REGIÓN

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El eterno problema de la economía argentina está de regreso. Luego de la desaceleración registrada en 2020, la inflación trepará este año al 49,8%, según el promedio de las proyecciones de analistas y consultoras recopiladas por el Banco Central. La inercia inflacionaria con la que cerró el año pasado, la abundancia de pesos tras la extraordinaria emisión dispuesta durante la cuarentena para financiar las ayudas de emergencia, el anunciado descongelamiento de las tarifas de servicios públicos y la esperada recomposición de márgenes en actividades que se mantuvieron sin operar durante buena parte del 2020 son algunos de los factores que le colocan un piso alto a los niveles de inflación estimados para este año en Argentina.

“Buena parte de los factores que permitieron una desaceleración de la inflación el año pasado difícilmente se repitan en 2021. El efecto de la cuarentena ya no va a correr, las tarifas tendrán algún ajuste y no hay reservas suficientes en el Banco Central para seguir atrasando el valor del dólar. Eso, sumado a índices que ya rondan el 4% mensual, hace que proyectemos una inflación en torno al 50% para este año”, dijo a El País Gabriel Zelpo, economista de la consultora Seido, en Buenos Aires.

En 2020, la inflación en Argentina se tomó un leve respiro: acumuló el 36,1%, por debajo del 53,8% registrado el año anterior. Por un lado, el derrumbe de la economía -el Producto Interno Bruto (PIB) cayó más del 10%- y el alza del desempleo pusieron freno a los reclamos sindicales para intentar al menos equiparar los salarios con la inflación, lo que enfrió la demanda. A eso se le sumó la decisión del gobierno de mantener sin variaciones los valores de las tarifas del transporte y de servicios públicos como electricidad, gas y agua.

El congelamiento también incluyó a otros rubros, como los alquileres, las cuotas de las empresas de medicina prepaga, los servicios de telefonía, cable e internet, y los peajes. En el caso de los productos de consumo masivo, programas como “Precios Cuidados” mantuvieron sin cambios durante varios meses el valor de más de 300 ítems. Por último, mientras se extendió la cuarentena para intentar evitar la propagación del coronavirus tampoco se movieron los precios de actividades suspendidas como cines, teatros, restaurantes y hoteles.

Algunos de esos frenos empezaron a perder fuerza a medida de que se fueron flexibilizando las restricciones a la movilidad. En el último trimestre del año pasado la inflación promedió el 3,7% mensual, por encima del 2% registrado entre abril y julio. La tendencia al alza se aceleró en diciembre con una inflación del 4%, el índice mensual más alto de 2020.

Si bien el gobierno prevé una inflación del 29% para este año de acuerdo a las metas incluidas en el Presupuesto, la apuesta real es que el índice no supere el 40%. Para eso, una de las claves pasará por impedir una devaluación abrupta del dólar oficial. En esa línea, el objetivo es continuar deslizando el tipo de cambio al ritmo de la inflación.

“Con el precio de los commodities en alza, quizás haya cierto espacio para sostener un incremento controlado del tipo de cambio. El problema es que ese esquema también implica mantener un cepo estricto con restricciones a las importaciones, lo que podría resentir el nivel de actividad”, dijo Juan Pablo Di Iorio, economista de la consultora ACM, en Buenos Aires.

Otra de las anclas para intentar impedir un alza mayor de la inflación pasa por seguir atrasando el valor de las tarifas de servicios públicos, que no se actualizan desde comienzos de 2019. Aunque el Presupuesto establece que el monto de los subsidios con relación al PIB se mantendrá este año en el mismo nivel que en 2020 y eso implicaría ajustar las tarifas de los servicios públicos por encima de la inflación, las necesidades políticas en un año en el que se realizarán elecciones parlamentarias de medio término podrían posponer ese objetivo.

Luego de un discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández a mediados de diciembre en el que pidió alinear la evolución de los salarios y jubilaciones con las tarifas y los precios de los alimentos, el aumento de los servicios públicos que iba a comenzar a implementarse en enero se pospuso, en principio, para marzo.

Además, trascendió que los incrementos no serán superiores a un dígito, lejos de las alzas en torno al 30% necesarias para que no siga aumentando el monto de los subsidios.

“En el caso que las tarifas se ajusten solo un 9% habría un efecto de corto plazo con una inflación más baja que la esperada. Pero postergar ese aumento generará mayores necesidades de financiamiento para cubrir el incremento de los subsidios. Eso se traduciría en un mayor nivel de emisión monetaria, lo que podría impulsar los niveles de inflación más adelante”, dijo Di Iorio.

Por último, el gobierno aspira a mantener los controles y precios máximos en alimentos y bebidas. En los últimos días, pactó rebajas en los valores de diez cortes de carne y el objetivo pasa por alcanzar acuerdos similares con los productores de frutas, verduras e insumos básicos de como trigo y maíz. Por ahora, la suba en los alimentos continúa y, de hecho, es el principal factor por el que las consultoras proyectan una inflación de entre 3,5% y 4% para enero.

“Si bien el gobierno pretende mantener las anclas cambiaria y tarifaria en 2021, le será muy difícil repetir ese esquema porque tiene menos herramientas que el año pasado. El margen fiscal para seguir atrasando las tarifas se achicó y el Banco Central cuenta con menos reservas para controlar al dólar. En ese contexto, el 50% de inflación estimada para este año tiene un riesgo al alza, sobre todo si finalmente se produce un salto cambiario”, dijo Zelpo.