TEMA DE ANÁLISIS

Cuando se discute sobre el presupuesto del gobierno se suele mirar los temas vinculados a los rubros del gasto sin considerar de dónde provienen los recursos.

Si bien es claro que estos provienen de todo el resto de la economía, nunca hay una visualización clara al momento de la discusión sobre quién es el que va a pagar esa cuenta y cómo le impactará en su bolsillo.

El reclamo de que los recursos provengan de un aumento en la tasa del impuesto a la renta de las empresas es uno de los casos extremos en los que se da esa ilusión de que no va a restar nada de recursos a las personas físicas.

Además del tema de la incidencia final de los impuestos hay que considerar en estos momentos que la presión fiscal llegó a uno de sus niveles máximos luego del aumento de impuestos solicitado por el gobierno en 2016 y que rigió al año siguiente. Fue un incremento que no se esperaba dado lo propuesto en la campaña electoral y la magnitud del ajuste no fue menor. Los ingresos del sector público registraron un salto de 1% del Producto Interno Bruto (PIB) en poco tiempo.

Los ingresos del gobierno están en los niveles máximos históricos. En ese nivel es que las discusiones presupuestales que se empiezan a vislumbrar, están poniendo arriba de la mesa el tema de la conveniencia o no de aumentar los impuestos para posibilitar mayores gastos. Cuando se llega a estos niveles de presión fiscal, uno de los temas que preocupa al discutir un posible aumento en las tasas es que el efecto no se vuelva en contra y en lugar de dar más espacio fiscal con recursos financieros, lo reduzca.

Este es un aspecto muy importante al que pocas veces se presta atención al momento de solicitar determinadas subas para financiar mayores gastos. En general los mayores gastos que se proponen en Uruguay son corrientes y consisten en otorgar más ingresos a algunos grupos sociales. En esos casos, si se aprueba la partida de dinero, se contribuye a incrementar aún más la rigidez estructural del gasto público.

Por lo tanto, para lograr una neutralidad financiera lo que se debe lograr es que los eventuales impuestos propuestos generen un flujo permanente de recursos que acompañe el flujo corriente de los gastos.

Modificar el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) es uno de los temas en discusión en la actualidad ya que lo piden los sindicatos. La recaudación en los doce meses a abril de 2018 llegó a $ 52.025 millones (equivalente a US$ 2.117 millones). La modalidad del impuesto lleva a que todos los meses las empresas anticipen los pagos y cuatro meses después que termina el año fiscal hagan una liquidación en función de lo que arrojan los balances. Como el grueso de las empresas cierran su ejercicio el 31 de diciembre, la reliquidación fuerte es en abril.

El anticipo se realiza en función de la renta que tuvieron el año anterior. Por lo tanto, cuando la rentabilidad crece ocurre que, en abril de cada año, se producen liquidaciones de IRAE positivas en las que aumenta la recaudación de la Dirección General Impositiva (DGI), ya que las empresas tienen que pagar más impuesto que el que anticiparon. En el sentido contrario, cuando la rentabilidad de las empresas cae estas liquidaciones de abril son más bajas e incluso pueden llegar a ser negativas, generando certificados por los saldos a favor de las compañías.

De acuerdo a los primeros datos globales que proporcionó la DGI, la liquidación de abril de este año fue inferior en términos reales que la de abril del año pasado (-0,23%). No es una caída que denote una recesión, pero si es muy acorde a lo que se está viendo en los indicadores de actividad: la economía ingresó en una fase de estancamiento.

La rentabilidad de las empresas está bajando de acuerdo a los impuestos que pagan. Es un hecho que se suma a la reducción en la cantidad de puestos de trabajo y el estancamiento de las ventas. Este año en particular se va a sumar una catastrófica cosecha de soja que recién está teniendo el primer impacto, que es sobre la cifra exportada. A su vez, estas dificultades que restan dinero al circuito económico van a derramar a la sociedad: primero será en el interior y en las actividades económicas que forman parte de esa cadena de producción, pero luego irá hacia el resto del país.

Con estructuras de gastos rígidas como tenemos en nuestro país, el impacto en primera instancia va hacia la renta de los accionistas de las empresas. Sobre todo en las empresas en las que los precios finales vienen dados por los precios en el resto del mundo.

Una forma de verlo es a través de la evolución de los precios relativos. El PIB es el valor agregado de la economía, es decir la suma de todas las remuneraciones que se generaron, los salarios, las pasividades, los beneficios, las rentas, y más. En el último año en términos nominales el PIB se incrementó 6,8% y en términos reales lo hizo 2,7%. Se desprende de ello que el deflactor implícito, es decir el índice de precios del PIB, aumentó 4% en promedio en 2007.

En dicho año los salarios nominales subieron 9%, por lo que la rentabilidad de las empresas se rezagó frente a la remuneración de los restantes factores, a tono con la recaudación de IRAE.

Si cae la rentabilidad empresarial no solo disminuye la base imponible, y por consiguiente se dificulta alcanzar la recaudación deseada para financiar un gasto creciente, sino que se desalienta la inversión. Lo que resta dinamismo a la economía, con impactos en el empleo y por consiguiente en el consumo y la recaudación.