SINDICATO VS. EMPRESAS

La enésima prórroga para una polémica normativa

Es por disposición que fija en 13 los jornales mínimos a pagar en el puerto.

El sindicato dice que se mantiene la "inestabilidad laboral" en el puerto y por eso presentó un reclamo ante la OIT. Foto: Fernando Ponzetto
El sindicato dice que se mantiene la "inestabilidad laboral" en el puerto y por eso presentó un reclamo ante la OIT. Foto: Fernando Ponzetto

El número 13 tiene enfrentados hace varios meses a las empresas portuarias con el sindicato del sector y el gobierno. Es que desde la Rendición de Cuentas votada en 2017 existe una disposición que está en una suerte de limbo, porque fue aprobada pero aún no entró en vigencia por las constantes prórrogas que determinó el Poder Ejecutivo.

El tema en cuestión es la obligación de pagar un mínimo de 13 jornales mensuales a los trabajadores portuarios, aunque cumplan tareas por menos días. Se trata de un reclamo histórico del sindicato que el gobierno aceptó, pero ante las quejas del sector empresarial por el incremento de costos que generará se ha venido postergando su puesta en práctica.

El 1° de abril el Poder Ejecutivo emitió un nuevo decreto que extiende “por última vez” por 120 días (hasta el 28 de agosto) la entrada en vigencia de la norma. “El proceso de diálogo y negociación (tripartita, desde diciembre de 2017) ha registrado algunos avances pero sigue en curso y requiere de un plazo mayor para alcanzar una solución definitiva”, dice el gobierno.

Pero la indefinición del tema preocupa a los empresarios. Así lo hicieron saber al comparecer hace una semana ante la Comisión de Asuntos Laborales del Parlamento. “Todo esto genera una gran incertidumbre en la llegada de buques y en la potencialidad de carga que circula por el puerto de Montevideo”, dijo Guillermo del Cerro, vicepresidente del Centro de Navegación (Cennave).

Explicó que la discusión por los 13 jornales obligatorios se desarrolla en momentos que la “actividad portuaria está por demás deprimida, con empresas que ya están enviando trabajadores al seguro de paro, con seguros de paro rotativos y con agencias marítimas que han cerrado”. Informó que la actividad cayó 25% en el puerto de Montevideo y 30% en Nueva Palmira, la principal terminal granelera del país.

“Hoy, más que nunca, es necesario que desde el sector político se tome conciencia de que poner en vigencia una norma de este estilo, que obliga a pagar jornales sin haberlos trabajado y contratar personal que no se necesita para que realice trabajos eventuales, solo va a hacer empeorar la situación que es crítica”, señaló Del Cerro.

A fines del año pasado se había llegado a un principio de acuerdo entre las partes que negociaban, aunque luego eso no fue aprobado por una asamblea del Cennave. Igualmente, el gobierno mandó un proyecto de ley al Parlamento que establecía: el personal que desempeñe en el mes hasta cinco convocatorias percibirá el pago de los jornales trabajados; los que cumplan tareas entre cinco y nueve días percibirán nueve jornales; y los que desempeñen más de nueve jornales recibirán el pago de 13 como mínimo; a su vez, las empresas estibadoras deberán asegurar 13 jornales como mínimo.

El vicepresidente del Cennave indicó que de aplicarse, la disposición afectará a varias industrias que sacan o traen sus productos por el puerto, por lo que su reclamo tiene el respaldo de otras gremiales. “Empresarios que deberían estar trayendo negocios al país, hoy invierten su tiempo en pedir que no cierren los negocios existentes”, sostuvo y detalló que esto ocurre porque “para los meses venideros no sabemos cuál será el (costo) de los buques que estamos negociando ahora”.

Añadió que “es muy difícil para las empresas socias, las compañías navieras, los exportadores de arroz, de madera en rolos, de chips, los importadores de fertilizantes y las empresas exportadoras de citrus en buques de bodegas refrigeradas, explicar esto (la incertidumbre por la aplicación de los 13 jornales) a sus contrapartes en el mundo”.

Además, Del Cerro dijo que en el sector se “abonan jornales superiores a los laudos” y que no comprende “cómo fue posible que la regulación de convocatoria mínima de trabajo se extrajera de su ámbito natural, los consejos de salarios, donde era regulado con laudos vigentes”, para incorporarlo a través de una resolución del gobierno.

¿Sin salida?

Luego de la delegación empresarial, compareció ante la comisión del Parlamento el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra). Su presidente, Marcelo Briñon, dijo que sigue existiendo “un sector de trabajadores que padece inestabilidad laboral”.

Recordó un convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al que adhirió Uruguay que regula la actividad portuaria y obliga a las empresas a asegurar un porcentaje mínimo de jornales al mes. En febrero el Supra presentó un reclamo contra el Estado uruguayo por incumplir la disposición, que será analizado en la asamblea de la OIT en junio.

El dirigente sindical Carlos Torres señaló que los empresarios no avalaron el preacuerdo porque “en el proceso de la negociación cae un decreto” de 2015 que obligó a pagar los 13 jornales obligatorios para las empresas estibadoras de contenedores (luego declarado nulo por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo), y entonces “vieron la posibilidad de sacar del medio (el tema de los 13 jornales en todo el puerto) y se trancó la negociación”.

El Supra dejó claro que pretenden salir de esto “aprobando el artículo 116 (la disposición original incluida en la Rendición de Cuentas) o lo establecido en el preacuerdo” de diciembre. “El sindicato no está dispuesto a volver a negociar lo ya negociado”, sentenció Briñon.

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Arroceros: “un tiro de gracia”

La delegación del Cennave acudió al Parlamento junto a los gerentes de dos arroceras: Diego Nicola, de Saman y José María Gómez, de Glencore. Este último repasó que el sector atraviesa una “situación crítica” por la falta de mercados y los costos, y de aplicarse los 13 jornales obligatorios en el puerto sería “un tiro de gracia”. Indicó que “el costo de mano de obra de la estiba mínimamente se va a duplicar”, por lo que “quedamos literalmente fuera del negocio”. También advirtió que la estiba en Argentina vale la mitad que en los puertos locales. Por su parte, Nicola expresó que el arroz uruguayo es de “los más caros del mundo” y se llegó a un “límite” en el pasaje de “costos al precio”. Estimó que el incremento de la estiba sería de “US$ 25 por tonelada”.

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