SITUACIÓN

Empresas públicas habilitadas a cubrirse de riesgos de dólar, petróleo y otros

El Poder Ejecutivo emitió el decreto que reglamenta a la ley que permite a las empresas públicas como UTE, Ancap, Antel y otras a tomar coberturas de riesgo ante disparadas del dólar, petróleo y otros.

Una de las construcciones más altas de Montevideo: la torre de Antel. Foto: Gabriel Rodriguez
Antel. Foto: Gabriel Rodriguez

El gobierno reglamentó un artículo de la ley de Rendición de Cuentas que habilita a la administración central, los entes autónomos y servicios descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado (como Ancap, Antel, OSE, UTE, entre otras) a contratar por compra directa “instrumentos financieros derivados” para “casos de cobertura de riesgos financieros y de mercado que resulten necesarias realizar”.

Este tipo de instrumentos permite cubrirse ante una disparada del precio del dólar o del petróleo por ejemplo.

El decreto justifica que sea por compra directa y no por licitación porque se necesita un “procedimiento ágil y eficiente, maximizando las posibilidades de obtener los mejores términos y resultados económicos de las operaciones”.

Las empresas públicas, podrán contratar estos derivados “directamente con el Banco Central, organismos multilaterales de crédito de los que la República sea miembro, así como las agencias de gobiernos extranjeros”, establece el decreto. De todas maneras, deberá intervenir el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como lo hace en operaciones de endeudamiento de los entes.

También “podrán ser adquiridos en mercados formales de concurrencia” de los que la empresa sea “usuario o afiliado”. Por último, podrán ser adquiridos a instituciones de intermediación financiera, aunque en este caso se deberá invitar a participar a “al menos tres instituciones nacionales o extranjeras con acreditada solvencia financiera”. Para los gastos y pagos derivados de las operaciones de cobertura deberán remitirse todas las actuaciones al Tribunal de Cuentas en los “cinco días hábiles de efectuada la contratación” y el tribunal intervendrá “a posteriori”.

Hay dos entes que contrataron coberturas de este tipo previamente. En 2013 UTE -previo a concretarse el cambio de matriz energética y en momentos que la producción dependía mucho más de las represas - adquirió en acuerdo con el Banco Mundial un seguro por 18 meses que cubría hasta US$ 450 millones de pérdidas por posibles impactos de la sequía, a cambio de US$ 55 millones. Mientras que en 2016 Ancap acordó con la misma entidad una cobertura por un año que resguardaba aproximadamente la mitad de las importaciones de petróleo que preveía hacer (unos seis millones de barriles) y se activaba si el precio promedio del barril de crudo en 12 meses superaba los US$ 55 -lo que nunca ocurrió- a cambio del pago de US$ 15,7 millones.

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