CONDENADOS

Dos estafas que involucran a un preso y dos policías simulando un vínculo con la DGI

La Justicia resolvió en las últimas semanas sobre dos investigaciones, condenando a personas que realizaron engaños al fisco o se hacían pasar por inspectores.

Hubo 620.471 personas que tuvieron en 2017 ingresos menores al primer nivel de aportación, esto es $ 25.277. Foto: F. Ponzetto
El organismo presentó las denuncias en la Justicia por casos de estafa y defraudación, derivando en la condena de los implicados. Foto: Fernando Ponzetto.

En las últimas semanas la Justicia resolvió sobre dos casos con ribetes particulares que involucraron estafas y defraudación tributaria contra la Dirección General Impositiva (DGI). Por un lado, un preso se hacía pasar por funcionario público, les avisaba a comerciantes sobre supuestas irregularidades detectadas y les pedía dinero a cambio de suspender esas acciones. Por otro, dos policías se hacían pasar por gestoras de DGI y presentaban declaraciones juradas adulteradas a favor del cliente.

En ambos casos la DGI presentó la denuncia y la Justicia terminó dictaminando el procesamiento de los implicados.

Según la resolución del Juzgado de Crimen Organizado -a la que accedió El País-, tramitado por el viejo Código Penal ya que la investigación comenzó en 2017, se comprobó que un preso que cumplía condena en el Penal de Libertad “realizó varios llamados telefónicos a distintos comercios simulando ser funcionario público de algún organismo estatal”, expresando que se había “detectado alguna irregularidad en el comercio” y “a los efectos de su regularización, solicitaba sumas de dinero” a través de redes de cobranza.

En el expediente se relatan algunos casos comprobados en que actuó el ahora procesado por el delito de estafa.

A fines de 2016, llamó desde un celular a una panadería de Paso Carrasco “simulando” ser el alcalde de la zona, diciéndole “que el comercio presentaba irregularidades que podrían ser subsanadas, solicitando para ello un giro de dinero de $ 6.200”. Sin embargo, el comerciante conocía al alcalde y comprobó que “no había sido dicho funcionario que efectuó la llamada”, por lo que no realizó el depósito solicitado.

Cuatro días después, utilizó la misma estrategia al hablar por teléfono con otro dueño de una empresa en Paso Carrasco y le aportó una cédula para que concretara el giro de dinero, aunque tampoco tuvo éxito.

Luego el recluso llamó a una panadería de Maldonado y simuló “ser un inspector de Bromatología de la ciudad de San Carlos, informó que existía una denuncia contra el comercio por intoxicación de una persona solicitándole la suma de $ 8.200 para (suspender) dicho trámite”. El comerciante realizó el giro del dinero en una red de cobranza a nombre de una mujer, cuya cédula proporcionó la persona privada de libertad.

DGI. Foto El País
Dirección General Impositiva. Foto: El País

La sentencia aclara que la mujer en cuestión “había realizado denuncia por extravío de su cédula de identidad” unos días antes.

El otro caso mencionado en el expediente ocurrió al inicio de 2017 cuando se contactó con una empresa de Colonia “simulando ser el encargado de la Unidad Operativa de DGI de dicho departamento, señaló que se había recibido una denuncia por mala facturación de la empresa, por lo que se debía depositar la suma de $ 8.200 a efectos de evitar la puesta en conocimiento (de la irregularidad) de la dependencia ubicada en Montevideo”. Este empresario tampoco llegó a efectuar el giro.

Con estos hechos en conocimiento de la Justicia, a fines de enero de 2017 se dio autorización para “inspeccionar la celda del recluso, lográndose incautar un solo celular, ya que el otro fue arrojado al inodoro cuando la policía intentaba ingresar desatando las cuerdas que impedían abrir la celda”.

Fueron citadas a declarar dos mujeres que efectuaron retiros de dinero a nombre del condenado. Una señaló que el recluso “les había propuesto retirar de las redes de cobranza sumas de dinero, presentando la cédula de identidad de terceras personas”, lo que hicieron para luego entregar esa suma “a la madre del indagado”.

La persona privada de libertad dijo en sede judicial que los hechos no eran ciertos, que el celular “lo podía haber utilizado cualquier recluso, porque a través de una cuerda circulaba por varias celdas”. La resolución de la Justicia sostiene que esta versión “no condice con el resto del material probatorio”.

El fiscal acusó al recluso de “ser autor penalmente responsable de cuatro delitos de estafa, tres de ellos en grado de tentativa”. La defensa del acusado manifestó que “no podía ser responsabilizado por el solo hecho de tener antecedentes por delitos de la misma etiología”.

Pero el juez consideró que “de los hechos relatados” surge que “el indagado encuadra dentro de la hipótesis delictiva que determina el delito de estafa, por cuanto sirviéndose de engaños y estratagemas artificiosos, hizo que los denunciantes le depositaran dinero a través de la red de cobranzas, mintiendo a los mismos al presentarse como funcionario estatal que se encontraba reparando o subsanando irregularidades”.

La Justicia resolvió el mes pasado el procesamiento con prisión del recluso, “como presunto autor penalmente responsable de cuatro delitos de estafa, tres de ellos en grado de tentativa, en régimen de reiteración real”. La sentencia aclaró que el individuo “una vez excarcelado debe quedar a disposición de la presente causa”.

Funcionarias policiales condenadas
DGI: la devolución de impuestos aumentó más que los ingresos. Foto: Fernando Ponzetto

Otro caso tramitado por el viejo Código Penal que tuvo reciente resolución involucró a dos funcionarias policiales que se hacían pasar por gestoras de DGI realizando declaraciones juradas de IRPF agregando datos falsos, lo que posibilitaba la generación de un crédito a favor del contribuyente.

La Justicia recibió la denuncia de la DGI y tras la investigación, condenó a las mujeres como “autoras penalmente responsables de reiterados delitos de defraudación tributaria, a la pena de 24 meses de prisión, la que se cumplirá los primeros seis meses de prisión en arresto domiciliario nocturno y el saldo en régimen de libertad vigilada”. También recibieron la “suspensión de sus derechos políticos y de oficio y cargo público”.

Las advertencias de la DGI

Tiempo atrás ante la aparición de “posibles estafadores”, la DGI había emitido un comunicado donde señalaba que “frente a la aparición de personas haciéndose pasar por funcionarios, que han manifestado comercializar revistas o boletines, o han solicitado pagos en dinero o especies por cualquier otro concepto, se pone en conocimiento que: la DGI no edita material impreso para ser comercializado; ningún funcionario está autorizado a recibir en forma personal suma de dinero alguna, ni valores de cualquier tipo de los contribuyentes; los pagos se hacen solo en los locales de cobranza autorizados y en las dependencias ubicadas en las oficinas de la DGI; todo inspector debe identificarse debidamente y no realiza tarea de cobranza alguna”.

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