste de las pasividades que pasó a ser por el incremento promedio de los salarios (antes se ajustaban por el crecimiento de los salarios y la inflación, con un incremento mínimo de 2,5% anual).

Australia aprobó en 2014 con vigencia desde 2017 que las pasividades sean indexadas sólo por IPC. Ecuador también pasó a ajustar las jubilaciones por la inflación, pero toma la tasa promedio del año, en vez de la variación anual.

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