RENTA

El gobierno de Estados Unidos liderado por el presidente Joe Biden propuso a sus socios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) una tasa de “al menos” 15% a la renta empresarial de las multinacionales a nivel mundial, según indicó ayer el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en un comunicado.

La cifra es inferior al 21% que el Tesoro manejó inicialmente y que la OCDE pensaba alcanzar. En el comunicado, se destaca que 15% es “un piso” y que las tratativas continuarán con el objetivo de ser “ambiciosos” y “aumentar esta tasa”. Washington promovió negociaciones en la OCDE para implementar gravámenes sobre los beneficios de las multinacionales que estén armonizados entre los distintos países.

La OCDE espera un acuerdo global de principio para el G20 de Finanzas de los días 9 y 10 de julio, para concretar el mecanismo en una reunión final en octubre. A modo de referencia, en Irlanda rige una tasa de 12,5%, en tanto Francia, Alemania y el Parlamento Europeo son partidarios del 21%, la cifra inicialmente manejada por Washington. El objetivo que persiguen estos países es aumentar la contribución de los gigantes de la tecnología a las arcas públicas. Los señalan de escaparse del pago de impuestos gracias a las diferencias tributarias entre países.

En abril de este año, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró que era importante “poner fin a las presiones de la competencia fiscal” y asegurarse de que los gobiernos “tengan sistemas fiscales estables que generen ingresos suficientes en bienes públicos esenciales y respondan a las crisis”.

En relación a los posibles impactos de esta decisión en Uruguay, El País consultó el pasado 10 de abril a abogados tributaristas al respecto. Para el profesor de Fiscalidad Internacional del postgrado de Especialización Tributaria de la Universidad Católica y socio del estudio Brum/Costa, Leonardo Costa, “todos estos mecanismos por los que se busca proteger la base tributaria de los países de la residencia implican un desafío para los países como Uruguay que deben proteger su base tributaria con mecanismos como reglas candado o normas anti abuso. La mejor política que tiene Uruguay para ello es ampliar aun más su red de convenios para evitar la doble imposición y de esa forma proteger la base tributaria y exigir respeto a esos convenios a los firmantes”.

Por su parte, el director del postgrado de Tributación Internacional de la Universidad de Montevideo, Carlos Loaiza-Keel señaló que “desde el punto de sus niveles de tasas de imposición corporativa, Uruguay está perfectamente alineado a los tipos de la OCDE, lo mismo que en presión fiscal, así que no debería afectarle en lo inmediato. (Con información de AFP)