Estado renuncia a un monto, pero no siempre se usa todo.

En casi cinco años —desde que se promovió el primer proyecto—, el Estado aprobó exoneraciones de impuestos por hasta 6.887,5 millones de Unidades Indexadas (UI), unos US$ 842,6 millones actualmente para proyectos de vivienda de interés social. En ese lapso la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) promovió 442 proyectos que suponen 13.363 viviendas. La exoneración supone US$ 63.054 por vivienda.

Esa exoneración es el máximo aprobado para todos los proyectos, pero eso no quiere decir que el Estado efectivamente haya renunciado a recaudar ese monto en casi cinco años. Es que la utilización de la exoneración del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) generalmente no se logra utilizar a pleno. La ley también exonera el Impuesto al Patrimonio y el IVA.

Según los datos de la ANV al 31 de agosto, de los 442 proyectos aprobados "se han iniciado 396 obras pertenecientes a 385 proyectos promovidos (hay proyectos con más de una obra)" lo que supone 10.316 viviendas en construcción. Es decir, que el 87% de los proyectos aprobados inició obras y que se inició la construcción del 77% de las viviendas comprometidas en ellos.

A su vez, hay 243 proyectos que ya han finalizado su construcción, por lo que "el total de viviendas terminadas asciende a 4.429 mientras 5.887 se encuentran en construcción", indicó la ANV. De las 4.429 terminadas, el 66% se ubica en Montevideo (2.956). El departamento que le sigue es Maldonado con 727 inmuebles, luego viene Canelones con 321, Paysandú con 116 y en los otros nueve departamentos donde hay, ninguno llega a 100 viviendas.

En tanto, de 10.118 con obra iniciada o finalizada, el 72% se ubica en Montevideo (7.318). Maldonado es el segundo con 1.591 viviendas, Canelones es el tercero con 372 y Salto el cuarto con 169.

En julio de 2014 el gobierno decidió introducir un tope de precios para el 25% de las unidades construidas bajo este régimen. Ese cambio normativo fue catalogado como "un quiebre" por los constructores de viviendas, que ven como en línea con el estancamiento económico comenzó a disminuir la presentación de proyectos, afectando la oferta en el mercado e impulsando hacia arriba los precios, el efecto contrario al buscado.

Según cifras oficiales reflejadas en la edición de junio de la revista Propiedades —editada por Julio Villamide—, el número de proyectos de viviendas de interés social presentados desde el cambio normativo se ubicó 49% por debajo de la cantidad alcanzada hasta ese momento.

"Congelar el precio del 25% significa que la rentabilidad depende del otro 75%, y eso aumenta mucho los precios y se pierde mercado", había dicho a El País el presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu), Eduardo Steffen.

Precisamente, la Appcu solicitó al Ministerio de Vivienda que revea los topes.

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