Ley no refiere a conflictos comerciales; Unvenu garantizó servicios básicos.

La Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu) —que nuclea a los propietarios de estaciones de servicios— le respondió ayer a la ministra de Industria, Carolina Cosse, que no hay fundamentos para declarar la esencialidad del servicio de combustibles ante el paro anunciado por los empresarios para lunes y martes.

Abogados laboralistas consultados por El País compartieron esa postura, dado que la ley 13.720 (Declaración de Servicios Esenciales) refiere a conflictos laborales y no comerciales como este, que responde a discrepancias de los estacioneros con la paramétrica de precios fijada por Ancap y el nuevo esquema de distribución anunciado días atrás.

El artículo 4 fue el invocado por el gobierno para decretar la esencialidad en otros casos como los servicios de salud o la educación —que fue anunciada, pero no se llegó a aplicar—. Esa norma establece "la ilicitud de la huelga o el lock out" cuando se interrumpan servicios esenciales sean públicos o administrados por particulares.

El abogado laboralista Nelson Larrañaga del estudio Ferrere dijo que la esencialidad "solo se ha aplicado en materia laboral cuando hubo alguna huelga de trabajadores" y nunca en casos como el planteado con los estacioneros. Añadió que no conoce antecedentes de aplicación de la ley de servicios esenciales en conflictos de tipo comercial.

"Aquí lo que hay es un cierre patronal" aunque sea un paro definido en el tiempo, explicó el abogado Santiago Pérez del Castillo —ex ministro de Trabajo entre 2002 y 2005— del Estudio Pérez del Castillo y Asociados. Señaló que el término "lock out" no aplica completamente porque refiere a "cuando una empresa cierra para que los trabajadores no entren" en el contexto de un conflicto laboral.

Pérez del Castillo definió este episodio como "un cierre patronal contra el gobierno por cuestiones comerciales" y lo comparó con el paro de los productos agropecuarios en Argentina contra el gobierno de Cristina Fernández en 2009 por la suba de las retenciones.

Ambos especialistas coincidieron en que el caso es "original" y "novedoso" porque no hay antecedentes similares en el país. Larrañaga indicó que el gobierno podría interpretar de forma ampliada la ley y aplicarla también para conflictos comerciales, pero adelantó que "a mi (esa interpretación) no me surge de leer la norma". Según Pérez del Castillo resolver la esencialidad en base a este argumento "es un apoyo frágil".

El martes previo a la ratificación del paro por parte de la Unvenu, la ministra Cosse había manifestado que se evaluaba la declaración de esencialidad. También indicó que el gobierno iba a analizar los contratos vigentes entre Ancap y las empresas distribuidoras de combustibles, que abastecen a las estaciones de servicio.

El abogado de Ferrere señaló que de haber alguna cláusula en esos contratos que obligue a garantizar la distribución de combustibles sí podría ser usada por el gobierno para levantar el paro. Es que normalmente "se replica en los contratos hacia abajo" esa obligación, es decir que puede estar incluida en el acuerdo entre Ancap y las distribuidoras y estas últimas trasladarla a las estaciones.

Para el asesor legal de la Unvenu, Pablo Donnángelo, declarar la esencialidad sería "una bofetada al sistema democrático de derecho" porque la medida "no tendrá ningún impacto en la vida, salud o seguridad de las personas". Indicó que hacerlo "sería un acto de arbitrariedad" de parte del gobierno.

La Unvenu comunicó ayer en conferencia de prensa que durante el paro suministrará combustible a ambulancias, bomberos, policías, móviles militares y el servicio de rescate marítimo Ades. De esta forma, la medida "no tendrá ningún impacto en la vida, salud o seguridad de las personas", subrayó Donnángelo.

Larrañaga expresó que precisamente la afectación de esos tres aspectos son los mencionados en la normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cuando se habla acerca de los servicios esenciales. En la misma línea, Pérez del Castillo dijo que "la nafta si se aseguran los servicios básicos en principio no estaría comprendida" dentro de la esencialidad.

Consultado por El País acerca de la afectación que la medida puede provocar en el agro, el directivo de la Cámara Uruguaya de Servicios Agrícolas, Juan Maisterra, dijo que "puede complicar porque estamos arrancando la siembra de soja y hay alguna cosecha de colza y trigo". Pero aclaró que los eventuales afectados serían productores o contratistas pequeños, que no tienen capacidad para almacenar el combustible que necesitan para sus maquinas.

"Generalmente se acopia combustible en cisternas de mil litros o más, la mayoría de la gente puede tomar recaudos" ante el paro, agregó Maisterra.

Ancap anunció que aplicará un nuevo sistema para la salida de combustibles fijando tres franjas de precios para los distribuidores. Ellos luego podrán comercializar con un valor libre el producto a las estaciones, que tienen tarifado el precio de venta. Ayer el presidente de Unvenu, Daniel Añón, dijo que con esto "muchas estaciones no pueden seguir funcionando" y "la única solución" para mantener la viabilidad "es el autoservicio" —despacho de combustible por los clientes—. "Si los números no dan, la manera que queda es sacar mano de obra", añadió. Según Cosse el sistema a aplicar desde 2017 favorecerá a las estaciones más pequeñas, hecho que fue refutado por Añón.

MATHÍAS DA SILVA

EL GOBIERNO ESTUDIA LA FORMAMATHÍAS DA SILVA