CONFLICTIVIDAD SINDICAL

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y la Federación Ancap (Fancap), salieron ayer a exigir que se introduzcan cambios en el proyecto de ley de Presupuesto Quinquenal y en el caso de esta última convocó a un paro general para el próximo martes 13 de octubre.

El sindicato de la petrolera estatal criticó el contenido del proyecto de ley y lo calificó en duros términos al sostener que “es la expresión económica, financiera y política de un proyecto desestatizador, concentrador de la riqueza y el poder, excluyente, clasista y de clara ideología neoliberal”.

Con ese telón de fondo, Fancap resolvió “rechazar enérgicamente” el artículo 307 del proyecto de ley que, a juicio de sus integrantes, “prefigura la entrega total o parcial de las instalaciones e infraestructura logística de Ancap al capital privado” con lo que “se desconoce el pronunciamiento popular en los referéndums de 1992 y 2003”.

Para Fancap, el artículo 307 “representa una burda herramienta de entrega del patrimonio nacional” que fuera rechazado en las mencionadas consultas populares.

Además sostiene que el mismo “podría utilizarse para la entrega de la industria cementera, la distribución de combustibles, plantas y servicios logísticos, el proyecto agroindustrial de ALUR, e incluso, enajenar la infraestructura logística para una futura desmonopolización de los combustibles”.

El sindicato rechaza también artículo 305 de la iniciativa gubernamental “como así también a todas las iniciativas del Poder Ejecutivo que atentan contra la autonomía de Ancap como Ente Autónomo y su rol social y productivo”. El artículo referido es el que habilita al poder Ejecutivo a modificar los precios fijados por Ancap para sus productos no monopolizados.

También se rechaza “rotundamente” la propuesta del Poder Ejecutivo de eliminar el monopolio de Ancap en todos los puertos operados por la Administración Nacional de Puertos”.

Es en este marco que el sindicato de Ancap anuncia que organizará un paro general nacional de 24 horas con movilización de acuerdo a lo resuelto en el marco de la Coordinadora de Sindicatos de Ancap para el próximo 13 de octubre.

Por otra parte, COFE anunció ayer que se ha contactado con el abogado Daniel Ochs quien manifiesta que el artículo 28 del Proyecto de Ley de Presupuesto, el cual cambia el régimen de licencia por enfermedad, “es manifiestamente inconstitucional”.

Un comunicado de la organización anunció que en los próximos días dicho profesional culminará informe donde profundizará sobre el tema el cual será presentado por COFE a la comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, donde está radicado el proyecto de ley de Presupuesto Nacional, y a su tiempo lo hará también ante el Senado de la República.

Bajo el régimen actual, si se enferman los estatales cobran el sueldo entero y sin descuentos. Pero eso cambiará en caso de que se aprueben tal como fueron redactados los artículos 28 a 30 del proyecto de Presupuesto Nacional.

Allí se equipara a los estatales con el sistema que tienen los empleados del sector privado, a quienes -salvo que su empresa defina lo contrario- no se les pagan los tres primeros días de la enfermedad y después el Banco de Previsión Social (BPS) abona solo el 70% del salario.

En concreto, el artículo 28 del proyecto establece que todos los funcionarios presupuestados o contratados -con excepción de los magistrados del Poder Judicial, diplomáticos y funcionarios de entes autónomos y gobiernos departamentales- no tendrán derecho a percibir retribución por un período de hasta tres días de licencia por enfermedad. A partir del cuarto día cobrarán el 70% del sueldo por todo concepto, excluidos los beneficios sociales y antigüedad.

El gobierno decidió el cambio ante la alta cantidad de certificaciones médicas en el Estado. Un fuente oficial explicó a El País días atrás explicó que se busca que los funcionarios “vayan a trabajar” y que el descuento sea un incentivo para que pidan licencia médica los que de verdad la precisan.

Según un relevamiento que realizó la Oficina Nacional del Servicio Civil entre el 7 de agosto pasado y el 3 de setiembre, un total 20.464 empleados públicos recibieron certificación médica por un período mayor a 90 días en dos años (desde el 30 de junio de 2018 al 30 de junio de 2020), según la información de Servicio Civil a la que accedió El País. Se trata del 6,7% de los 301.459 funcionarios públicos.

La cifra real es aún superior debido a que hay 38 incisos que no habían respondido la consulta: en su mayoría son intendencias y juntas departamentales, pero también organismos como el Banco de Previsión Social (BPS), Antel, el Instituto Uruguayo de Meteorología, Poder Judicial, Poder Legislativo y hasta la Universidad de la República.