GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Como un partido de fútbol” en donde por un lado está el equipo económico del gobierno, por otro lado múltiples “gremios y grupos de presión pidiendo más plata” y en la tribuna “sufriendo los contribuyentes y usuarios, sin mucha actuación directa y sin suficiente información”. Así ilustró el panorama sobre el gasto y la gestión pública en Uruguay, el exdirector de la Asesoría Tributaria y Recaudación del Banco de Previsión Social (BPS) Alberto Sayagués quien criticó que “no hay nadie” que defienda al contribuyente frente a “las filtraciones que tiene el gasto público por todos lados”.

La exposición, realizada en el marco de una conferencia organizada por la Academia Nacional de Economía días atrás, tenía como premisa analizar si en Uruguay se puede mejorar el desempeño fiscal y al mismo tiempo la calidad de vida de los contribuyentes.

En este sentido, Sayagués indicó -en base al pensamiento del economista estadounidense y premio Nobel James M. Buchanan- que la solución al problema de la gestión pública ineficiente no radica en seleccionar “gente buena que haga las cosas bien”, sino que “lo mejor es cambiar las reglas de juego” para que funcione de acuerdo al objetivo deseado.

Para entender cómo está conformado el escenario al analizar el gasto público, Sayagués dijo que hay tres partes. Por un lado los grupos de presión y los funcionarios públicos, “cuyos intereses principales suelen radicarse en ganar más y trabajar menos, incrementando su número”, la cúpula política “cuyos intereses pueden ser disminuir el déficit pero también ser reelectos, satisfacer seguidores y familiares, una confusión de intereses públicos y privados”, y por otro lado, el público en general que, a su entender, “es el que menos influye pero es el que paga y el que sufre los problemas de la mala gestión”.

Con el objetivo de demostrar cuánto influye el gasto público en el déficit fiscal que tiene el país actualmente, presentó cifras respecto de la masa salarial de los funcionarios del Estado y señaló que hay alrededor de 400.000 “empleados cuyo salario a fin de mes depende del decisor político”, de los cuales un poco más de 100.000 “dependen además de la decisión política de renovar un contrato por compra directa”, lo que para Sayagués implica “una forma de clientelismo”.

Para revertir la situación, señaló la “necesidad” de que la Oficina Nacional de Servicio Civil “tenga información de todos los 400.000 empleados que están trabajando como si fueran funcionarios” y explicó que el control se puede hacer “muy fácilmente” mediante la cédula de identidad de los trabajadores y la información cruzada de los organismos públicos. “Esta información real nos va a mostrar un tamaño del problema diferente al que dan ciertas estadísticas”, advirtió.

Otras de las filtraciones del gasto público se da en las sociedades anónimas estatales, las que según Sayagués, “sirven para que una persona cobre varios sueldos” dado que “tienen a la vez contratos en dos de las sociedades anónimas del Estado”. Para mejorar esa situación propuso el apareo de cédulas registradas en el BPS y otras cajas, “incluyendo los pagos por honorarios”.

Es que según Sayagués, “todos esos organismos, cuanto más alejados están del centro público, menos control se tiene, mejores ingresos llegan a tener y eso apareja a filtraciones”.

Otra idea propuesta por el contador como forma de mejora fue la posibilidad de que algunas sociedades anónimas estatales puedan salir a bolsa pero indicó que Ducsa (distribuidora de combustibles de Ancap) “es la única empresa interesante”, y señaló que “el resto (de las sociedades estatales) es deprimente”.

En relación a la labor del empleado público, Sayagués manifestó que “en teoría el funcionario existe para la función” pero advirtió que hasta “la propia Constitución prevé que haya dirigentes políticos cuyas motivaciones no sean tan altruistas” dado que entiende que “se patrimonializa al sector público en beneficio de los funcionarios y en perjuicio de la gestión y de los contribuyentes. Hay un desequilibrio básico ahí”, sentenció.

Sobre la cantidad de funcionarios públicos, el contador explicó que “hay un exceso” inclusive en “los sectores excepcionados” como la seguridad, la educación y la salud, criticó el “alto ausentismo laboral” y propuso “unificar los datos e investigar”. A modo de propuesta sugirió modificar el régimen laboral, “hacerlo similar al privado”, pero que el ahorro generado (por esa reducción en la cantidad de funcionarios públicos) “se distribuya entre los funcionarios que sí trabajan”.